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La nueva regla del Uscis para revocar la nacionalidad estadounidense de inmigrantes naturalizados
En medio de un aumento récord de demandas federales, la agencia federal reorganizó sus criterios
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LA NACION
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificó sus criterios para remitir casos de desnaturalización. La guía contempla situaciones de fraude, obtención ilegal de la ciudadanía, delitos graves y amenazas a la seguridad nacional.
Qué situaciones pueden llevar a la pérdida de la ciudadanía estadounidense
El Uscis actualizó el 14 de septiembre sus procedimientos para identificar y remitir casos en los que podría solicitarse la revocación de la ciudadanía estadounidense obtenida mediante naturalización. La modificación está contenida en la alerta de política PA-2026-13 y tiene aplicación inmediata.
La desnaturalización no significa que la agencia pueda quitar directamente la ciudadanía. El Uscis analiza los antecedentes y, cuando corresponde, remite el expediente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para que el caso sea llevado ante un tribunal federal.
La Sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) contempla como una de las principales causas la obtención ilegal de la naturalización. Esto ocurre cuando una persona no reunía alguno de los requisitos exigidos al momento de convertirse en ciudadana, como residencia continua, presencia física, admisión legal como residente permanente o buen carácter moral.
Otra causal está relacionada con el ocultamiento deliberado de información o la falsificación de datos relevantes. Las irregularidades pueden encontrarse en el formulario N-400, durante la entrevista de naturalización o en documentos presentados ante las autoridades.
La normativa también contempla determinadas situaciones vinculadas con el servicio militar y la afiliación a organizaciones prohibidas durante los cinco años posteriores a la naturalización. En estos casos, la existencia de una causal debe ser evaluada dentro del procedimiento correspondiente.
Los casos que el Uscis busca priorizar
La nueva guía establece categorías para ordenar las remisiones, entre ellas aparecen:
- Investigaciones relacionadas con terrorismo, espionaje y exportación ilegal de tecnología sensible.
- Casos vinculados con tortura, genocidio, crímenes de guerra o reclutamiento de menores para conflictos armados.
- También se incluyen integrantes o colaboradores de carteles, pandillas y organizaciones criminales transnacionales.
- En materia de delitos, la prioridad abarca condenas graves que no fueron declaradas, delitos sexuales, tráfico de personas y determinados fraudes financieros, incluidos algunos relacionados con programas públicos.
La lista incorpora además posibles fraudes de identidad, reclamos falsos de ciudadanía, participación ilegal en elecciones federales antes de la naturalización y matrimonios fraudulentos utilizados para obtener beneficios migratorios.
Cómo puede comenzar una revisión de la ciudadanía
De acuerdo con la información oficial, el Uscis puede detectar posibles irregularidades durante la evaluación de trámites posteriores. Por ejemplo, cuando analiza una petición familiar mediante el formulario I-130 o una solicitud relacionada el N-600, puede revisar si la persona que obtuvo la ciudadanía cumplió los requisitos legales para hacerlo.
La agencia también utiliza registros migratorios, sistemas de detección de fraude y bases históricas de huellas dactilares. Entre las herramientas mencionadas se encuentra el proyecto Historical Fingerprint Enrollment, relacionado con la denominada Operación Janus, que permite comparar registros antiguos con información migratoria.
Sin embargo, la revisión administrativa no equivale a una revocación. Para una desnaturalización civil, el gobierno debe acudir a un tribunal federal y demostrar que se cumplen los requisitos legales y probatorios establecidos.
Qué ocurre después de una posible desnaturalización
En la vía civil prevista por la INA, el DOJ debe demostrar el caso mediante evidencia clara, convincente e inequívoca. Este procedimiento no tiene un plazo general de prescripción, por lo que pueden analizarse procesos de naturalización realizados años o incluso décadas atrás.
Existe además una vía penal bajo el 18 U.S.C. § 1425, que requiere una condena y un estándar de prueba de más allá de toda duda razonable. En este supuesto existe un período de prescripción de diez años.
Si un tribunal determina que corresponde revocar la ciudadanía, el efecto se remonta a la fecha original de naturalización. La decisión también puede generar una revisión de beneficios migratorios obtenidos por otras personas mediante el ciudadano desnaturalizado.
El aumento de demandas durante 2026
A comienzos de agosto del año en curso, el Departamento de Justicia anunció 25 nuevas demandas civiles contra personas acusadas de irregularidades que incluían delitos graves, abuso de menores y suplantación de identidad. Con ese grupo, el número de demandas civiles presentadas desde el 20 de enero de 2025 llegó a 123, según los datos incluidos en la información oficial.
El incremento se relacionó con una directiva del DOJ emitida en junio del año pasado, que estableció la desnaturalización como una prioridad de cumplimiento civil. A esto se sumaron nuevas revisiones de registros históricos y mecanismos de detección de posibles fraudes.
Los datos también indicaron que cerca del 66,27% de las demandas civiles se fundamentaron en la obtención ilegal de la naturalización o en el ocultamiento de hechos materiales y falsificaciones deliberadas. Entre los expedientes aparecen casos relacionados con identidades falsas y antecedentes penales que no fueron declarados durante el proceso de ciudadanía.
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