¿Puede el dinero público financiar una escuela católica en EEUU? La Corte Suprema lo decidirá
LA NACION
WASHINGTON (AP) — La Iglesia Católica en Oklahoma quiere que los contribuyentes financien una escuela autónoma subvencionada en línea que “sea fiel a las enseñanzas de Jesucristo”. La Corte Suprema podría aprobarlo.
La Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevilla sería la primera escuela autónoma subvencionada religiosa del país. Es casi seguro que, si la Corte Suprema permite que el dinero público vaya directamente a una escuela religiosa, se creen otras del mismo tipo.
Los opositores advierten que esto difuminaría la separación entre la iglesia y el estado, privaría de fondos a las escuelas públicas y posiblemente trastocaría las reglas que gobiernan las escuelas autónomas subvencionadas, también conocidas como escuelas chárter, en casi todos los estados.
La corte escuchará argumentos el miércoles en uno de los casos más observados del periodo.
El caso llega a la corte en medio de esfuerzos, principalmente en estados liderados por conservadores, para insertar la religión en las escuelas públicas. Estos incluyen un requerimiento impugnado en Luisiana de que los Diez Mandamientos se muestren en las aulas y un mandato del superintendente de escuelas del estado de Oklahoma de que la Biblia se coloque en las aulas de las escuelas públicas.
En los últimos años, los jueces conservadores han emitido una serie de decisiones que permiten que el dinero público se emplee en instituciones religiosas, lo que hizo que la jueza liberal Sonia Sotomayor se lamentara de que la corte “continúa desmantelando el muro de separación entre la iglesia y el estado que los Fundadores lucharon por construir”.
Los jueces revisan una decisión tomada el año pasado por la Corte Suprema de Oklahoma en la que una mayoría abrumadora invalidó la aprobación, por parte de una junta estatal, de una solicitud presentada conjuntamente por dos diócesis católicas en Oklahoma.
La escuela en línea, que impartiría educación primaria y secundaria, había planeado comenzar las clases para sus primeros 200 inscritos el otoño pasado, con parte de su misión de evangelizar a sus estudiantes en la fe católica.
El máximo tribunal de Oklahoma determinó que la aprobación de la junta violaba la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda, que prohíbe al gobierno promulgar cualquier ley “respecto al establecimiento de una religión”.
La junta estatal y la escuela, respaldadas por una serie de estados liderados por republicanos y grupos religiosos y conservadores, argumentan que la decisión de la corte viola una parte diferente de la Primera Enmienda que protege la libertad religiosa. La Cláusula de Libre Ejercicio ha sido la base de las recientes decisiones de la Corte Suprema.
“Un estado no necesita subsidiar la educación privada”, escribió el presidente del Tribunal Supremo John Roberts en una de esas decisiones en 2020. “Pero una vez que un estado decide hacerlo, no puede descalificar a algunas escuelas privadas únicamente porque son religiosas”.
El caso ha dividido a algunos de los líderes republicanos del estado. El gobernador Kevin Stitt y el Superintendente de Instrucción Pública del Estado Ryan Walters apoyan el concepto de usar fondos públicos para escuelas religiosas, mientras que el fiscal general Gentner Drummond se ha opuesto a la idea y ha demandado para revocar la aprobación de la junta de la escuela chárter virtual de San Isidoro.
Un tema clave en el caso es si la escuela es pública o privada. Las escuelas chárter se consideran públicas en Oklahoma y en los otros 45 estados y el Distrito de Columbia donde operan.
Son gratuitas y abiertas a todos. Poco menos de cuatro millones de escolares estadounidenses, es decir, alrededor del 8%, están inscritos en escuelas chárter.
“Las escuelas chárter sin duda ofrecen importantes innovaciones educativas, pero tienen todos los indicios clásicos de las escuelas públicas”, escribieron los abogados de Drummond en un documento presentado ante la Corte Suprema.
Estos incluyen el hecho de que reciben financiamiento estatal, deben cumplir con las leyes antidiscriminación y deben someterse a la supervisión del programa de estudio y los exámenes. Pero estas escuelas también son dirigidas por juntas independientes que no forman parte de los sistemas escolares públicos locales.
“Las escuelas chárter se conocen como escuelas públicas, pero son entidades totalmente diferentes”, dijo Nicole Garnett, profesora de derecho de la Universidad de Notre Dame y destacada defensora de las escuelas chárter religiosas financiadas con fondos públicos. Otros profesores de Notre Dame forman parte del equipo legal de San Isidoro.
Si la corte determina que la escuela es pública, o un “actor estatal”, podría llevar a un fallo en contra de San Isidoro. Si, en cambio, determina que es privada, es más probable que vea este caso como lo hizo con los anteriores, en los que encontró discriminación contra instituciones religiosas.
El hecho de que la corte incluso haya aceptado abordar el tema ahora podría sugerir que una mayoría está inclinada a apoyar a San Isidoro.
La corte de Oklahoma es la única que ha emitido fallos en relación con escuelas chárter religiosas y solo ocho jueces atienden el caso. La jueza Amy Coney Barrett se recusó sin explicación. Ella anteriormente enseñó derecho en Notre Dame y es amiga cercana de Garnett.
La corte actual está muy familiarizada con la educación privada y, especialmente, religiosa. Seis jueces asistieron a escuelas católicas cuando eran niños y casi todos los hijos de los jueces asisten o asistieron a escuelas privadas, incluidas algunas religiosas.
Walters, el superintendente de escuelas del estado, considera el caso de San Isidoro como “la próxima frontera” en la elección de escuelas por parte de los padres. Ha criticado abiertamente la separación de la iglesia y el estado y ha buscado infundir más religión en las escuelas públicas.
“Lo veo muy claramente, ha habido una guerra contra el cristianismo y nuestras escuelas han estado en el epicentro de eso”, dijo Walters, un exprofesor de historia de secundaria elegido en 2022 con una plataforma de lucha contra la “ideología woke” en las escuelas públicas y prohibición de ciertos libros en las bibliotecas escolares.
“Daremos a los padres más derechos en la educación que en cualquier otro lugar del país, y eso significa una capacidad libre para elegir la escuela de su elección, ya sea una educación religiosa, una escuela chárter, una escuela pública, educación en el hogar, o todo lo anterior”.
La idea de usar dinero público para financiar escuelas religiosas es antitética a la Constitución, afirmó Rachel Laser, presidenta y directora ejecutiva de Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado.
“Esta es educación pública religiosa, financiada total y directamente por los contribuyentes. Es la violación más abyecta de la libertad religiosa que se puede encontrar, porque obliga a los contribuyentes a financiar el corazón de la religión, la educación religiosa para una religión que no es la suya”, dijo Laser.
Un grupo de padres, líderes religiosos y una organización sin fines de lucro de educación pública de Oklahoma que también demandó para bloquear la escuela argumentan que las escuelas chárter religiosas de su estado provocarían una disminución en el financiamiento para las escuelas públicas rurales.
San Isidoro llevaría a la creación de otras escuelas chárter religiosas, dijo Erika Wright, una madre cuyos dos hijos en edad escolar asisten a un distrito escolar rural del condado de Cleveland. “Y todas esas escuelas utilizarían el mismo fondo limitado de dinero que tenemos para nuestras actuales escuelas presenciales en todo el estado”.
Se prevé una decisión para principios del verano.
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Murphy informó desde la Ciudad de Oklahoma.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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