Mamdani presiona a Amazon: la nueva ley de Nueva York que busca proteger a los repartidores

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó la Ley de Protección de Entregas, una iniciativa que busca modificar el sistema de subcontratación utilizado por grandes empresas de distribución como Amazon. El proyecto contempla empleo directo, licencias para centros de última milla, capacitación y sanciones económicas.

Según el proyecto de ley, las grandes corporaciones fijan rutas, objetivos de productividad y condiciones operativas, pero no asumen la condición de empleadores de los conductores.

La iniciativa, impulsada por la concejala Tiffany L. Cabán, propone modificar ese esquema y establecer que las compañías que administran determinadas instalaciones de última milla/kilómetro contraten directamente al personal que realiza tareas de reparto y almacenamiento.

Entre las disposiciones previstas figura:

• La creación de requisitos específicos para los centros de distribución de última milla/kilómetro.
• Las instalaciones alcanzadas deberían contar con una licencia bajo supervisión del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) y cumplir determinadas condiciones relacionadas con seguridad y relaciones laborales.
• El proyecto también establece capacitación obligatoria para los repartidores, con un mínimo de seis horas. Los contenidos incluirían conducción defensiva, protección de peatones y derechos laborales.
• Además, incorpora disposiciones destinadas a impedir represalias contra empleados que ejerzan derechos contemplados por la legislación.

Mamdani sostuvo que la expansión de los centros de entrega coincidió con un deterioro de indicadores de seguridad vial en distintas zonas. Datos citados por su administración señalaron que, en determinadas áreas próximas a instalaciones de Amazon y FedEx, los accidentes con personas heridas aumentaron hasta un 53%.

“Esta ley es una regulación de sentido común que protege a los repartidores, salvaguarda las comunidades donde operan estas instalaciones y garantiza que las corporaciones que se benefician del trabajo de los empleados sean responsables de las consecuencias de sus prácticas comerciales”, dijo el alcalde en un comunicado. “Los neoyorquinos no deberían verse obligados a subvencionar las ganancias corporativas con calles menos seguras y empleos más precarios”, aseguró.

El proyecto contempla sanciones económicas para los operadores que incumplan sus obligaciones. La falta de contratación directa de trabajadores de almacén o reparto podría generar una multa de US$1000 por día por cada infracción.

La misma suma diaria podría aplicarse ante incumplimientos vinculados con los registros, las certificaciones de identificación en uniformes y vehículos o la constitución de determinados fondos de garantía. La propuesta también establece compensaciones para los trabajadores.

En caso de incumplimiento del aviso de 30 días ante una terminación laboral, se contempla el pago equivalente a ese período salarial y una suma adicional de US$500 por cada día de demora. Las represalias que no impliquen despido podrían generar el pago de salarios y beneficios perdidos más US$500.

“Las personas que hacen que estas empresas funcionen merecen dignidad, estabilidad y un lugar de trabajo seguro”, señaló Mamdani. “Es hora de acabar con el modelo de subcontratación que antepone las ganancias a las personas y construir una economía que funcione para los trabajadores neoyorquinos”, agregó.

Cuando exista un patrón de infracciones, el comisionado del DCWP podría suspender o retirar la licencia de una instalación. El proyecto considera como patrón determinadas cantidades de incumplimientos acumulados dentro de períodos establecidos.

Además, cuando un repartidor permanezca bajo una modalidad que no implique contratación directa dentro de las excepciones previstas, el operador tendría que constituir una fianza de US$500 mil por trabajador destinada a cubrir posibles obligaciones derivadas de incidentes viales.

La administración de Mamdani ya había intervenido sobre otras obligaciones de Amazon. Según el comunicado, la ciudad recuperó US$9 millones correspondientes a multas pendientes relacionadas con vehículos que permanecían encendidos mientras estaban detenidos.

Amazon cuestionó la propuesta y sostuvo que afectaría a más de 40 empresas locales que funcionan como Delivery Service Partners (DSP). De acuerdo con la compañía, esos negocios emplean a más de 5000 personas en Nueva York.

“Los DSP son pequeños empresarios locales que toman sus propias decisiones sobre contratación, vehículos, capacidad y distribución de rutas, aprovechando la experiencia logística de Amazon para construir negocios escalables”, afirmó la empresa. “En Nueva York, los DSP reflejan la diversidad y el espíritu emprendedor de la ciudad: el 25% pertenece a empresarios afroamericanos o hispanos”, señaló.

Amazon sostuvo además que sus repartidores asociados reciben, desde enero de 2025, un promedio cercano a US$24 por hora, junto con cobertura médica para trabajadores de tiempo completo y vacaciones pagadas por encima del mínimo establecido por la ciudad.

La compañía también advirtió que la aprobación de la iniciativa podría llevarla a evaluar el traslado de determinadas operaciones fuera de Nueva York.

Por el momento, la Ley de Protección de Entregas todavía no fue aprobada por el Concejo Municipal. Según los registros del Concejo Municipal, el proyecto figura como “Laid Over in Committee”, es decir, permanece pendiente de tratamiento en comisión y todavía no comenzó el plazo para su implementación.