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Nueva York dice adiós a US$75 mil millones que esperaba recaudar de las petroleras por daño climático
Un tribunal resolvió que la norma estatal de 2024 quedó desplazada por la legislación federal; el fallo llegó tras una impugnación de un grupo de fiscales generales republicanos y de cámaras empresarias
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Una jueza federal resolvió que el estado de Nueva York no puede aplicar la ley sancionada en 2024 que obligaba a las grandes compañías de combustibles fósiles a aportar 75.000 millones de dólares a lo largo de 25 años a un fondo destinado a pagar los daños provocados por el cambio climático.
Revés judicial para el estado de Nueva York
El bloque de la ley fue dispuesto por la jueza federal Brenda Sannes, titular del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Nueva York, con sede en Syracuse.
El tribunal concluyó que la medida estatal fue desplazada por la ley federal. Es decir, que el Congreso de Estados Unidos ya ocupó ese terreno regulatorio y un estado no puede legislar por encima.
La norma, conocida como Climate Change Superfund Act (que se podría traducir al español como “Ley de Superfondos para el Cambio Climático”), establecía que las empresas debían aportar 3.000 millones de dólares por año a partir de 2028, con un reparto de la carga calculado según sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2000 y 2018, según Reuters.
La decisión de la justicia que afecta a Nueva York
El Departamento de Justicia de Estados Unidos celebró el fallo en un comunicado oficial en el que señaló que el tribunal resolvió que el estado de Nueva York no puede imponer responsabilidad objetiva a las compañías energéticas por su presunta contribución a las emisiones globales.
Del lado de los impugnantes se alinearon 22 fiscales generales republicanos de otros estados y entidades del sector privado, entre ellas la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Grupos ambientalistas reaccionaron con dureza y reclamaron una apelación.
“La oficina de la gobernadora Kathy Hochul está revisando la decisión para determinar los posibles próximos pasos”, dijo Ken Lovett, asesor principal de comunicaciones para energía y ambiente del estado.
Cassidy DiPaola, directora de comunicaciones de la campaña Make Polluters Pay, sostuvo que la decisión de un tribunal federal de distrito “no obliga a otros estados ni les impide aprobar sus propias leyes”, y pidió al estado “combatir” la resolución.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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