Latinos demandan a Marco Rubio tras la suspensión de sus visas que ya habían sidp aprobadas

Un grupo de profesionales latinoamericanos, entre ellos cinco colombianos, llevó a los tribunales al gobierno de Estados Unidos por la suspensión de miles de trámites migratorios que ya estaban en su etapa final. La demanda cuestiona una política impulsada durante la administración de Donald Trump y ejecutada por el Departamento de Estado bajo la conducción de Marco Rubio, que dejó en pausa la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.

De acuerdo con información del National Immigration Law Center (NILC), el litigio, identificado como CLINIC v. Rubio, fue presentado el 2 de febrero de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La acción judicial apunta directamente contra el Departamento de Estado y contra el secretario de Estado, Marco Rubio, por la suspensión generalizada del procesamiento de visas de inmigrante para personas provenientes de 75 países.

La demanda fue impulsada por varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas National Immigration Law Center (NILC), Democracy Forward, The Legal Aid Society-New York, Western Center on Law & Poverty, Center for Constitutional Rights, Colombo & Hurd, además de Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) y African Communities Together (ACT).

Los demandantes sostienen que la medida constituye una prohibición basada en la nacionalidad que restringe la inmigración legal y modifica, sin autorización del Congreso, la forma en que se evalúan las solicitudes de residencia permanente.

Actualmente, el caso permanece en trámite y el tribunal debe resolver una serie de mociones de juicio sumario parcial que determinarán si la política implementada por el gobierno es compatible con la legislación federal estadounidense.

Según la documentación judicial presentada en el caso, el origen de la controversia se remonta a finales de 2025. El 6 de noviembre de ese año, el Departamento de Estado emitió una directiva interna conocida como “Consular Processing Cable”, que amplió los criterios utilizados para determinar si un inmigrante podía convertirse en una “carga pública”.

La nueva interpretación instruyó a los funcionarios consulares a considerar como elementos negativos distintas formas de asistencia social, incluso ayudas indirectas, programas de bienestar o apoyo proveniente de organizaciones benéficas.

La situación se profundizó el 14 de enero de 2026, cuando el gobierno anunció una suspensión indefinida de la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La medida entró en vigor el 21 de ese mes y afectó a casi la mitad de todos los solicitantes a nivel mundial.

La justificación oficial fue que los ciudadanos de esos países presentaban un supuesto alto riesgo de depender de programas de asistencia pública financiados por el Estado.

Sin embargo, la demanda sostiene que ese argumento carece de sustento. Los demandantes afirman que la mayoría de los inmigrantes que obtienen una visa no pueden acceder a beneficios económicos durante varios años después de llegar a Estados Unidos y recuerdan que son contribuyentes que aportan a las economías locales, estatales y federales.

Uno de los aspectos del caso es la presencia de cinco colombianos entre los once demandantes individuales. Todos son profesionales altamente calificados cuyas solicitudes migratorias ya habían sido aprobadas por las autoridades estadounidenses, pero quedaron suspendidas en la fase consular final.

Entre ellos se encuentran:

• Fernando Lizcano Losada, endocrinólogo con más de tres décadas de trayectoria en investigación y práctica clínica.
• Juan David Buitrago Cagua, ingeniero especializado en sistemas solares fotovoltaicos y almacenamiento energético.
• Mayra Alejandra Alcendra Moscote, especialista en finanzas, regulación energética y gestión de proyectos vinculados a los sectores minero y petrolero.
• Andrés Alfonso Medina Ramírez, arquitecto especializado en infraestructura y gestión pública, cuyo proyecto estaba enfocado en promover viviendas sostenibles y resistentes a fenómenos climáticos para comunidades vulnerables en Estados Unidos.
• Lina Margarita Angulo Peñaranda, arquitecta y diseñadora de interiores con más de veinte años de experiencia profesional.

La defensa del gobierno rechaza los planteos y busca que el caso sea desestimado. Los abogados del Departamento de Estado argumentan que la suspensión no constituye una decisión definitiva, sino una actualización administrativa del procesamiento de visas.

También sostienen que las decisiones de los funcionarios consulares forman parte de la soberanía nacional y, por lo tanto, tienen un alcance limitado para ser revisadas por los tribunales.

Asimismo, alegan que la medida está vinculada a asuntos de política exterior y seguridad nacional, por lo que no requería un proceso previo de participación pública.