Para venezolanos: la propuesta de ley que daría vía hacia la residencia permanente para quienes han tenido TPS

La propuesta de ley conocida como American Dream and Promise Act of 2025 -H.R. 1589- busca establecer vías legales para que ciertos extranjeros obtengan la residencia permanente en Estados Unidos. De ser aprobada, otorgaría el beneficio a venezolanos y cubanos que cumplan los requisitos como Dreamers, y determinadas personas vinculadas al TPS o a la Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés).

Los migrantes venezolanos y cubanos que residen en Estados Unidos podrían tener un alivio si se aprueba la H.R. 1589, presentada el 26 de febrero de 2025 y que todavía se encuentra en una etapa inicial del proceso legislativo.

El proyecto patrocinado por la congresista Sylvia R. Garcia, demócrata de Texas, junto a numerosos copatrocinadores, propone una vía crucial para que estos extranjeros obtengan el estatus de residente permanente legal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que el TPS es una protección temporal y que, por sí mismo, no conduce a la residencia permanente legal.

Dentro de la propuesta American Dream and Promise Act, el Título II se enfoca específicamente en la regularización y ajuste de estatus para personas que han estado amparadas por el TPS o la Salida Obligatoria Diferida (DED, por sus siglas en inglés).

Para beneficiarse de esta medida y obtener la residencia permanente, el solicitante debería cumplir con las siguientes condiciones:

• Plazo de solicitud: presentar su petición de ajuste de estatus a más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta ley.
• Presencia física continua: demostrar que ha estado físicamente presente en el país norteamericano de manera continua durante al menos tres años antes de aplicar.
• Admisibilidad general: no debe ser inadmisible bajo motivos específicos de seguridad, delitos graves o persecución de terceros. Sin embargo, el Secretario de Seguridad Nacional tiene la facultad de otorgar exenciones (waivers) de inadmisibilidad por razones humanitarias, de unidad familiar o de interés público.

El texto original de la H.R. 1589 fija como fecha de referencia para el TPS el 1° de enero de 2017. Sin embargo, la H.Res. 1414, mediante la cual se busca llevar el proyecto al pleno, contempla modificar ese requisito y sustituir esa fecha por el 1° de julio de 2024.

Es importante tener en cuenta que tener o haber tenido TPS no sería suficiente por sí solo para acceder al beneficio contemplado.

En el proyecto, los legisladores mencionan los costos, tarifas y exenciones del ajuste de estatus en los casos mencionados, que se desarrollarían de la siguiente manera:

• Tarifa de solicitud: el costo para el proceso sería una tarifa razonable determinada por el Secretario, la cual no podría exceder los 1140 dólares.
• Exenciones de pago: se eximiría por completo a los peticionarios que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:
• Tener 18 años de edad o menos.
• Haber tenido ingresos menores al 150% de la línea federal de pobreza durante los 12 meses previos a la solicitud.
• Estar en un hogar de acogida (foster care) o carecer de apoyo familiar.
• No poder valerse por sí mismos debido a una discapacidad grave y crónica.

Asimismo, mientras la solicitud de ajuste de estatus esté en trámite, la ley ofrece salvaguardas fundamentales para los solicitantes:

• Protección contra la deportación: ningún peticionario elegible puede ser deportado del país hasta que se emita una decisión final que confirme su inelegibilidad. Incluso si el solicitante ya cuenta con una orden previa de deportación o salida voluntaria, puede aplicar directamente; si la residencia es aprobada, el gobierno cancelará la orden de deportación.
• Autorización de empleo: se otorgará un permiso de trabajo (EAD) a cualquier persona que tenga una solicitud pendiente o cuya deportación haya sido suspendida bajo esta ley.
• Permiso de viaje (advance parole): los solicitantes tendrán derecho a pedir un permiso de viaje al extranjero mientras su caso se resuelve.

Por el momento, la H.R. 1589 no fue aprobada, por lo que no rige como ley. La página oficial del Congreso de Estados Unidos exhibe que, el mismo día en que Garcia la presentó, la propuesta fue remitida al Comité de Asuntos Judiciales y, además, al Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes.

La última acción registrada corresponde al 27 de febrero de 2025, cuando se incorporaron las declaraciones introductorias de la legisladora. El estado oficial continúa siendo “Introduced”, es decir, presentada y sin aprobación de la Cámara.

Para que entre en vigor y los beneficios se apliquen, la iniciativa tendría que avanzar en el Congreso, recibir la aprobación correspondiente y completar el proceso de promulgación.