Otro golpe a los migrantes en EE.UU. y sus países de origen: el trumpismo impulsa un impuesto a las remesas
Los legisladores republicanos incluyeron la medida en un proyecto de ley de Donald Trump
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LA NACION
WASHINGTON.- En otro golpe a la inmigración, los republicanos de la Cámara de Representantes incluyeron en el proyecto de ley prioritario del presidente Donald Trump un impuesto especial del 5% sobre las transferencias de remesas, una medida que afectaría a más de 40 millones de personas en Estados Unidos.
Trump también anunció recientemente que estaba finalizando un memorandum presidencial para “acabar con las remesas” enviadas por personas que están en Estados Unidos sin autorización. Y el proyecto presentado por los republicanos afectaría a los titulares de permisos de residencia permanente y titulares de visas de no inmigrante, como las de tipo H-1B, H-2A y H-2B. Los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos.
Los funcionarios de la Casa Blanca y del Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios de la agencia The Associated Press sobre los detalles del memorandum presidencial que Trump adelantó en una publicación de Truth Social el 25 de abril y cómo funcionaría.
Según el Banco Mundial, las remesas enviadas a los países de origen en 2023 totalizaron alrededor de 656.000 millones de dólares, equivalente al producto interno bruto de Bélgica. En el caso particular de los migrantes mexicanos, el dinero que envían a sus familiares creció un 7,6% en 2023, alcanzando un récord de 63.300 millones de dólares en ese año.
Para Nicaragua, las remesas desde Estados Unidos representan alrededor del 27 % del PBI. Le siguen Honduras (25 %), El Salvador (23 %), Guatemala (19 %), Haití (18 %) y Jamaica (17 %).
Las remesas también son un factor importante en la economía global, ya que a menudo se envían a través de servicios de transferencia de dinero estadounidenses en lugar de bancos y cooperativas de crédito. India, México y China son los mayores receptores de esos fondos, según el Banco Mundial.
Expertos en remesas, líderes locales y antiguos migrantes dicen que prohibir, limitar o agregar un impuesto a ciertas remesas podría dañar a los países que dependen de ellas, resultar oneroso para los ciudadanos y empresas estadounidenses y, paradójicamente, terminar causando aún más migración ilegal a Estados Unidos.
El flujo de dinero proporciona un importante sustento económico a los residentes de países pobres que a menudo tienen poco acceso a empleos o ingresos. Las remesas brindan oportunidades a las personas en su país de origen, lo que hace menos probable que tomen el riesgo de migrar a Estados Unidos, dicen los expertos.
Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano, señaló que cualquier medida para reducir las remesas tendrá un impacto negativo en el interés nacional de Estados Unidos y en el país de origen.
Los defensores de los esfuerzos para gravar las remesas dicen que se trata de un impuesto efectivo a las personas que están sin permiso en Estados Unidos y podrían ser una fuente de ingresos para el gobierno estadounidense.
Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por menos inmigración, afirma que limitar, prohibir o gravar las remesas haría la vida más difícil para los inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización.
“Una de las principales razones por las que la gente viene aquí es para trabajar y enviar dinero a casa”, comentó Krikorian. “Si eso es mucho más difícil de hacer, se vuelve menos atractivo venir aquí”.
La legislación para controlar las remesas a través de impuestos sobre las transferencias de dinero, nacionales e internacionales, ya se ha propuesto en 18 estados en los últimos años. Casi todos esos esfuerzos han sido rechazados.
La excepción es Oklahoma, que en 2009 aprobó un impuesto sobre las remesas: una tarifa de 5 dólares por cualquier transferencia de dinero inferior a 500 dólares y un 1% sobre cualquier cantidad superior.
Steven Yates, que actualmente es investigador de alto nivel en el Heritage Institute, escribió para el America First Policy Institute que cada estado debería adoptar esta política como una forma de combatir el impacto de la inmigración ilegal.
Otros altos funcionarios del gobierno de Trump también han apoyado los esfuerzos para endurecer los controles sobre las remesas. Cuando era senador de Ohio en 2023, el actual vicepresidente J.D. Vance fue uno de los proponentes de la Ley Wired, que habría impuesto una tarifa del 10% a las remesas enviadas desde Estados Unidos.
La intención de aquel proyecto de ley, que permitiría a las personas que pudieran probar su ciudadanía recuperar el gravamen en forma de un crédito fiscal reembolsable, era “penalizar actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y de personas”. Pero el proyecto de ley de Vance no logró salir del comité.
“Esta legislación es una solución de sentido común para desincentivar la inmigración ilegal y reducir el poder financiero de los carteles”, dijo Vance cuando presentó su proyecto.
En respuesta a la propuesta de gravar las remesas en el nuevo proyecto de ley republicano de la Cámara, Orozco afirmó que, lejos de desalentar a los migrantes, los remitentes encontrarían finalmente formas de enviar dinero de manera diferente, a través de canales no autorizados.
Esto último tendría un impacto en los hogares receptores, limitando la capacidad de ahorrar, y a su vez, podría aumentar la intención de migrar, afirmó Orozco, quien también es investigador de alto nivel del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
Impacto en Guatemala
El anuncio del proyecto de ley de Trump y los republicanos ya tuvo su repercusión en los países centroamericanos y caribeños.
La vida entera de Israel Vail en la pequeña ciudad de Cajolá, en el oeste de Guatemala, depende del dinero que sus tres hijos envían desde Estados Unidos.
El pago de sus trabajos en la construcción costeó la casa blanca de dos pisos donde Vail vive ahora, y donde sus hijos, que están en Estados Unidos ilegalmente, también residirían si alguna vez son deportados. Vail, de 53 años, invirtió parte del dinero en abrir una tienda local de alimentos, que utiliza para mantener a su familia a flote.
“La gente aqui no viven bien, pero viven por las remesas”, afirmó a la agencia AP.
En pequeños pueblos migratorios como Cajolá, no es inusual que toda la economía se construya a partir de las remesas, es decir, de los fondos que los trabajadores migrantes envían a sus países de origen.
Pero además, los líderes locales dicen que en el caso de Cajolá, el flujo de remesas ha evitado que los jóvenes migren porque ven oportunidades económicas que de otro modo no tendrían. Vail dijo que perder ese sustento sería un golpe devastador para familias como la suya e incluso podría hacer que su pequeño negocio cierre.
“Hay mucho miedo”, dijo Vail. “Miedo que la gente que vive en Guatemala, no habrá trabajo porque ya no hay negocios”.
Señaló que su negocio ya ha tenido dificultades desde que Trump asumió el cargo y sus ventas de cosas como huevos, frijoles, azúcar y más han disminuido.
“Cuando Donald Trump ganó, mucha gente no enviaron remesa, o empezaron a guardar dinero. El negocio bajó mucho”.
Agencia AP
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