Oficial y confirmado para inquilinos: cambios en la vivienda anunciados por el alcalde de Nueva York

Una nueva vía rápida de la Corte de Vivienda de Nueva York permitirá acelerar los casos más urgentes relacionados con edificios en malas condiciones. La medida fue aprobada por la Corte Civil de la ciudad y entró en vigor el 16 de julio. Luego, el alcalde Zohran Mamdani anunció que su administración trabajará con el sistema judicial para detectar y llevar estos casos ante los tribunales.

La directiva DRP-227 establece qué casos pueden considerarse emergencias y qué plazos debe seguir la Corte para tratarlos con mayor rapidez.

El procedimiento acelerado abarca expedientes vinculados con órdenes de desocupación, falta de servicios esenciales, fallas totales de ascensores y pedidos para que un tercero administre edificios con infracciones peligrosas.

Los casos considerados urgentes tendrán un tratamiento más rápido en la Corte de Vivienda. Una vez presentados, serán revisados para asignarlos cuanto antes a un juez según la gravedad de la situación y la disponibilidad del tribunal.

Una vez completada la notificación a las partes, la primera comparecencia deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días. Después, el caso seguirá un calendario acelerado y solo podrá demorarse cuando sea estrictamente necesario.

La directiva identificó situaciones concretas que permiten tratar un expediente como una emergencia de alcance general en el edificio:

• Una orden de desocupación abierta que afecte a un tercio o más de las unidades, o a todo el edificio.
• Una infracción abierta de Clase C por falta de calefacción, agua caliente, electricidad, gas o agua en un tercio o más de las unidades, o en todo el inmueble.
• Una infracción abierta de Clase 1 del DOB, emitida durante el último año, que afecte a todos los ascensores de un edificio o de una sección, o que documente que todos están fuera de servicio.
• Un procedimiento del Artículo 7A con infracciones abiertas de Clase C o Clase 1.

La página de Tribunales de Nueva York sobre reparaciones de emergencia explicó que un inquilino puede iniciar un procedimiento HP contra el propietario cuando las condiciones de su hogar amenazan la vida, la salud o la seguridad.

Si el juez considera que existe una emergencia, el sistema contempla una audiencia dentro de aproximadamente una semana y una orden judicial para exigir las reparaciones.

En cuanto a los casos del Artículo 7A, de acuerdo con lo que informaron los Tribunales de Nueva York, al menos un tercio de los residentes del edificio, o bien el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de Nueva York (HPD, por sus siglas en inglés), pueden pedir a la Corte que designe un administrador para operar el inmueble en lugar del propietario.

El Programa 7A del HPD precisó que esos administradores operan edificios privados con condiciones peligrosas para la vida, la salud o la seguridad de los residentes. La organización designada puede cobrar los alquileres y usar esos fondos para mantener servicios esenciales y realizar reparaciones bajo una orden judicial.

La DRP-227 clasificó como emergencias los procedimientos 7A que aleguen infracciones abiertas de Clase C del HPD o de Clase 1 del Departamento de Edificios de Nueva York (DOB, por sus siglas en inglés).

En esos casos, el expediente también pasa al juez supervisor para su evaluación y asignación, y la primera fecha debe fijarse tan pronto como resulte posible sin vulnerar los plazos legales de notificación.

La Oficina del Alcalde presentó el procedimiento acelerado como parte de una agenda más amplia de protección de los inquilinos. El anuncio lo vinculó con la iniciativa Fix the City y con el Rental Ripoff Report, que reúnen herramientas para exigir reparaciones y reforzar el cumplimiento de las normas de habitabilidad.

El gobierno local también informó que destinará 14,3 millones de dólares en el año fiscal 2027 y US$40 millones por año después de ese período para ampliar el programa Right to Counsel. Además, ubicó estas acciones dentro de un plan de viviendas asequibles con una inversión de US$22.000 millones durante cinco años.

Otra medida exige que los propietarios ofrezcan alojamiento alternativo a residentes de edificios que acumulen más de 14 días sin ascensor cuando el dueño no haga las reparaciones. Ese punto se relaciona con el criterio de la nueva vía judicial, que permite acelerar casos cuando todos los ascensores de un edificio o de una sección quedan fuera de servicio.

New York Post informó el 25 de agosto que asociaciones de propietarios cuestionaron el programa. Kenny Burgos, director ejecutivo de New York Apartment Association, advirtió que algunas fallas de ascensores pueden responder a demoras en repuestos o servicios técnicos y no necesariamente a falta de mantenimiento.

Por su parte, el juez supervisor de la Corte de Vivienda, Jack Stoller, defendió el procedimiento y sostuvo que permitirá priorizar casos urgentes sin impedir que los propietarios presenten sus argumentos. La Oficina del Alcalde también informó que el Sistema Judicial Unificado ampliará la cantidad de jueces elegibles para ser asignados a estos expedientes.