
Trump busca cerrar la sala de prensa de la Casa Blanca y reemplazarla por una pileta cubierta
La cercanía física de los medios al centro del poder norteamericano ha sido durante décadas una señal de reconocimiento de la importancia de una prensa libre dentro de una democracia constitucional
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WASHINGTON.- A fines de agosto, durante una de las últimas reuniones de Karoline Leavitt con Trump en el Despacho Oval, el mandatario le planteó una idea delante de varios altos funcionarios. Le pidió que trasladara a los periodistas fuera de la Sala de Prensa James S. Brady, una medida que en la práctica eliminaría la presencia permanente de los medios de comunicación dentro de la Casa Blanca. Según relató, ese sería su “legado final”.
La propuesta nunca avanzó mientras Leavitt permaneció en el cargo. De acuerdo con tres personas al tanto de las conversaciones, Trump le reiteró el pedido varias veces durante meses. Leavitt dejó oficialmente su puesto como secretaria de Prensa de la Casa Blanca el 27 de agosto.
Trump comentó a sus colaboradores que preferiría recuperar la pileta cubierta instalada en 1933 por el presidente Franklin D. Roosevelt como terapia para las secuelas de la poliomielitis que sufría. Décadas más tarde, el presidente Richard Nixon la cubrió para crear espacio para la prensa. Actualmente, los periodistas acreditados trabajan en pequeñas oficinas anexas a la sala de prensa.

Aunque desplazar a los medios fuera de la Casa Blanca podría parecer un debate menor frente a los ataques más amplios de Trump contra el periodismo, se trataría de un gesto de enorme carga simbólica. La cercanía física de los medios al centro del poder ejecutivo estadounidense ha sido durante décadas una señal de reconocimiento de la importancia de una prensa libre dentro de una democracia constitucional.
Además, sería una decisión difícil de revertir para futuros presidentes.
Trump ya había planteado la posibilidad de expulsar a la prensa de la Casa Blanca durante su primer mandato y nunca terminó de abandonar la iniciativa. De hecho, cada vez más personas de su entorno la respaldan.
Algunos asesores creen que trasladar a los periodistas al Edificio Ejecutivo Eisenhower, ubicado frente a la Casa Blanca, representaría una nueva escalada dentro de una serie de medidas contra los medios que ya han ido más lejos de lo que muchos imaginaban.
Tan recientemente como el 27 de septiembre, Trump publicó en Truth Social dos imágenes comparativas: una mostraba la sala de prensa actual con la leyenda “Fake News” y otra el mismo espacio convertido en una lujosa pileta dorada bajo el título “FDR Pool”.
El mes pasado, The Wall Street Journal informó que Trump había discutido reiteradamente la idea de trasladar a la prensa fuera de la Casa Blanca, aunque hasta ahora sus asesores habían logrado frenarlo o esperar a que desistiera.
Lo que ha cambiado desde su primer mandato es el entorno que lo rodea. Su círculo de confianza se ha reducido aún más y el presidente se ha mostrado cada vez más irritado por la cobertura mediática. Paralelamente, asesores con creciente influencia lo alientan a adoptar medidas drásticas para castigar a periodistas y medios.

“Estados Unidos desconfía con razón de los medios de noticias falsas porque fabrican historias basadas en mentiras y en fuentes que ni siquiera tienen acceso a información relevante”, afirmó Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. “Todas las opciones siguen sobre la mesa y haremos un anuncio cuando corresponda”.
Un muro de contención
Durante la transición presidencial de 2016, Stephen Bannon, entonces principal estratega entrante, propuso trasladar a la prensa fuera del Ala Oeste y reubicarla en una casa cercana a Lafayette Square. La idea fue rechazada de inmediato por otros altos funcionarios. Como alternativa, Bannon sugirió usar el Edificio Ejecutivo Eisenhower.
En enero de 2017, el entonces jefe de gabinete Reince Priebus confirmó públicamente que estudiaban mudar las conferencias de prensa a ese edificio argumentando que permitiría acomodar a más periodistas. Sin embargo, la iniciativa fue descartada por considerarse poco práctica y demasiado disruptiva.
“Desde el momento en que llegué a la Casa Blanca pensé que era una amenaza para la seguridad nacional que la prensa rodeara literalmente el Despacho Oval”, recordó Bannon este mes. “Diseñé un plan para trasladarlos cerca de Blair House o, al menos, al EOB. Pero la propuesta fue rechazada por los demás asesores del presidente”.

