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Qué se sabe del acuerdo de Doral con el ICE y la presión de DeSantis para que la ciudad colabore con las redadas masivas
La alcaldesa Christi Fraga afirmó que la ciudad avanzó con el convenio 287(g) ante posibles sanciones estatales; sostuvo aseguró que la policía local no participó en operativos migratorios
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LA NACION
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, dio a conocer que la ciudad avanzó con un acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ante las advertencias sobre posibles consecuencias para los funcionarios que no cooperaran con las autoridades migratorias.
Qué dijo la alcaldesa de Doral sobre DeSantis y el acuerdo con ICE
En una entrevista con Telemundo 51, Fraga sostuvo que, según la interpretación que hicieron las autoridades de Doral de las normas estatales aprobadas en 2025, la ciudad debía avanzar con el convenio.
Al ser consultada sobre si había actuado bajo “advertencia” del gobernador de Florida, Ron DeSantis, respondió afirmativamente y señaló que hubo alertas del fiscal general estatal, James Uthmeier.
“Nuestra policía no ha colaborado con ICE en ninguna redada”, aseguró la alcaldesa. También afirmó que Doral no envió agentes a recibir el entrenamiento relacionado con el acuerdo y diferenció los operativos federales que se realizan en la ciudad de las acciones de su propio Departamento de Policía.
Los documentos oficiales muestran que el temor a posibles sanciones formó parte de los argumentos utilizados por Doral para autorizar la cooperación con ICE.
La Resolución 25-120, aprobada por unanimidad el 16 de abril de 2025, facultó al administrador de la ciudad para fijar un memorando de entendimiento con la agencia federal.
El convenio 287(g), bajo el modelo Task Force, fue firmado posteriormente, el 7 de enero de 2026. La resolución cita opiniones del fiscal general de Florida, Uthmeier, sobre las obligaciones de las autoridades locales de no impedir la comunicación o cooperación de las fuerzas de seguridad con las agencias federales de inmigración.
Según esas opiniones, una infracción del Capítulo 908 de los estatutos estatales podía implicar sanciones civiles y penales, además de la remoción del cargo.
El documento también establece que el acuerdo debía proporcionar asistencia operativa vinculada con la aplicación de las leyes migratorias “en la medida necesaria” para cumplir con las normas de Florida.
Qué había advertido DeSantis sobre los acuerdos 287(g) en Florida
El antecedente se remonta al 15 de enero de 2025, cuando DeSantis presentó una serie de propuestas antes de una sesión legislativa especial sobre inmigración.
Entre las medidas destinadas a ampliar la participación de Florida en la aplicación de las leyes migratorias federales, el gobernador propuso exigir la “máxima participación” en el programa 287(g) y establecer sanciones frente al incumplimiento, incluida la suspensión de funcionarios.
El programa 287(g) permite que ICE delegue determinadas funciones de control migratorio a autoridades estatales y locales que participan mediante acuerdos con la agencia federal.
La resolución aprobada posteriormente por Doral también hizo referencia a dos leyes que DeSantis firmó el 13 de febrero de 2025 y a la autorización para que las fuerzas de seguridad recibieran capacitación y aprobación del ICE para desempeñar determinadas funciones migratorias.
Sin embargo, el alcance de la obligación específica de que una policía municipal suscribiera un acuerdo 287(g) generó diferencias entre autoridades locales. El alcalde de South Miami, Javier Fernandez, sostuvo que su ciudad no suscribió uno de estos convenios y que no sufrió las consecuencias que habían sido planteadas por funcionarios estatales.
Fraga señaló la misma diferencia. Según Telemundo 51, la alcaldesa cuestionó por qué otras ciudades que no avanzaron con un acuerdo no recibieron las sanciones advertidas inicialmente.
Qué puede pasar ahora con el acuerdo entre Doral y el ICE
De acuerdo con Telemundo 51, la presión sobre las autoridades de Doral para poner fin al acuerdo 287(g) aumentó en los últimos días. Exfuncionarios, dirigentes locales y organizaciones defensoras de inmigrantes reclamaron que la ciudad termine su participación en el programa.
Fraga no confirmó que vaya a hacerlo. La funcionaria explicó que envió una carta al fiscal general de Florida para solicitar una determinación oficial sobre las obligaciones legales de la ciudad y que esperará esa respuesta antes de definir sus próximos pasos.
La discusión ocurre además en medio de la preocupación por los operativos migratorios en Doral. Comerciantes consultados por CBS News Miami atribuyeron a la presencia de agentes migratorios una reducción de clientes y, en algunos casos, reportaron caídas de hasta un 70% en las ventas.
Fraga afirmó al mismo medio que el gobierno municipal no controla las operaciones federales ni puede impedir que ICE aplique las leyes migratorias. Además, sostuvo que las agencias federales no informan previamente a la ciudad cuándo realizarán operativos.
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