Un abogado de inmigración responde: ¿Un agente del ICE puede arrestar extranjeros en hospitales?

La eliminación en 2025 de la política federal de Estados Unidos sobre “lugares protegidos” modificó las condiciones para detenciones en hospitales, escuelas e iglesias. Sin embargo, un especialista explicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene facultades ilimitadas y que el tipo de espacio, las órdenes disponibles y las decisiones judiciales pueden determinar qué acciones están permitidas.

El ICE incrementó sus operaciones durante el segundo gobierno de Donald Trump y amplió las modalidades utilizadas para localizar y detener migrantes. Entre ellas aparecen controles de tránsito, arrestos en espacios públicos y actuaciones coordinadas con policías estatales y locales.

Ante este escenario, una de las preguntas que reciben los abogados de inmigración es si un hospital aún es un lugar donde una persona puede estar protegida. “Actualmente no existe una prohibición federal general que impida al ICE realizar arrestos en una iglesia, una escuela o un hospital, por el solo hecho de estar allí”, explicó el abogado experto en inmigración Héctor Quiroga a Univision.

En enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dejó sin efecto la política que identificaba determinados establecimientos como “lugares protegidos” para las acciones de aplicación de las leyes migratorias. La medida incluía hospitales, escuelas y lugares de culto.

Quiroga señaló que la desaparición de esa política no implica que los agentes puedan actuar sin restricciones. “La autoridad sigue estando limitada por la Constitución, la ley federal de inmigración, las características del lugar en el que se encuentran y las órdenes judiciales que estén vigentes”, aseguró.

Recientemente, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE.UU. ratificó una prohibición judicial preliminar que frena temporalmente los operativos de control migratorio del ICE dentro de ciertas iglesias en California. Sin embargo, esta protección no ampara a todos los templos, sino de manera exclusiva a los ocho recintos religiosos que forman parte de la demanda judicial en Sacramento.

Uno de los puntos centrales es distinguir entre un lugar público y una zona privada. La posibilidad de detener a una persona no significa necesariamente que un agente tenga autorización para ingresar al sitio donde se encuentra para localizarla.

“Una orden administrativa emitida por el DHS o el ICE no tiene automáticamente el mismo alcance que una orden judicial emitida por un juez federal”, aclaró Quiroga a Univision. Por eso, antes de determinar si un ingreso es válido, es necesario conocer quién emitió la orden, contra quién está dirigida y qué acciones autoriza.

La colaboración de policías locales mediante acuerdos 287(g) puede ampliar determinadas funciones migratorias de los agentes participantes. Sin embargo, esos convenios tampoco convierten a las fuerzas locales en autoridades con facultades ilimitadas.

“Las facultades dependen de la delegación concreta y deben ejercerse dentro del marco constitucional y legal correspondiente”, aseguró el abogado.

El panorama de arrestos cambió durante julio. De acuerdo con Associated Press, el ICE registró 49.571 detenciones, el número mensual más elevado durante el segundo mandato de Donald Trump.

La cifra superó en 15% los arrestos de junio y fue 70% superior a los registrados en febrero. Texas y Florida concentraron casi 20.000 de esas detenciones.

Además, las agencias estatales y locales vinculadas mediante acuerdos 287(g) participaron en unos 6500 arrestos, cerca del 13% del total. Más de la mitad de las personas detenidas no tenían condenas ni cargos penales activos, según la agencia.

Los operativos también se trasladaron a espacios públicos. Entre las prácticas mencionadas aparecen controles vehiculares iniciados por infracciones como conducir sin licencia, tener etiquetas vencidas o utilizar vidrios con un nivel de polarización no permitido.

Según lo aportado en febrero por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Los Ángeles y en Berkeley, los arrestos en la vía pública aumentaron 11 veces frente a los últimos meses del gobierno de Joe Biden. Las detenciones de personas sin condenas o cargos penales se multiplicaron por siete.