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Un juez federal ordena frenar operativos del ICE en California y otros ocho estados hasta después del 3 de noviembre
Los errores administrativos y la información desactualizada podían provocar que personas habilitadas para sufragar fueran investigadas equivocadamente
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LA NACION
Una jueza federal de California ordenó el 21 de octubre restringir determinados operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en su jurisdicción y otros ocho estados de EE.UU., ante el riesgo de intimidación a ciudadanos estadounidenses y el aumento de operaciones migratorias del ICE. La decisión se produce a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Qué ordenó la jueza federal contra los operativos del DHS
La magistrada Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, concedió una medida cautelar preliminar en el caso California Nurses Association v. Mullin, expediente 4:26-cv-10680.
La resolución judicial del 21 de octubre establece dos restricciones principales para las autoridades federales:
- Operativos e interrogatorios: prohíbe realizar investigaciones de campo relacionadas con las elecciones cuando involucren, o puedan involucrar, a personas que los agentes saben, sospechan o deberían razonablemente sospechar que son ciudadanos estadounidenses.
- Uso de registros TECS: impide realizar operativos electorales basados exclusivamente en expedientes generados mediante la política de verificación de elegibilidad electoral contra personas comprendidas en esa misma condición.
La prohibición alcanza a funcionarios, agentes, empleados, abogados y otras personas que actúen en coordinación con los organismos demandados.
La orden está prevista hasta el 3 de noviembre de 2026 a las 20 hs (hora local), hasta el cierre de los centros de votación o hasta que el tribunal disponga otra cosa.
Sin embargo, la propia magistrada suspendió temporalmente su aplicación hasta las 17 hs (hora local) del viernes 23 de octubre, lo que permite al gobierno federal recurrir la decisión antes de que las restricciones comiencen a regir.
Los nueve estados donde la jueza restringe los operativos del DHS
La decisión alcanza a las jurisdicciones donde el DHS había previsto intensificar las investigaciones sobre presuntas irregularidades relacionadas con la elegibilidad electoral. Los nueve estados incluidos son:
- California
- Connecticut
- Georgia
- Missouri
- Nevada
- Nueva York
- Pensilvania
- Washington
- Wisconsin
El 31 de agosto, el organismo federal emitió una directiva interna denominada Surge Initiative Guidance, que instruía a sus agentes a priorizar las entrevistas sobre elegibilidad electoral en esos territorios.
La medida formaba parte de una iniciativa federal denominada Unlawful Voter Initiative, implementada en agosto para identificar posibles casos de inscripción o voto de personas sin ciudadanía estadounidense.
Los operativos estaban a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y se desarrollaban en coordinación con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).
¿Por qué la justicia cuestionó las investigaciones sobre fraude electoral?
La magistrada examinó los procedimientos utilizados por las autoridades federales para identificar a personas sospechosas de haberse registrado o votado sin cumplir los requisitos legales.
Uno de los principales cuestionamientos se centró en la calidad de la información empleada para elaborar las listas de posibles investigados. Según los antecedentes recogidos en la resolución, el sistema utilizaba:
- 48,2 millones de registros recibidos por el DHS de fuentes independientes cuya procedencia fue cuestionada.
- 50,6 millones de registros adicionales proporcionados por el Departamento de Justicia, provenientes de padrones estatales oficiales o bases comerciales utilizadas cuando los estados no compartían su información.
- Un sistema denominado iLab, que integraba datos de distintas plataformas mediante herramientas de inteligencia artificial no identificadas.
- Un procedimiento de revisión acelerada, que exigía a determinados agentes completar al menos 40 revisiones de personas sospechosas, con un máximo de 12 minutos para descartar cada caso.
El tribunal también analizó errores asociados con nombres similares, expedientes incompletos, información desactualizada sobre ciudadanía y equivocaciones administrativas.
De acuerdo con la documentación judicial, las investigaciones podían incluir a ciudadanos naturalizados cuando los datos sugerían que habían votado antes de obtener la nacionalidad estadounidense.
La jueza consideró que las limitaciones de esas bases de datos, sumadas a la rapidez exigida a los agentes, aumentaban el riesgo de identificar erróneamente a personas habilitadas para votar.
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