El Uscis indica que ciertas protecciones de TPS tienen vigencia hasta el 2 de octubre, pero el caso aún está en litigio

La situación migratoria de cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos permanece vinculada al litigio sobre la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Las decisiones judiciales adoptadas durante el proceso modificaron el alcance de las protecciones y establecieron fechas diferentes según el tipo de documentación que tenga cada beneficiario.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó el 28 de enero que la decisión administrativa de poner fin al TPS para Venezuela había excedido la autoridad otorgada por el Congreso. Sin embargo, ese pronunciamiento no modificó inmediatamente la situación de todos los beneficiarios.

Esto se relaciona con una decisión anterior de la Corte Suprema. El 3 de octubre de 2025, el máximo tribunal suspendió una resolución del tribunal de distrito, lo que permitió que la terminación de la designación de TPS de 2023 comenzara a aplicarse.

Por ese motivo, el fallo del Noveno Circuito no significa, por sí solo, que las protecciones hayan quedado restablecidas para todos los venezolanos. En la práctica, continúa vigente la cancelación del programa, aunque determinados documentos mantienen validez hasta el 2 de octubre.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), en el caso de quienes recibieron determinados Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), formularios I-797 o formularios I-94 con vencimiento el 2 de octubre, la protección se mantiene hasta esa fecha. La medida alcanza a permisos emitidos hasta el 5 de febrero de 2025.

La continuidad de esos documentos responde a una orden emitida el 30 de mayo de 2025 por un tribunal federal de California. Mientras tanto, el expediente National TPS Alliance v. Noem continúa en los tribunales.

La fecha del 2 de octubre marca el límite establecido para el grupo de beneficiarios cuyos EAD, I-797 o I-94 reúnen las condiciones fijadas por las órdenes judiciales. Después de ese día, esos documentos dejarán de proporcionar la protección correspondiente.

Las personas que no dispongan de otro estatus migratorio regular o de una alternativa reconocida por las autoridades podrán quedar sujetas a procedimientos de deportación. Por ello, la situación dependerá de si cada beneficiario consigue otra vía antes de que finalice el período de protección.

Existe además una diferencia entre los beneficiarios. Quienes pertenecían a la designación de 2021 y no poseen un EAD o I-94 con vencimiento el 2 de octubre finalizaron sus protecciones y autorizaciones de empleo el 7 de noviembre de 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) plantea la salida voluntaria como una opción para determinados extranjeros que ya no cuentan con protección migratoria. El proceso puede iniciarse mediante la aplicación CBP Home y está dirigido, según la información oficial, a personas sin antecedentes penales que decidan abandonar EE.UU.

Entre los beneficios anunciados figuran el pago del traslado y una asistencia económica de 3000 dólares. También se contempla la eliminación de determinadas multas relacionadas con la permanencia irregular y con incumplimientos de órdenes anteriores de salida.

El mecanismo establece además que, después de presentar la solicitud y completar las verificaciones correspondientes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede retirar temporalmente la prioridad de detención mientras se concreta la salida programada.

El Uscis estableció que tener TPS no impide que una persona pueda buscar otras formas de regularización. Entre las alternativas mencionadas se encuentra el ajuste de estatus para quienes cumplan los requisitos correspondientes a una categoría de residencia permanente.

También existe la posibilidad de analizar una solicitud de asilo. El mantenimiento del TPS puede ser considerado una circunstancia extraordinaria para el cálculo del plazo de un año para presentar el trámite, siempre que ese período venciera antes de obtener la protección temporal.