Hochul responde al zar de la frontera Tom Homan: “Nueva York entregó 1600 criminales convictos al ICE”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respondió el 9 de junio a las declaraciones del zar de la frontera de la administración Trump, Tom Homan, quien había prometido enviar al estado una cantidad sin precedentes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Durante una conferencia en Albany, la mandataria defendió las nuevas medidas aprobadas en el presupuesto ejecutivo del año fiscal 2027 y afirmó que Nueva York ya colaboró con la entrega de más de 1600 personas condenadas por delitos al organismo federal.

Hochul respondió a los comentarios de Tom Homan sobre un eventual aumento de la presencia de agentes migratorios en Nueva York y afirmó que le resultó positivo escuchar que el funcionario no permitiría una situación similar a la ocurrida en Minneapolis.

Al referirse a ese punto, recordó una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que una de las lecciones de Minneapolis fue que el gobierno federal no actuaría en lugares donde no fuera “bienvenido” o “invitado”.

Según relató, el mandatario le dijo que no iría a Nueva York a menos que ella se lo pidiera. La gobernadora respondió que no piensa hacerlo y llamó a “dejar de lado la retórica” para concentrarse en las tareas de seguridad y en “hacer el trabajo”.

A su vez, la líder demócrata sostuvo que las disposiciones incorporadas al presupuesto estatal buscan resguardar a comunidades como Syracuse frente a lo que considera excesos en la actuación de las autoridades migratorias. Al mismo tiempo, remarcó que esas normas mantienen la coordinación entre las fuerzas de seguridad locales y el gobierno federal cuando se trata de personas condenadas por delitos.

Según explicó, los departamentos policiales deben colaborar con el organismo federal para retirar de las comunidades a quienes hayan cometido crímenes. “Esto es lo que el presidente Trump dijo que haría: perseguir a los peores de los peores, y eso es lo que estamos dispuestos a apoyar”, expresó.

La funcionaria comentó que cuando una persona es sentenciada a prisión y cumple su condena, Nueva York facilita la intervención de las autoridades federales. En ese contexto, afirmó que ya envió “más de 1600 personas” y que el estado contactó al ICE para informar que se trataba de individuos que “cometieron un delito”, eran “criminales convictos” y podían ser transferidos.

Sin embargo, diferenció esos casos de las actuaciones dirigidas contra residentes que desarrollan su vida cotidiana sin cometer delitos. En ese sentido, señaló que las protecciones incorporadas a la normativa estatal no buscan impedir la cooperación en materia criminal, sino evitar acciones contra “la gente común” que vive en Nueva York.

En esa línea, señaló que los recursos de los gobiernos locales no deberían destinarse a tareas de control migratorio civil. Argumentó que la agencia federal dispone de presupuesto y personal suficientes para desarrollar esas funciones, mientras que la policía local debe concentrarse en la seguridad de sus jurisdicciones.

La mandataria defendió las protecciones incluidas en el presupuesto del año fiscal 2027, orientadas a limitar determinadas intervenciones vinculadas con la aplicación de leyes migratorias. Entre las acciones destacadas mencionó:

• Salvaguarda de lugares sensibles frente a operativos de control migratorio civil.
• Restricciones para actuaciones en sitios de culto.
• Restricciones para actuaciones en escuelas.
• Restricciones para actuaciones en centros de votación.
• Mecanismos para exigir responsabilidades a funcionarios federales que violen la Constitución.

Además, explicó que quieren asegurarse de decirle al ICE que no quieren que sus oficiales “entren en lugares sensibles, como sitios de culto, escuelas y centros de votación”. Asimismo, consideró que los funcionarios que participan en esos operativos “no deberían estar aterrorizando a las comunidades usando máscaras”, porque esa práctica resulta intimidante y amenazante.

Para justificar las medidas impulsadas por su administración, Hochul relató encuentros con familias afectadas por procedimientos migratorios y sostuvo que se trata de historias de “vidas inocentes”.

Entre los casos que mencionó, recordó a la familia de un hombre que fue enviado fuera del país norteamericano después de caminar hacia una tienda Home Depot junto a su hijo. También habló de una madre cuyo hijo fue detenido cuando se dirigía a una iglesia.

Además, se refirió a un padre que pasó ocho meses en un centro de detención y describió esas condiciones como “infernales”. A esos ejemplos sumó el de un joven del sur del estado que fue deportado poco antes de graduarse de la escuela secundaria, pese a que estaba por recibir altos honores académicos, y que fue enviado a un país que “ni siquiera conocía”.

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