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Publican un informe que denuncia abusos y negligencia en un centro de detención del ICE en Texas
Human Rights Watch y la ACLU entrevistaron a 71 migrantes; el DHS calificó las acusaciones como “categóricamente falsas”
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LA NACION
Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicaron un informe de 84 páginas sobre Camp East Montana, un centro de detención migratoria en Fort Bliss, una base del Ejército de Estados Unidos ubicada en El Paso, Texas.
¿Qué abusos denunciaron los detenidos en Camp East Montana?
Las organizaciones contactaron a 71 personas recluidas en el establecimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un período de cinco meses. De ese total, 64, cerca del 90%, afirmaron que habían sufrido agresiones por parte del personal o que habían presenciado ataques físicos contra otros detenidos.
Las personas entrevistadas relataron que les habían negado la atención médica necesaria y los obligaron a permanecer en condiciones insalubres. Además, denunciaron obstáculos para comunicarse con sus abogados y familiares.
Angélica César, investigadora de ambas organizaciones y una de las responsables principales del documento, calificó ante Associated Press (AP) a Camp East Montana como “un desastre para los derechos humanos”. Asimismo, sostuvo que “el gobierno de Estados Unidos debería clausurarlo”.
Las condiciones dentro del campamento de Fort Bliss
Los testimonios describieron baños sucios, unidades habitacionales inundadas y falta de jabón, así como otros elementos básicos de higiene. Algunas personas aseguraron que permanecieron encerradas durante semanas sin acceso adecuado a actividades recreativas, luz solar o aire fresco.
Los detenidos también denunciaron que recibían alimentos en mal estado y que los horarios de las comidas cambiaban constantemente. En algunos casos, transcurrieron hasta 12 horas entre ellas. Las entrevistas realizadas hasta el mes anterior a la publicación mostraron que esas condiciones persistieron pese al cambio de contratista dispuesto por el ICE.
El informe vincula algunas agresiones con huelgas de hambre, pedidos de asistencia médica y reclamos por la situación de reclusión. Las personas consultadas afirmaron que los agentes respondían con golpes ante esas protestas.
Varios testimonios mencionaron castigos colectivos. Según esos relatos, los guardias golpeaban o atacaban a grupos completos después de acusar a una sola persona de incumplir las normas del establecimiento.
Las presiones para abandonar los reclamos migratorios
Los investigadores concluyeron que el personal presionaba a las personas recluidas para que desistieran de sus solicitudes migratorias. También buscaba que aceptaran la expulsión hacia terceros países cuando no podían regresar a sus lugares de origen.
Los detenidos afirmaron que recibieron amenazas de violencia, procesos penales y reclusión indefinida si rechazaban la deportación. Human Rights Watch y la ACLU concluyeron que, en algunos casos, la falta de información sobre el paradero de las personas y las circunstancias de su detención podrían constituir desapariciones forzadas bajo el derecho internacional.
¿Qué respondió el gobierno y qué antecedentes tenía Camp East Montana?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) calificó ante AP como “categóricamente falsos” los señalamientos sobre condiciones inhumanas. La dependencia aseguró que ninguna persona recluida sufría golpes o abusos y afirmó que el ICE toma con seriedad la salud y la seguridad de quienes permanecen bajo su custodia.
En marzo, el ICE reemplazó a Acquisition Logistics LLC, la empresa principal contratada para construir y administrar un campamento con capacidad inicial para 5000 personas. La compañía de Virginia había recibido un contrato por hasta US$1300 millones, aunque carecía de experiencia previa en centros migratorios.
Por separado, una inspección interna identificó 49 deficiencias o violaciones de los estándares de detención, incluidas 22 relacionadas con el uso de la fuerza y las restricciones físicas, 11 con la seguridad y el control de la instalación y cinco con la atención médica.
Human Rights Watch y la ACLU reclamaron al gobierno de Donald Trump que cierre Camp East Montana y permita investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia, el uso excesivo de la fuerza, la negligencia médica y las posibles desapariciones forzadas. Asimismo, exigieron el fin de las deportaciones masivas y de la detención migratoria obligatoria.
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