Nuevo revés para Trump: un fallo judicial bloquea las restricciones al voto por correo en las elecciones 2026

El sistema electoral de Estados Unidos atraviesa días de tensión e incertidumbre judicial. La jueza del tribunal de distrito de Boston, Indira Talwani, suspendió nuevamente por dos semanas el decreto de Donald Trump que impone estrictos requisitos para el voto a distancia. Las próximas elecciones de medio término están programadas para el 3 de noviembre de 2026.

Esta resolución ocurre tras una serie de demandas presentadas por estados demócratas y diversas organizaciones, a poco más de dos meses de las elecciones de medio mandato. La jueza argumentó que los estados carecen de tiempo y fondos suficientes para rediseñar las papeletas, actualizar sistemas y capacitar funcionarios bajo las exigencias impuestas por la Administración.

El decreto presidencial, firmado en marzo, obliga al uso de sobres especiales con códigos de barras rastreables y exige a los estados entregar listas de electores elegibles al Servicio Postal (USPS).

Trump sostiene, sin presentar pruebas, que el voto por correo facilita el fraude electoral, una acusación que diversos organismos rechazan. Un informe de Brookings Institution publicado en 2025 indicó que el fraude bajo esta modalidad ocurre en apenas cuatro casos por cada diez millones de votos emitidos. Según la magistrada Talwani, “la mayoría de los estados demandantes ya solicitaron sus boletas por correo, y algunos están obligados por ley estatal a enviarlas a los votantes elegibles tan pronto como la próxima semana”.

El conflicto legal refleja un vaivén constante. A principios de esta semana, el Tribunal Supremo intervino a favor del gobierno al considerar que el bloqueo anterior era prematuro, aunque evitó pronunciarse sobre la legalidad del fondo de la medida.

Esta decisión superior provocó que la jueza Talwani retirara un dictamen previo, pero la llegada de nuevas demandas permitió una nueva pausa. Los estados demandantes advirtieron ante la justicia que “de no suspenderse o dictarse una medida cautelar que impida su aplicación, la norma frustrará o impedirá directamente que los estados demandantes administren sus programas de voto por correo en noviembre y, previsiblemente, privará del derecho al voto a los electores que voten por correo”.

En ese contexto, algunas organizaciones sociales elevaron la voz en contra de la postura de la Administración. Janet Murguía, presidenta y CEO de UnidosUS, señaló en El País que las restricciones afectan directamente a sectores vulnerables. “Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas destacados en el extranjero dependen del voto por correo para participar en nuestra democracia. Lo mismo ocurre con los votantes latinos de clase trabajadora que no pueden ausentarse del trabajo, que carecen de transporte fiable o que tienen problemas de salud que dificultan la votación presencial”, subrayó Murguía.

La dirigente enfatizó que, para estos ciudadanos, el acceso a esta modalidad es una herramienta esencial y no una mera comodidad. Con el proceso electoral en marcha, la disputa legal parece lejos de una resolución definitiva mientras los funcionarios electorales intentan organizar los comicios en medio de este escenario cambiante.

La expectativa recae nuevamente sobre la Corte Suprema, donde los magistrados conservadores mantienen una mayoría clara frente a la minoría progresista que disintió en la última instancia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA