La nueva regla del DHS que reduce de 30 a 10 días el plazo para responder antes de perder el estatus de refugiado

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una regla final provisional que reduce drásticamente de 30 a 10 días el plazo legal para que los refugiados respondan a una Notificación de Intención de Terminación (NOIT) de su estatus. La medida busca acelerar la revocación de la protección otorgada a extranjeros cuando las autoridades determinen que no cumplían con la definición legal de refugiado al momento de su admisión a Estados Unidos.

La regla final interina, confirmada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) mediante un documento oficial, reduce de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados para responder a la notificación. Según las autoridades, los cambios tienen como objetivo “restaurar la integridad del sistema de inmigración y mitigar riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública, y prevenir el fraude y explotación”.

El DHS sostuvo que las políticas operativas de la administración anterior priorizaron el volumen y la rapidez de las admisiones sobre la calidad de las evaluaciones.

En ese sentido, el gobierno afirma que este enfoque ocasionó que se aprobaran casos sin verificaciones exhaustivas de identidad, con la omisión de preguntas clave sobre antecedentes de violencia, vínculos con grupos armados o violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, las autoridades federales señalaron que la creación del Centro de Verificación del Uscis y el despliegue de iniciativas de fiscalización como la Operación PARRIS sacaron a la luz “irregularidades sustanciales en miles de expedientes”.

Entre las anomalías detectadas figuran la omisión de afiliaciones a organizaciones calificadas como terroristas, la falsificación de lazos familiares y declaraciones contradictorias sobre el historial personal.

El gobierno sostiene que otorgar un plazo extendido de 30 días permitía que personas inelegibles o que representan un riesgo potencial continuaran disfrutando indebidamente de la residencia y de beneficios en territorio estadounidense.

Bajo la enmienda aprobada para la sección 8 CFR 207.9 del Código de Regulaciones Federales, el periodo de respuesta de 10 días se contabiliza a partir de la fecha de emisión y entrega formal de la NOIT.

En este proceso, todos los días del calendario son contados, aunque si el vencimiento cae en fin de semana o feriado federal, la fecha límite se traslada al siguiente día hábil.

Cuando la notificación se realiza por correo expreso, se suman tres días adicionales conforme a la norma 8 CFR 103.8(b), lo que resulta en un total efectivo de 13 días para enviar la respuesta.

Dentro de este margen, el extranjero notificado tiene el derecho de presentar evidencias escritas para refutar los señalamientos o solicitar formalmente una entrevista oral ante el Uscis.

Si el refugiado no responde ni solicita la audiencia en el plazo fijado, pierde automáticamente el derecho a rebatir las acusaciones y las autoridades proceden de inmediato a la cancelación de su estatus.

La resolución de cancelación emitida por la agencia no cuenta con recurso de apelación administrativa. Esto deriva en la revocación automática de la autorización de empleo y en la remisión del individuo a procesos formales de deportación.

La medida impacta de forma directa a los refugiados que residen en Estados Unidos y que aún no ajustaron su condición a la de residentes permanentes legales (LPR). Los datos oficiales citados en el documento indican que existen cerca de 186 mil casos de refugiados admitidos entre los años fiscales 2015 y 2025 que permanecen bajo este estatus provisional y podrían estar sujetos a revisiones de antecedentes.

La pérdida del estatus trae consigo la terminación inmediata de la autorización de empleo (EAD), lo que recorta en al menos 20 días la capacidad de los afectados para trabajar legalmente mientras se resuelve su expediente.

Si bien el DHS sostiene que la norma mantiene canales para que los refugiados legítimos presenten sus alegatos, la reducción del tiempo para recopilar pruebas documentales o conseguir representación legal representa un desafío operativo significativo para los notificados, con menos tiempo para reunir documentos y conseguir asesoramiento legal.

Para aquellos cuyo estatus sea revocado, el marco legal contempla que podrán solicitar otras formas de protección o alivio migratorio exclusivamente ante un juez de inmigración durante el juicio de remoción.