La idea reapareció durante las remodelaciones del Ala Oeste en el verano de 2017. Algunos funcionarios se preguntaron entonces si, una vez iniciadas las obras, tenía sentido permitir el regreso de los periodistas. Pero las complejidades logísticas terminaron enterrando nuevamente el plan.
Volvió a surgir durante la transición presidencial de fines de 2024. La mayoría de los asesores de Trump consideró preferible mantener a los medios dentro de la Casa Blanca. Sabían que al presidente le gusta convocar a las cámaras al Despacho Oval con muy poca anticipación. También temían que si ejecutaban la expulsión y luego la cobertura se volvía más negativa, Trump terminara responsabilizándolos a ellos.
Sin necesidad de desalojar físicamente a los periodistas, la administración ya había comenzado a construir una barrera de acceso. El otoño boreal pasado prohibió a los reporteros ingresar al sector conocido como “Upper Press”, cercano a la oficina de la secretaria de Prensa, sin cita previa.
Han pasado más de 30 años desde que otro presidente evaluó seriamente expulsar a la prensa de la Casa Blanca. En sus memorias, George Stephanopoulos, exdirector de Comunicaciones de Bill Clinton, relató que en 1993 Hillary Clinton quería recuperar el espacio de la prensa para reinstalar una pileta. La iniciativa se abandonó rápidamente tras la reacción negativa que generó.
A diferencia de aquella época, Trump enfrenta poca presión política para acomodar las demandas de los medios, una institución profundamente impopular entre gran parte de sus seguidores. Hasta ahora, incluso entre los demócratas, las medidas contra la prensa han generado una reacción limitada.
Ofensiva contra los medios
Tras iniciar su segundo mandato fortalecido por la victoria electoral, Trump lanzó rápidamente una ofensiva contra empresas periodísticas que habían informado críticamente sobre él. Presentó demandas contra ABC, CBS y The Des Moines Register. Sus asesores dejaron en claro que el objetivo era generar un efecto disuasorio sobre futuras coberturas negativas.
Uno de los impulsores de la idea de recuperar la pileta fue Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda. Según personas familiarizadas con las conversaciones, Pulte incluso elaboró una maqueta mostrando cómo quedaría la sala de prensa convertida nuevamente en una piscina.
Pulte suele compartir fines de semana con Trump en sus clubes de golf. Debido al reducido número de funcionarios presentes en esas ocasiones, disfruta de acceso directo al presidente y aprovecha esas instancias para presentarle nuevas propuestas. Funcionarios de alto rango aseguran que suele llevar paneles con posibles objetivos de investigaciones o represalias.
Otro asesor que alimenta la postura de Trump contra los medios es Boris Epshteyn, abogado de larga data y consejero externo del presidente, quien impulsó varias de las demandas contra medios y periodistas. Su influencia, según funcionarios actuales y allegados al mandatario, ha aumentado considerablemente en los últimos meses.
En septiembre, Trump sorprendió incluso a algunos de sus colaboradores al anunciar en redes sociales que prohibía el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, medios a los que acusó de difundir “ficción y mentiras”. Poco después, la administración revocó las credenciales de más de 70 periodistas.
Según informó The Wall Street Journal, poco antes de esa decisión la asesora Natalie Harp, encargada de gran parte del flujo de información y redes sociales que llega al presidente, le mostró fragmentos televisivos de conductores de MS NOW criticando a su gobierno.
Funcionarios de la Casa Blanca sostienen, sin embargo, que Harp no buscó provocar la prohibición y que la decisión obedeció a meses de irritación acumulada de Trump por la cobertura periodística.
El juez federal Timothy J. Kelly, designado por Trump durante su primer mandato, suspendió inicialmente el veto al considerar que la Casa Blanca había violado procedimientos establecidos. Sin embargo, la administración continuó temporalmente impidiendo el acceso de esos medios.
La semana pasada, Kelly dictaminó que el presidente había vulnerado los derechos garantizados por la Primera Enmienda y ordenó restituir las acreditaciones. La administración apeló esa resolución.
La campaña contra los medios no terminó allí. El 9 de octubre, el Departamento de Justicia envió cartas a ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News solicitando información luego de que las cinco cadenas suspendieran temporalmente la cobertura televisiva compartida de la Casa Blanca en solidaridad con CNN. Personas al tanto del caso señalaron que se trataba de una investigación antimonopolio.
Meses antes, agentes del FBI se presentaron en los domicilios de periodistas de The New York Times para entregar citaciones de un gran jurado. Los reporteros habían informado sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con un viaje de Trump a Turquía para una cumbre de la OTAN y sobre deficiencias en parte del equipamiento defensivo del avión de lujo donado por Qatar que utilizaba como nuevo Air Force One.
Según múltiples fuentes, Trump reaccionó con furia ante esas publicaciones y ordenó identificar a quienes filtraron la información.
Las citaciones fueron retiradas pocas semanas después, luego de que el juez del caso cuestionara al gobierno por recurrir a esa herramienta sin agotar previamente otras vías de investigación.
Con el aval del presidente, otros organismos también adoptaron medidas restrictivas. A comienzos de este año, el Departamento de Defensa exigió a los periodistas acreditados firmar un compromiso que incluía la promesa de no solicitar información no autorizada. Casi todos los grandes medios, incluido Fox News, rechazaron firmarlo y optaron por renunciar a sus espacios de trabajo dentro del edificio.
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