“Melt ICE”: de qué trata el proyecto que busca dar un freno definitivo a las detenciones migratorias en USA

Un nuevo proyecto presentado en enero en la Cámara de Representantes de Estados Unidos propone una reforma al sistema migratorio federal de los últimos años. La iniciativa, conocida como Melt ICE Act, no solo busca poner fin a la detención de inmigrantes y al monitoreo electrónico, sino también modificar múltiples disposiciones de la legislación vigente para redirigir esos recursos hacia programas comunitarios y servicios sociales.

El proyecto de ley H.R. 7190, denominado Melt ICE Act, tiene como objetivo eliminar la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para detener y monitorear a inmigrantes, además de redirigir el financiamiento destinado a esas tareas hacia programas de asistencia administrados por organizaciones comunitarias.

Según el texto del proyecto de ley, la medida establece que, dentro de los seis meses posteriores a su eventual entrada en vigor, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional deberá liberar bajo reconocimiento personal a cualquier persona no ciudadana que permanezca detenida por esa agencia.

Al mismo tiempo, la iniciativa elimina distintas disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que actualmente autorizan la detención de inmigrantes durante diferentes etapas del proceso migratorio.

La propuesta también contempla la derogación de normas vinculadas con la detención de personas sujetas a órdenes de deportación, modifica facultades otorgadas a los oficiales migratorios y elimina distintas disposiciones aprobadas durante la década de 1990 relacionadas con la cooperación entre agencias federales, estatales y locales para la aplicación de las leyes migratorias.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa apunta a los contratos que mantiene el Departamento de Seguridad Nacional con empresas y organizaciones que administran centros de detención o programas de monitoreo.

El proyecto establece dos plazos distintos:

• En un máximo de dos años desde la promulgación, el Departamento de Seguridad Nacional deberá cancelar todos los contratos existentes relacionados con centros de detención migratoria y programas de monitoreo.
• A partir de ese mismo plazo, ningún fondo federal podrá destinarse a nuevos contratos vinculados con instalaciones de detención o sistemas de monitoreo para inmigrantes.

La propuesta también aborda específicamente el uso de tobilleras electrónicas. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional tendría un mes para presentar un plan destinado a retirar todos esos dispositivos y un plazo máximo de seis meses para completar el proceso.

Otro de los cambios previstos consiste en eliminar el financiamiento federal destinado a programas de intercambio de información entre el Departamento de Seguridad Nacional y agencias policiales estatales o locales cuando esos mecanismos tengan como finalidad identificar inmigrantes para hacer cumplir las leyes migratorias.

Asimismo, el proyecto impide que determinados fondos asignados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puedan utilizarse para actividades de control migratorio civil, como arrestos, detenciones, deportaciones o la emisión de documentos para iniciar procedimientos migratorios.

Además de modificar el sistema de aplicación de las leyes migratorias, la iniciativa crea un programa federal de subvenciones administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el texto del proyecto, ese programa deberá implementarse dentro de los 90 días posteriores a la aprobación de la ley y estará destinado a organizaciones comunitarias sin fines de lucro que no participen ni hayan participado anteriormente en actividades de control migratorio o aplicación de normas de este tipo.

Los fondos podrán utilizarse para brindar distintos servicios a personas afectadas por la aplicación de las leyes migratorias, entre ellos:

• asistencia para vivienda;
• atención de salud mental;
• acceso a servicios médicos;
• apoyo económico y laboral;
• clases de inglés;
• asistencia educativa;
• ayuda legal en materia migratoria.

En un acto celebrado el 23 de julio, la congresista demócrata Delia Ramirez volvió a pedir la aprobación de H.R. 7190 junto con organizaciones defensoras de inmigrantes y personas afectadas por el sistema de detención. La iniciativa había sido presentada formalmente en la Cámara seis meses antes, el 21 de enero.

La convocatoria se realizó después de varias muertes relacionadas con operativos o con la custodia del ICE en Maine, Texas y Florida. En su comunicado, la oficina de Ramirez describió 2025 como el año más letal para las personas bajo custodia migratoria en más de dos décadas y afirmó que 2026 se encaminaba a superar ese registro.

En sus declaraciones, la legisladora afirmó: “Hoy decimos que llegó el momento de derretir a ICE y poner fin a la era de ICE. Cada demócrata que sostiene que es inaceptable que el Departamento de Seguridad Nacional aterrorice a nuestras comunidades debe actuar y convertirse en copatrocinador de mi H.R. 7190, The Melt ICE Act, para terminar con la detención, interrumpir la aplicación de las leyes migratorias y redirigir el financiamiento hacia servicios comunitarios”.

El comunicado agrega que, pese a que más de 50 integrantes del Congreso de Estados Unidos manifestaron anteriormente su apoyo a la abolición o desmantelamiento de ICE, solo 13 legisladores se incorporaron formalmente como copatrocinadores del proyecto al momento de su presentación. Desde enero a julio, el proyecto solo tuvo un movimiento en comités.