La Corte Suprema es clara: se podría reactivar el TPS para miles de venezolanos, pero habrá que esperar una fecha clave

La incertidumbre se mantiene entre los venezolanos beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Desde el 6 de noviembre hay una suspensión administrativa de 14 días del fallo del Tribunal de Distrito Norte de California que declaraba como ilegal la cancelación del beneficio. Pasado ese tiempo, se podría reactivar el beneficio, pero no de forma automática.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió su más reciente fallo sobre el TPS el pasado 3 de noviembre. En su decisión, concedió a la administración Trump una suspensión administrativa de 14 días de la sentencia emitida por el Tribunal de Distrito del Norte de California, cuyo plazo comenzó a correr el 6 de noviembre.

“La Corte establecerá un calendario acelerado para la presentación de alegatos sobre el fondo del asunto mediante una orden separada”, cita el escrito.

Con este fallo, la posibilidad de restablecer el TPS quedó suspendida, al menos hasta el 20 de noviembre, día que se cumple el plazo establecido por la Corte.

Durante ese período, el Estado podría presentar una solicitud de intervención ante la Corte Suprema para intentar evitar la reactivación de las protecciones.

Pasada la suspensión administrativa de 14 días, existe la posibilidad de que el TPS sea restablecido para los venezolanos si no se otorga una nueva extensión del bloqueo.

Sin embargo, abogados advierten que la decisión judicial no protegerá a los titulares de TPS que hayan salido del territorio estadounidense y que la reactivación del beneficio no será automática. “No va a ser un proceso sencillo”, dijo el abogado de inmigración, Julio Henriquez, a Telemundo Houston.

De igual modo, organizaciones como la Nacional TPS Alliance (Alianza Nacional del TPS, en español) señalan que la única solución ante estos continuos giros judiciales es que el Congreso de EE.UU. apruebe una ley que les garantice la residencia permanente.

En medio del litigio legal, los venezolanos más perjudicados son aquellos cuyo único estatus migratorio es el TPS. Según el abogado de inmigración Jesús Reyes, de no contar con otro estatus legal, quedan expuestos a procedimientos de deportación y pierden la autorización de empleo vinculada a este beneficio.

Con respecto a las personas que contaban con el beneficio y habían solicitado el asilo, Reyes señala que el proceso puede continuar su curso, lo que les permitiría explorar otras alternativas migratorias.

“En función de cada caso, los solicitantes podrían mantener o solicitar un permiso de trabajo basado en su asilo pendiente”, explicó en diálogo con LA NACION.