Reactivan el TPS para miles de inmigrantes en EE.UU., pero el Uscis aún no aclara fechas de vigencia para el EAD

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos ucranianos que viven en Estados Unidos continúa vigente, aunque todavía no se conocen las nuevas fechas oficiales que regirán el programa. La falta de una actualización definitiva del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) genera incertidumbre sobre la documentación que deben presentar los beneficiarios para acreditar su derecho a trabajar.

“Se hará un anuncio sobre el TPS de Ucrania en el momento apropiado. Hasta que se haga dicho anuncio, los ucranianos presentes en EE.UU. bajo el TPS mantienen su protección, incluida la autorización de empleo”, anunció el Uscis en su sitio web.

La designación alcanza a unos 101.200 ciudadanos de Ucrania, sujetos al requisito de residencia establecido para esta categoría migratoria desde 2023. Según la información disponible en el sitio web del Uscis, el período de extensión anterior tenía como fecha límite el 19 de octubre.

Ante la ausencia de una comunicación definitiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la situación queda sujeta a las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Uno de los principales interrogantes está relacionado con el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). La fecha impresa en la tarjeta puede no coincidir con la vigencia que corresponde por una extensión legal, lo que podría generar dificultades al momento de acreditar el permiso ante un empleador.

Anteriormente, una notificación del Registro Federal había previsto una extensión automática de determinados documentos de autorización laboral hasta el 19 de abril. Sin embargo, debido a las prórrogas posteriores, la vigencia se mantuvo hasta el 19 de octubre.

Una vez cumplido ese período y ante la falta de nuevas fechas oficiales, es necesario distinguir entre los plazos consignados en los documentos y las disposiciones que puedan extender su validez.

Los beneficiarios ucranianos deben consultar las comunicaciones oficiales antes de tomar decisiones sobre su situación migratoria. El sitio web del Uscis, en su sección dedicada al TPS, es una de las fuentes institucionales para conocer las actualizaciones sobre la designación, la reinscripción y la documentación laboral.

La incertidumbre también afecta a las empresas que deben verificar la autorización de sus trabajadores. El formulario I-9 se utiliza para comprobar la identidad y la elegibilidad laboral de quienes son contratados en EE.UU., por lo que las extensiones de los EAD pueden requerir anotaciones específicas.

De acuerdo con información previa del Uscis, los empleadores pueden registrar la leyenda “Extendido según anuncio del DHS” en el apartado de información adicional del formulario, cuando corresponda aplicar ese procedimiento. La verificación debe realizarse conforme a las reglas vigentes y a los avisos oficiales aplicables.

Asimismo, las empresas no deben exigir documentos adicionales ni comprobantes de reinscripción que excedan los requisitos establecidos para la verificación laboral. Mientras se esperan nuevas precisiones, tanto los trabajadores como los empleadores necesitan identificar qué disposiciones se encuentran vigentes y qué documentación resulta válida en cada caso.

Esta situación para los ciudadanos ucranianos presenta similitudes con la de los beneficiarios salvadoreños del TPS. La designación para El Salvador tenía como fecha límite el 9 de septiembre y la falta de una decisión oportuna puso en duda la continuidad de la protección para unos 200.000 beneficiarios.

En ambos casos, la diferencia entre la vigencia legal de las autorizaciones y las fechas impresas en las tarjetas EAD puede generar inconvenientes en los procesos de contratación y en los sistemas de verificación laboral, incluido E-Verify.

La sección 244 de la INA regula las designaciones del TPS y los procedimientos para determinar su continuidad. Entre sus disposiciones figura la obligación de que el DHS evalúe las condiciones del país correspondiente y comunique su decisión con al menos 60 días de anticipación al vencimiento previsto.

Cuando no se publica una determinación dentro del plazo establecido, la normativa contempla una prórroga automática de seis meses. Durante ese período, los beneficiarios mantienen la protección frente a la deportación y la autorización laboral, de acuerdo con las condiciones legales aplicables.

Por otra parte, una decisión de cancelar el programa debe comunicarse mediante una publicación en el Registro Federal y respetar el plazo legal correspondiente antes de entrar en vigor. La falta de una resolución definitiva, por sí sola, no equivale a una cancelación inmediata de las protecciones.