Quiénes son los ciudadanos estadounidenses que demandaron al régimen de Maduro por sufrir torturas en una cárcel de Venezuela

Matthew Heath, ex cabo de la Marina de Estados Unidos, y Osman Khan, un ciudadano de Florida, presentaron el pasado 6 de enero de 2025 una demanda contra Nicolás Maduro en un tribunal federal de Miami. Los estadounidenses acusan a Maduro, y a varios funcionarios de su régimen, de liderar una red de tortura y secuestro para obtener concesiones políticas y económicas del país norteamericano.

Ambos hombres estuvieron encarcelados en Venezuela durante un prolongado tiempo. Según consta en la denuncia de 87 páginas presentada por sus abogados y retomada por el medio de comunicación Associated Press (AP), enfrentaron condiciones inhumanas y torturas que incluyeron electrocución, ahogamiento simulado y amenazas de violación.

Heath, originario de Tennessee y exmarine y consultor de seguridad en Afganistán, fue arrestado en septiembre de 2020 en un retén en Venezuela. Las autoridades locales lo acusaron de terrorismo y alegaron que portaba armas y un teléfono satelital para espiar refinerías de petróleo en nombre del gobierno de Donald Trump.

La familia de Heath sostiene que el exmilitar se encontraba atrapado en Colombia debido a la suspensión de vuelos por la pandemia de COVID-19 y cruzó la frontera hacia Venezuela con la intención de viajar a Aruba, donde tenía un negocio de alquiler de barcos. Su arresto marcó el inicio de una detención que duró 752 días.

Khan, por su parte, fue detenido en enero de 2022 mientras cruzaba la frontera venezolana en una canoa motorizada mientras era acompañado de su novia venezolana y el padre de la mujer. Según la denuncia, el cruce fue organizado por el hermano de su pareja, un guardia nacional venezolano.

El ciudadano estadounidense fue acusado de terrorismo y trata de personas, cargos que su familia y abogados califican como fabricados. Estuvo encarcelado durante 259 días.

La demanda señaló que los secuestros y torturas de ciudadanos estadounidenses son parte de un plan sistemático del régimen de Maduro para presionar a EE.UU. Entre las tácticas empleadas se encuentran:

• Tortura física y psicológica: waterboarding, descargas eléctricas y administración de medicamentos que alteran la mente.
• Aislamiento extremo: detención en celdas diminutas apodadas “El Tigrito”.
• Amenazas de violación y violencia: destinadas a quebrantar a los detenidos.

El documento también mencionó al “Cartel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico liderada por funcionarios venezolanos que, según la denuncia, utiliza los recursos del Estado para consolidar su control y financiar actividades ilegales.

Heath y Khan fueron liberados el 1° de octubre de 2022 junto a cinco ejecutivos petroleros estadounidenses y un residente legal. Esto ocurrió como parte de un intercambio de prisioneros entre Venezuela y EE.UU., que involucró la liberación de dos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, condenados en el país norteamericano por narcotráfico.

La administración estadounidense catalogó las detenciones de Heath y Khan como arbitrarias y basadas en cargos falsos. Además, la situación ha sido objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional, que examina posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano.

La acción legal presentada por los ciudadanos estadounidenses se ampara en la Ley Antiterrorista de Estados Unidos, que fue promulgada por el presidente George W. Bush el 26 de octubre de 2001, después de los atentados del 11 de septiembre. Esta ley permite a las víctimas de grupos o gobiernos considerados como terroristas buscar compensación económica a través de la confiscación de bienes de los responsables.

Sin embargo, los abogados reconocen que rastrear y confiscar activos de Maduro y sus colaboradores en el país norteamericano podría ser un desafío, ya que la mayoría de los bienes probablemente están a nombre de intermediarios o ubicados en jurisdicciones difíciles de rastrear.

Entre los acusados en la demanda presentada en Miami figuran altos funcionarios venezolanos, incluidos el ministro de Defensa, el fiscal general y el ministro del Interior. Además, se señala la complicidad de empresas estatales como PDVSA y la Corporación Venezolana de Minería, que presuntamente financian actividades ilícitas.

De acuerdo con AP, el caso de Heath y Khan no es único. Otros ciudadanos estadounidenses también han denunciado detenciones arbitrarias y malos tratos en Venezuela, lo que ha llevado a un creciente escrutinio internacional sobre las prácticas del régimen de Maduro.