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El ICE busca tecnología para analizar videos y reconocer voces en los centros de detención: el plazo federal que ya venció
Con esta plataforma, la agencia federal busca optimizar las operaciones de cumplimiento y bienestar, sin reemplazar la decisión humana
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LA NACION
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) avanzó con una iniciativa para incorporar herramientas de “superinteligencia” (SI) en sus centros de detención. El proyecto contempla reunir en un mismo sistema los registros de llamadas, las comunicaciones digitales y las imágenes de vigilancia para facilitar las tareas de supervisión e investigación.
Cómo funcionará la tecnología que busca incorporar el ICE
El proyecto, identificado como RFI-FY27-SI Powered Communications and Video Intelligence y publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el ICE, está dirigido a las áreas de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) y de la Oficina del Director de Información (OCIO, por sus siglas en inglés).
La plataforma procesará grabaciones de llamadas telefónicas, mensajes, comunicaciones mediante tabletas y visitas por videollamada. Además, identificará idiomas y dialectos, convertirá conversaciones en texto y traducirá el contenido al inglés sin que los operadores tengan que configurar manualmente cada lenguaje.
También incorporará búsquedas por palabras clave, expresiones vinculadas con posibles incidentes y términos cuyo significado pueda cambiar con el tiempo. A partir de esos registros, la herramienta podrá elaborar resúmenes para facilitar el trabajo de los investigadores.
Uno de los componentes centrales será la identificación biométrica por voz, el software podrá construir perfiles a partir de llamadas autorizadas, sin exigir que cada persona participe previamente en una sesión de registro. De esta manera, buscará determinar quién habla, incluso cuando se utilicen códigos PIN, cuentas o dispositivos asociados con otra persona.
El sistema también intentará detectar el uso compartido de credenciales, la participación de terceros durante una conversación, las llamadas con tres participantes y posibles intentos de suplantación de identidad. Los analistas podrán comparar muestras de audio obtenidas con grabaciones almacenadas en distintas instalaciones.
Análisis de cámaras y detección de incidentes en centros de detención
La iniciativa contempla integrar las herramientas de análisis con las cámaras IP y los sistemas de administración de video que ya funcionan en los centros de detención. El objetivo es incorporar nuevas capacidades sin necesidad de sustituir toda la infraestructura instalada.
Entre las funciones solicitadas figuran las alertas por:
- Peleas
- Agresiones
- Concentración de personas
- Caídas
- Inmovilidad prolongada
- Ingresos a sectores restringidos
La plataforma también deberá ayudar a contar automáticamente a las personas presentes en determinadas áreas y comparar esos resultados con los registros oficiales de detenidos.
La conexión entre audio y video permitirá relacionar incidentes, ubicaciones y personas dentro de una misma interfaz. Por ejemplo, ante una alerta surgida de una llamada, los investigadores podrán consultar las imágenes correspondientes al lugar y al período analizado.
El sistema generará cronologías, mapas de relaciones y registros que permitirán consultar la fuente original de cada coincidencia. Los distintos elementos podrán reunirse en expedientes digitales con marcas de tiempo y un historial de acceso y modificaciones.
Qué medidas de privacidad establece la propuesta del DHS
Los requisitos incluyen restricciones para impedir que las comunicaciones protegidas por la ley, como las mantenidas entre una persona detenida y su abogado, ingresen en los procesos de transcripción, traducción o análisis biométrico. La plataforma deberá aplicar reglas para excluir esos registros de los mecanismos de vigilancia.
En el apartado de video, los administradores podrán configurar máscaras de privacidad y zonas donde no se permita procesar imágenes. Además, el acceso a la información estará limitado según las funciones de cada usuario, con autenticación multifactor y cifrado de datos tanto durante la transmisión como en el almacenamiento.
La documentación también prohíbe utilizar la herramienta para clasificar o buscar personas por características correspondientes a categorías protegidas. Todas las consultas, visualizaciones, alertas y modificaciones deberán quedar registradas para facilitar las auditorías.
Las decisiones seguirán bajo responsabilidad humana
Los resultados producidos por el sistema no podrán utilizarse como fundamento único para imponer sanciones disciplinarias, decidir deportaciones o determinar la liberación de una persona. Las alertas y las posibles coincidencias biométricas deberán ser revisadas por personal capacitado antes de cualquier actuación.
En particular, una similitud entre voces no será considerada una identificación definitiva. El sistema deberá mostrar el nivel de confianza de la coincidencia y la calidad del audio para que un operador evalúe si corresponde continuar con la investigación.
El gobierno estadounidense conservará la propiedad de los registros y de la información procesada. Los proveedores tampoco podrán utilizar esos datos para entrenar o mejorar modelos comerciales de inteligencia artificial destinados a otros clientes.
El cronograma oficial fijó el 16 de octubre como límite para recibir preguntas. En tanto, las respuestas finales de los proveedores debían presentarse hasta el 26 de octubre. Ambos plazos ya vencieron, aunque la información oficial no indica si el organismo seleccionó una empresa ni cuándo comenzaría la implementación.
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