Paxton lo hizo oficial: se confirma fallo sobre la ley SB 1 firmada por Abbott sobre los requisitos al votar

La disputa judicial por la ley electoral de Texas volvió a inclinarse a favor del estado. Una corte federal de apelaciones revocó por completo la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado nueve disposiciones de la Senate Bill 1 y restableció las reglas cuestionadas sobre el voto por correo, la asistencia a electores y determinadas actividades relacionadas con las elecciones.

El pasado 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito emitió su decisión en el caso, después de analizar las demandas presentadas contra varias disposiciones de la ley electoral aprobada por la Legislatura de Texas en 2021.

La resolución revocó en su totalidad la decisión del tribunal federal de distrito que había determinado que nueve disposiciones de la SB 1 eran incompatibles con la Americans with Disabilities Act, conocida como ADA, y con la Rehabilitation Act de 1973.

La conclusión de los jueces fue directa: la decisión que había otorgado una medida cautelar permanente contra esas disposiciones debía quedar sin efecto. En términos prácticos, la sentencia de la instancia superior volvió a poner en vigor las reglas de la SB 1 que habían sido bloqueadas por el tribunal inferior.

Según el fallo, la ley fue diseñada por la Legislatura de Texas con dos objetivos expresamente establecidos: reducir la posibilidad de fraude durante las elecciones y garantizar que todos los votos emitidos legalmente fueran contabilizados.

La norma firmada por Greg Abbott introdujo cambios en la administración de las elecciones y estableció nuevos requisitos para determinados procedimientos de votación.

El conflicto judicial se concentró especialmente en las disposiciones relacionadas con el voto por correo y la asistencia a electores. Los demandantes sostuvieron que esas exigencias generaban obstáculos adicionales para personas con discapacidades y que, por esa razón, violaban las protecciones establecidas por la legislación federal.

De acuerdo con ABC13, el litigio agrupó varias demandas relacionadas con la accesibilidad de las nuevas reglas. En marzo de 2025, un juez federal de distrito bloqueó nueve disposiciones después de un juicio sin jurado y determinó que infringían la ADA.

Entre las normas que habían quedado suspendidas estaban las relacionadas con la identificación requerida para votar por correo, los procedimientos para corregir determinados errores en las boletas y las exigencias impuestas a quienes ayudan a otros electores durante el proceso de votación.

Uno de los principales puntos de la decisión fue la exigencia de identificación para quienes votan por correo. La SB 1 establece que los electores deben proporcionar un número de identificación o un número de Seguro Social que coincida con los registros estatales.

La ley también establece condiciones para las personas que ayudan a otros votantes. Entre otras exigencias, quienes prestan esa asistencia deben:

• Firmar un juramento en el que declaran que no coaccionaron ni intimidaron al elector.
• Indicar cuál es su relación con la persona a la que ayudaron.
• Informar si recibieron una compensación de un candidato, una campaña o un comité político.
• Cumplir con las condiciones establecidas por la legislación electoral para brindar asistencia.

Además, la SB 1 impone restricciones a la compensación vinculada con determinadas actividades de campaña electoral y establece normas relacionadas con las prácticas conocidas como vote harvesting, vinculadas en este caso con servicios remunerados destinados a obtener votos para un candidato o una medida electoral.

El fiscal general de Texas y candidato en las elecciones al Senado del próximo 3 de noviembre, Ken Paxton, figuraba entre los funcionarios demandados en el proceso y participó en la defensa de la legislación frente a los cuestionamientos judiciales.

La resolución del Quinto Circuito concluyó que buena parte de las demandas no podía avanzar porque los grupos que las presentaron no tenían legitimación suficiente para reclamar judicialmente contra las disposiciones cuestionadas.

El tribunal examinó por separado las normas sobre identificación, asistencia a votantes y compensación. En el caso de los requisitos de identificación, los jueces determinaron que los demandantes no pudieron demostrar que alguno de sus integrantes enfrentara un riesgo sustancial de sufrir en el futuro el perjuicio alegado.

El tribunal analizó, entre otros casos, el de una votante que tuvo problemas con una solicitud de voto por correo en 2022 porque no había incluido el número de identificación requerido. Sin embargo, los jueces señalaron que posteriormente había adquirido mayor conocimiento sobre las exigencias y sobre las alternativas disponibles para corregir una solicitud defectuosa.

Por esa razón, consideraron que no existía evidencia suficiente de un riesgo sustancial de que volviera a sufrir el mismo perjuicio.

La corte también examinó los casos de otros votantes con discapacidades visuales y concluyó que sus experiencias anteriores no demostraban un riesgo futuro suficiente para sostener el reclamo.