Estas son las nuevas multas millonarias para migrantes por ignorar las órdenes de deportación

Donald Trump puso en marcha una ofensiva sin precedentes contra migrantes con orden de deportación: emitió multas que alcanzan los US$1,8 millones. La medida, que afecta a 4500 personas, busca forzar salidas voluntarias del país norteamericano bajo su política de “autodeportación”.

Las autoridades informaron que el acumulado de las sanciones de 1,4 millones de migrantes con orden de salida emitida por un juez alcanza un total de US$500 millones. La cifra fue confirmada por un alto funcionario del gobierno que solicitó anonimato a Reuters.

Las sanciones aplican a migrantes con orden final de deportación que no dejaron el país norteamericano cuando se les fue requerido. Las multas pueden acumularse retroactivamente hasta cinco años, a razón de US$998 por día, y se basan en una ley de 1996 activada por Trump en 2018.

Los extranjeros tienen 30 días para apelar las penalizaciones bajo juramento y con pruebas. Las cartas provienen del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) deberá gestionar posibles embargos.

El caso más sorprendente es el de Wendy Ortiz, salvadoreña de 32 años residente en Pensilvania, recibió una multa de US$1,8 millones. Vive hace una década en EE.UU. y trabaja por US$13 la hora en una planta empacadora de carne.

Ortiz escapó de su país por violencia de pareja y amenazas de pandillas, según declaró en una entrevista y documentos migratorios. Tiene un hijo de seis años con autismo, nacido en Estados Unidos, y afirma que no puede afrontar el monto. “No es justo. ¿De dónde va a sacar alguien tanto dinero?”, relató.

Ortiz cruzó la frontera en 2015 y fue liberada para solicitar asilo después de que un oficial determinó que tenía “temor creíble” de persecución. Según relató la salvadoreña a Reuters, nunca recibió una notificación de audiencia migratoria y fue deportada in absentia en 2018.

El 8 de enero, su abogada Rosina Stambaugh pidió al gobierno alivio humanitario, bajo el argumento de que Ortiz enfrenta peligros en El Salvador y que su hijo perdería acceso a terapias para el autismo. La petición solicitaba “discreción procesal” y la reapertura de su caso. Sin embargo, cuando Trump regresó a la Casa Blanca, todo cambió.

“Ella es madre de un niño autista, sin antecedentes penales, y el gobierno conoce su historia”, dijo Stambaugh. Añadió que solicitó una prórroga de 30 días y evalúa medidas legales.

Reuters consultó a ocho abogados de inmigración que reportaron sanciones entre miles de dólares y el límite máximo recibido por Ortiz. Robert Scott, magistrado en Nueva York, confirmó que su clienta mexicana también recibió una multa de US$1,8 millones.

La mujer vivió 25 años en EE.UU. sin saber que tenía una orden de deportación desde 2013. Scott aseguró que la mujer había presentado una moción para reabrir su caso en 2024. Dijo que aún estaba en trámite cuando le llegó la multa.

“Al principio piensas que es falso. Nunca había visto algo así”, explicó. “No se ha escondido. Es curioso que la elijan. No sé si es al azar o si es un blanco fácil”, agregó Scott.

Rosa, ciudadana estadounidense en Nueva York, denunció que multaron con US$5000 a su esposo hondureño. El hombre había recibido salida voluntaria en 2018, pero no viajó por el diagnóstico de cáncer de su esposa.

Abogados señalaron que también recibieron penalizaciones personas casadas con ciudadanos estadounidenses. “Es una cosa tras otra. Este proceso nos ha costado tanto dinero”, declaró Rosa. Espera que las autoridades reconsideren la sanción cuando presenten su justificación.

En abril, Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que los migrantes deben irse por su cuenta. La política de “autodeportación” es uno de los pilares de la estrategia de Trump.

Sin embargo, no está claro cómo se ejecutarán las multas ni qué bienes podrá confiscar el gobierno en caso de realizar embargos. Los expertos advierten que podría haber litigios prolongados y resistencia legal.