Ley Orlin para migrantes: qué padres y cuidadores quedarían protegidos del ICE si se aprueba el proyecto

La Ley Orlin es un proyecto presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que busca modificar la manera en que las autoridades migratorias actúan cuando una persona detenida tiene hijos dependientes o está a cargo de su cuidado. La iniciativa propone nuevas protecciones para evitar separaciones durante procedimientos y establece una serie de obligaciones para las autoridades.

Según el texto del proyecto, la protección no alcanzaría a cualquier persona detenida por cuestiones migratorias, sino a quienes sean considerados “covered parent” o padre protegido.

De acuerdo con la definición incluida en la iniciativa, esa categoría comprendería a un extranjero que sea padre de un hijo dependiente que se encuentre físicamente en Estados Unidos.

La definición de padre es amplia. El proyecto establece que quedarían comprendidos:

• Padres biológicos.
• Padres adoptivos.
• Adultos reconocidos como padres por la legislación de otro país cuyos derechos parentales no hayan sido terminados.
• Tutores legales reconocidos por la legislación estatal o extranjera.
• Familiares que ejerzan funciones de cuidado (“kin caregiver”).

También define como hijo dependiente a los menores de 18 años y a las personas que, por una discapacidad física, médica o mental, no puedan mantenerse por sí mismas. Estos conceptos delimitan quiénes podrían acceder a las protecciones previstas en la propuesta.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, uno de los principios que inspira la iniciativa es que la unidad familiar debe ser considerada un beneficio humanitario significativo al momento de evaluar el uso del permiso temporal (“parole”) contemplado en la legislación migratoria.

Uno de los cambios más importantes que propone la Ley Orlin afecta directamente la posibilidad de mantener detenidos a padres o cuidadores. El proyecto establece que, dentro de las dos horas posteriores a un operativo y antes de cualquier traslado a un centro de detención, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deberá preguntar si la persona tiene hijos dependientes y dejar constancia de esa respuesta.

Si las autoridades determinan que la persona cumple con la definición de padre protegido, la regla general sería su liberación. Solo podría permanecer detenida si un juez de inmigración concluye, mediante pruebas claras y convincentes, que representa un riesgo individualizado para la seguridad de otra persona o de la comunidad y que ese riesgo no puede reducirse mediante un programa de supervisión.

Cuando sí exista ese riesgo específico, el proyecto dispone que el DHS deberá optar por la alternativa menos restrictiva posible, lo que puede incluir programas comunitarios de supervisión antes que la detención tradicional.

La propuesta incorpora una serie de garantías para quienes permanezcan detenidos pese a cumplir con la definición de padre protegido. Según el proyecto, esas personas podrían realizar llamadas telefónicas gratuitas para organizar el cuidado de sus hijos antes de cualquier traslado, incluso cuando exista una preparación para la deportación.

Además, tendrían derecho a:

• Organizar visitas presenciales periódicas con sus hijos.
• Realizar llamadas telefónicas y videollamadas diarias sin costo.
• Comunicarse confidencialmente con abogados, tribunales de familia, agencias de protección infantil y familiares.
• Participar en procesos judiciales relacionados con la custodia de sus hijos.
• Cumplir órdenes emitidas por tribunales de familia o agencias de bienestar infantil.
• Gestionar pasaportes y otros documentos de viaje para los menores.
• Acceder gratuitamente a un notario público cuando sea necesario formalizar documentación relacionada con los hijos.
• Obtener tiempo suficiente para reunir certificados de nacimiento, historiales médicos, registros escolares y otros documentos necesarios antes de una eventual deportación.

La propuesta también introduce cambios para los casos en que exista una orden definitiva de deportación. El DHS tendría la obligación de informar verbalmente y por escrito, en el idioma preferido del padre protegido, que puede solicitar ser expulsado junto con sus hijos dependientes hacia el mismo país.

El texto aclara expresamente que cualquier solicitud de este tipo deberá realizarse de forma voluntaria y que ninguna petición obtenida bajo presión o coerción podrá producir efectos.

Además, la iniciativa prevé mecanismos para facilitar la reunificación familiar cuando las autoridades no hayan respetado las protecciones previstas en la ley.

Si un padre fue deportado sin que se cumplieran esas garantías y su hijo permaneció en Estados Unidos, el DHS debería facilitar la reunificación en territorio estadounidense, en un entorno comunitario y con los costos cubiertos por el Gobierno, siempre que el padre desee ese reencuentro.

En un comunicado difundido por la oficina de la congresista Pramila Jayapal, la legisladora explicó que el proyecto recibe el nombre de Orlin Hernández Reyes, un niño de tres años que murió después de que su madre fuera deportada y él quedara al cuidado de un tío que posteriormente lo asesinó.

Según la representante, la madre había pedido al ICE que permitiera que el niño fuera deportado junto con ella. En ese mismo comunicado, Jayapal sostuvo: “Nunca habrá justicia para su familia porque no podemos traer de vuelta a Orlin. Pero sí podemos exigir, en su memoria, que esto no vuelva a suceder y garantizar que los hijos de inmigrantes estén protegidos y que las familias inmigrantes permanezcan unidas”.