La ley impulsada en Nueva Jersey que obligaría a desglosar todas las tarifas ocultas en contratos de alquiler

En Nueva Jersey, la fiscal general Jennifer Davenport encabeza una coalición que solicita al gobierno federal establecer regulaciones que obligarían a desglosar todas las tarifas ocultas en los contratos de alquiler. Las autoridades de otros 27 estados se sumaron a la medida, que busca combatir los cargos “engañosos” en el mercado de bienes raíces.

Con Davenport a la cabeza, la coalición de fiscales generales respaldó el proceso de reglamentación iniciado por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) para abordar prácticas de tarifas injustas o engañosas en el mercado de viviendas de alquiler a nivel nacional.

La regla podría incluir cambios como:

• Exposición del alquiler total real: obligaría a los proveedores de vivienda a mostrar desde el inicio el precio total del alquiler, en lo que deberían figurar de manera clara todos los cargos y tarifas obligatorios. Esto evitaría que el costo de la vivienda se infle con montos ocultos que no aparecen en la publicidad inicial.
• Regulación en todo el ciclo del contrato: la normativa tendría efecto durante toda la relación entre inquilino y propietario, al cubrir desde la solicitud inicial hasta el proceso de mudanza o desocupación de la vivienda.
• Transparencia en las condiciones de los cobros: exigiría claridad absoluta sobre el propósito, la cantidad y la naturaleza de cada tarifa. Específicamente, se debería informar si los pagos son opcionales o reembolsables.
• Capacidad de sanción y recuperación de dinero: permitiría a la agencia imponer sanciones civiles (multas monetarias) directas a los infractores. Además, facilitaría que la FTC obtenga reembolsos para devolver el dinero a los consumidores que hayan sido víctimas de cobros engañosos.

“Para muchísimos residentes de Nueva Jersey, la vivienda es excesivamente cara. El estado tiene uno de los mercados de alquiler más caros del país, y cuando los propietarios imponen cargos fraudulentos, resulta aún más difícil para las familias conseguir una vivienda asequible y para los propietarios honestos competir“, declaró Davenport en el comunicado de prensa.

De acuerdo con el documento oficial publicado en el Registro Federal, las autoridades identificaron ciertos problemas en el mercado inmobiliario:

• Falta de transparencia en los precios: los consumidores frecuentemente enfrentan una brecha significativa entre la “renta base” anunciada y el costo total real. Esto dificulta la comparación de precios y afecta el presupuesto de los inquilinos, muchos de los cuales ya destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler.
• Proliferación de cargos obligatorios: se identificaron numerosos pagos por conceptos como mantenimiento de áreas comunes, basura, tecnología, mascotas y estacionamiento, que a menudo no se revelan hasta el momento de firmar el contrato o en la primera factura.
• Costos de solicitud y depósitos: los inquilinos pagan gastos de solicitud y reserva significativos, a menudo sin saber si la unidad está realmente disponible. Además, existen problemas recurrentes con la retención indebida de depósitos de seguridad por desgaste normal o daños preexistentes.

A principios de año, los legisladores de Illinois aprobaron el proyecto HB 3564, conocido como Ley de Transparencia y Equidad en las Tarifas de Alquiler. La medida es un antecedente del esfuerzo en conjunto de los 27 fiscales generales, ya que establece que cualquier pago obligatorio vinculado al alquiler deberá figurar de manera visible en la primera página del contrato.

Además, esos importes tendrán que ser informados previamente en los avisos de publicación de la propiedad o mediante enlaces accesibles al momento de promocionar la vivienda.

Según la regla propuesta, si un cargo no aparece en la portada del acuerdo de arrendamiento, el inquilino no estará obligado legalmente a abonarlo. A su vez, se exigirá aclarar si los servicios públicos, como agua, electricidad o gas, están incluidos dentro del precio mensual de la renta.

La propuesta, aprobada en ambas cámaras, fue enviada al despacho del gobernador JB Pritzker, aunque aún no la firmó.