Los sheriffs de Nueva York contra Hochul: la nueva demanda por la prohibición de colaborar con el ICE

Recientemente, 15 sheriffs de Nueva York acudieron a un tribunal federal para cuestionar la legislación estatal que restringe la colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La demanda fue presentada el 25 de agosto y señala como responsables a la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James.

El conflicto gira en torno a la Local Cops, Local Crimes Act, incorporada al presupuesto estatal y aprobada el 27 de mayo. La norma estableció que las autoridades locales no pueden suscribir, renovar ni conservar convenios de cooperación en materia de inmigración civil, incluidos los acuerdos contemplados bajo el programa 287(g). Los arreglos vigentes quedaron sin efecto el 25 de agosto.

La ley también contempló que los contratos mediante los cuales las cárceles locales alojan a personas detenidas por infracciones migratorias civiles sean cancelados antes del 25 de noviembre. De acuerdo con los demandantes, estas disposiciones afectan acuerdos que habían sido establecidos previamente entre los condados y las autoridades federales.

“Eso no es ‘policías locales, delitos locales’. Es una anulación política a nivel estatal del juicio de seguridad pública de los condados, seguida de una investigación coactiva hacia los funcionarios”, redactó el abogado Mateo Forero-Norena, en representación de los sheriffs, en la demanda.

El paquete legislativo también creó la Oficina de Confianza del Inmigrante (OIT, por sus siglas en inglés) dentro de la estructura de la Fiscalía General. Esta oficina tiene facultades para investigar el cumplimiento de la prohibición, emitir citaciones, inspeccionar cárceles, entrevistar detenidos y promover acciones civiles contra las agencias que no respeten las restricciones.

Los demandantes sostuvieron que el estado de Nueva York no puede determinar de manera general cómo deben administrar las cárceles de sus condados ni impedirles decidir si cooperan voluntariamente con el gobierno federal. Según el reclamo, la normativa afecta las atribuciones de funcionarios elegidos directamente por los votantes y entra en conflicto con disposiciones federales relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

“Los sheriffs de los condados de Nueva York son oficiales constitucionales elegidos de manera independiente. No son subordinados ni agentes de la gobernadora ni de la fiscal general”, señaló Forero-Norena. Además, el letrado manifestó que “poseen la autoridad para emitir su propio juicio sobre si participar y cómo participar en el marco cooperativo que el Congreso creó”.

Además, cuestionaron que Nueva York pueda dejar sin efecto acuerdos existentes con organismos federales. Según su planteo, esa intervención afecta contratos celebrados con el ICE y con el Servicio de Sheriffs de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés).

Los alguaciles sostuvieron que la legislación estatal entra en contradicción con distintas normas federales sobre inmigración. Su argumento es que el Congreso habilitó mecanismos para que las autoridades locales colaboren voluntariamente con el gobierno federal.

También plantearon una cuestión vinculada con la Décima Enmienda y la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno. En su interpretación, Nueva York no puede obligar a funcionarios locales independientes a impedir determinados objetivos federales en un área que corresponde a las autoridades federales.

Los demandantes afirmaron, además, que la prohibición puede generar consecuencias económicas para los condados. Entre ellas mencionaron la posibilidad de perder recursos federales vinculados con el Programa Estatal de Asistencia para Extranjeros Delincuentes (SCAAP, por sus siglas en inglés) y Operation Stonegarden, destinados a compensar determinados costos penitenciarios y respaldar tareas de seguridad.