Contra el DHS y el ICE: la ciudad que quiere evitar un gigante centro de detención de migrantes

Los gobiernos de Salt Lake City y del condado de Salt Lake en Utah presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el DHS para impedir la apertura de un centro de detención para migrantes. La instalación proyectada albergaría al menos a 7500 personas y forma parte de un plan federal para ampliar la capacidad de detención migratoria.

La ciudad y el condado sostienen que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) avanzaron con el proyecto sin realizar las revisiones ambientales exigidas por la legislación federal y sin consultar previamente a las autoridades locales y estatales, según informó Associated Press.

La demanda, presentada el lunes ante un tribunal federal, señala que el gobierno adquirió el inmueble sin la intervención de los funcionarios de la zona ni los procesos de evaluación requeridos para una iniciativa de estas características.

La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, afirmó que “este tipo de instalación no tiene lugar” en esa ciudad debido a su carácter “inhumano”, a las limitaciones en el suministro de agua y a los posibles impactos sobre la salud y la seguridad pública. Además, sostuvo que los residentes “tienen derecho legal a una revisión pública y a una toma de decisiones fundamentada sobre acciones importantes del gobierno federal”.

La propiedad cuestionada es un almacén de 77.388 metros cuadrados, una superficie equivalente aproximadamente a 17 campos de fútbol americano. De acuerdo con Associated Press, el DHS pagó US$145,4 millones por el inmueble en marzo de 2026.

Los registros citados por la agencia indican que el valor abonado fue casi un 50% superior a la tasación de mercado asignada a la propiedad en 2025. The Salt Lake Tribune detalló que el edificio está ubicado en 6020 W. 300 South y el plan federal contempla transformarlo en un centro de detención con capacidad para al menos 7500 personas.

Según el medio, la presentación judicial sostiene que la instalación tendría efectos significativos sobre la infraestructura y los servicios públicos de la región. La alcaldesa del condado de Salt Lake, Jenny Wilson, afirmó que la propuesta constituye “una grave amenaza para la esencia misma de los valores de la comunidad”.

Entre los argumentos incluidos en la demanda figura el posible aumento de millones de galones de aguas residuales, una situación que, según las autoridades locales, podría obligar a ampliar el sistema municipal de tratamiento de aguas.

El documento también plantea preocupaciones sanitarias vinculadas a la concentración de miles de personas en la instalación. De acuerdo con la presentación, esa situación adquiere relevancia en medio de un brote de sarampión y por el papel que desempeña el condado en la coordinación de las políticas de salud pública.

La compra del inmueble de Utah formó parte de una iniciativa más amplia desarrollada durante la gestión de la exsecretaria del DHS, Kristi Noem. El organismo adquirió 11 almacenes en distintas partes del país norteamericano entre enero y marzo de 2026. El costo total superó los US$1000 millones, explicó Associated Press.

El proyecto integraba un plan valuado en US$38.300 millones, destinado a crear un nuevo modelo de detención migratoria, aumentar la disponibilidad de plazas y hacer más eficientes los procesos de deportación.

La Oficina del Inspector General del DHS abrió una investigación para determinar si la iniciativa implicó gastos innecesarios. Además, el actual secretario del organismo, Markwayne Mullin, suspendió temporalmente el programa mientras se desarrolla una revisión interna.