Abbott la firmó: la ley sobre el uso de la IA en Texas que aplica multas de hasta US$200.000 y ya está en vigor

La inteligencia artificial tiene reglas en Texas, y las empresas que desarrollan, venden o utilizan estos sistemas deben prestar atención a una ley que establece prohibiciones, mecanismos de supervisión y sanciones económicas que incluyen multas de hasta 200.000 dólares. La norma fue firmada por el gobernador Greg Abbott en 2025 y entró en vigor el 1° de enero de 2026.

La legislación se denomina Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act y establece un marco estatal para el desarrollo y la utilización de sistemas de inteligencia artificial.

La norma define un sistema de IA como cualquier sistema basado en máquinas que, a partir de las entradas que recibe, infiere cómo generar resultados, entre ellos contenidos, decisiones, predicciones o recomendaciones, capaces de influir en entornos físicos o virtuales.

La legislación se aplica a las personas o entidades que promocionen, anuncien o desarrollen actividades comerciales en Texas, que produzcan bienes o servicios utilizados por residentes del estado o que desarrollen o implementen un sistema de IA dentro del territorio estatal.

La aplicación de la ley queda en manos del fiscal general de Texas. La normativa, además, no crea un derecho de acción privado: es decir, la ley no habilita a particulares a presentar demandas por una infracción de estas disposiciones.

El fiscal general establece un mecanismo en línea para que los usuarios puedan presentar denuncias. Cuando recibe una queja, puede iniciar una investigación y solicitar información relacionada con el sistema de IA involucrado.

Antes de imponer una sanción judicial, existe una instancia de corrección. Si el fiscal general determina que una persona infringió la normativa, debe comunicarlo por escrito e identificar las disposiciones presuntamente vulneradas.

Si la infracción no es corregida, aplican las multas:

• Las violaciones consideradas corregibles o el incumplimiento de una declaración presentada después de una corrección pueden generar una sanción de entre US$10.000 y US$12.000 por infracción.
• Cuando el tribunal determina que la violación no puede ser corregida, la multa se ubica entre US$80.000 y US$200.000 por cada infracción.
• Además, una conducta que continúa puede generar entre US$2000 y US$40.000 adicionales por cada día que persista.

El período de corrección es de 60 días, en el cual se debe presentar documentación que demuestre que la infracción fue solucionada, además de realizar los cambios necesarios en sus políticas internas para evitar que vuelva a ocurrir.

La normativa establece varias restricciones sobre la manera en que pueden desarrollarse o implementarse estos sistemas.

Una persona no puede desarrollar o desplegar una herramienta de inteligencia artificial con la intención de inducir deliberadamente a otra a realizar determinadas conductas. Entre las prohibiciones establecidas por la ley se encuentran:

• Incentivar deliberadamente el autodaño físico, incluido el suicidio.
• Promover que una persona provoque daños a otra.
• Inducir a una persona a participar en actividades delictivas.
• Utilizar sistemas de IA para determinados mecanismos de puntuación social por parte de organismos gubernamentales.
• Utilizar determinados sistemas de identificación biométrica sin consentimiento cuando eso infrinja derechos protegidos por la legislación.
• Desarrollar o implementar IA con la intención exclusiva de restringir o afectar derechos constitucionales.
• Desarrollar o desplegar sistemas con intención de discriminar ilegalmente contra una clase protegida.
• Crear o distribuir sistemas destinados a producir material sexual ilegal, incluidos contenidos falsificados digitalmente.
• Desarrollar sistemas que mantengan conversaciones de texto que simulen o describan conductas sexuales mientras imitan a una persona menor de 18 años.

El análisis publicado por Duane Morris señala que la norma, conocida como TRAIGA 2.0, tiene un alcance más acotado para el sector privado que una versión anterior de la legislación.

Según ese análisis, la primera propuesta contemplaba obligaciones más amplias, como políticas obligatorias de gestión de riesgos, evaluaciones de impacto antes de implementar determinados sistemas y un estándar de discriminación algorítmica basado en resultados.

La versión finalmente aprobada adoptó un enfoque más limitado, aunque mantiene mecanismos de cumplimiento y sanción.