Fecha límite para Trump por las H-1B: el movimiento que debe hacer para que Uscis siga cobrando los US$100 mil
La continuidad de la tarifa extraordinaria aplicada a determinadas solicitudes depende de una presentación judicial
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LA NACION
Este jueves 18 de junio vence un plazo clave en la disputa judicial por el cobro de 100 mil dólares asociado a ciertas peticiones de visas H-1B. El gobierno estadounidense debe pedir una suspensión ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito para intentar mantener temporalmente la facultad de exigir ese pago mientras avanza la apelación.
Qué debe hacer el gobierno de EE.UU. para conservar el pago de US$100 mil en las visas H-1B
La controversia comenzó tras una proclamación presidencial emitida en 2025 que incorporó el cargo para determinadas solicitudes sujetas a procesamiento consular fuera de EE.UU. Desde entonces, la medida derivó en una serie de impugnaciones judiciales impulsadas por distintos estados.
El 8 de junio, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts emitió un fallo que anuló el cobro de los US$100 mil.
La administración de Donald Trump apeló la decisión y, el 12 de junio, el mismo tribunal concedió una suspensión administrativa temporal condicionada a que el gobierno presentara un pedido formal ante la Corte de Apelaciones antes del 18 de junio.
Si la Corte de Apelaciones concede la suspensión, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) podría continuar exigiendo el pago durante el desarrollo del proceso. Si la rechaza, o si el gobierno no realiza la presentación dentro del plazo, podría volver a entrar en vigor la orden del 8 de junio que dejó sin efecto la política.
El fallo que declaró ilegal la tarifa de Trump
El juez federal Leo T. Sorokin concluyó que el cargo extraordinario no podía considerarse una simple tasa administrativa. Según su análisis, el mecanismo funcionaba como un impuesto y, por lo tanto, requería autorización expresa del Congreso.
La sentencia sostuvo además que las normas migratorias utilizadas por el Ejecutivo para justificar la medida habilitan restricciones vinculadas al ingreso de extranjeros, pero no facultan a crear gravámenes de esa magnitud.
El magistrado también señaló presuntas irregularidades en el procedimiento utilizado para implementar la política, lo que incluye la ausencia de instancias de consulta pública y la falta de fundamentos suficientes para explicar el cambio regulatorio.
Por qué el cobro sigue vigente pese al fallo
Cuatro días después de declarar inválida la medida, el mismo tribunal concedió una suspensión administrativa temporal. Esa decisión permitió restablecer provisoriamente la tarifa mientras el gobierno avanzaba con la apelación.
La pausa judicial tuvo como objetivo otorgar tiempo para que una instancia superior evalúe si corresponde mantener el cobro durante el litigio. De esta manera, la resolución que anuló la tarifa quedó momentáneamente sin efecto.
Entre los argumentos presentados por el gobierno figura la necesidad de preservar herramientas vinculadas a la política migratoria y evitar consecuencias que, según su posición, podrían afectar al mercado laboral estadounidense.
El Departamento de Justicia afirmó en el descargo de apelación que “el pago está justificado como un ejercicio de los poderes de comercio exterior o de inmigración”. Sostuvo que el presidente actuó invocando su “amplia autoridad bajo 8 U.S.C. §§ 1182(f) y 1185(a)(1) para imponer ‘cualquier restricción que considere apropiada’”.
Qué puede pasar con las visas H-1B
La decisión que adopte la Corte de Apelaciones será determinante para el futuro inmediato de la tarifa. Si concede la suspensión solicitada por el gobierno, el cobro podría continuar hasta que exista una resolución definitiva.
Por el contrario, una negativa judicial devolvería vigencia a la orden que prohibió la recaudación y obligaría a Uscis a dejar de exigir el pago mientras continúa el proceso. La disputa todavía podría extenderse durante varios meses e incluso llegar a instancias superiores.
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