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Actualizaciones del Uscis y nuevas reglas para trabajadores migrantes: adiós a la tarifa de US$100 mil
Una decisión judicial deja sin efecto la medida aplicada por el gobierno de Donald Trump
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LA NACION
La política que imponía un cargo adicional de US$100.000 para tramitar nuevas visas H-1B quedó invalidada tras una resolución emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. El fallo fue firmado el 8 de junio por el juez Leo T. Sorokin.
Por qué un tribunal anuló la tarifa de US$100 mil para las visas H-1B
La medida había sido establecida mediante una proclamación presidencial emitida en septiembre de 2025 y obligaba a los empleadores a efectuar el pago como requisito para presentar nuevas peticiones de trabajadores extranjeros especializados.
Luego de una demanda presentada en diciembre por una coalición de 20 estados, la corte concluyó que el cargo no podía considerarse una tasa administrativa relacionada con la gestión de solicitudes migratorias. Según el fallo, se trataba de un impuesto, una facultad que corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo.
Además, el tribunal determinó que la implementación de la medida no respetó los pasos exigidos por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), ya que no se abrió un proceso formal para recibir observaciones antes de su entrada en vigor.
La resolución también sostuvo que las agencias federales involucradas no justificaron adecuadamente el cambio ni explicaron de qué manera se llegó a un incremento tan significativo.
La reciente sentencia tiene alcance nacional y elimina todas las acciones administrativas vinculadas a ese cobro, lo que incluye los mecanismos desarrollados para procesar los pagos.
La demanda presentada por 20 estados contra la decisión de Trump
La controversia judicial comenzó después de que una coalición integrada por 20 estados iniciara una acción legal contra el gobierno federal. El proceso fue encabezado por el fiscal general de California, Rob Bonta.
Los demandantes argumentaron que la nueva obligación económica excedía las atribuciones otorgadas por el Congreso y que afectaba la capacidad de instituciones públicas y organizaciones para incorporar personal especializado procedente del exterior.
El tribunal finalmente respaldó esos planteamientos y concluyó que la política había sido adoptada más allá de los límites legales establecidos para las agencias federales.
“¡Ya está dictada la sentencia! El impuesto ilegal y costoso de US$100 mil de la administración Trump ha sido anulado. Este impuesto constituía un ataque a la capacidad de EE.UU. para atraer y retener el talento altamente calificado“, celebró Bonta en un comunicado.
Impacto para empleadores y trabajadores migrantes
Antes de la creación del cargo extraordinario, los costos regulatorios asociados a las visas H-1B se ubicaban en montos considerablemente inferiores. La exigencia de US$100.000 representó un aumento que modificó de forma sustancial el acceso al programa.
Con la anulación de la medida, las empresas, universidades, hospitales y entidades sin fines de lucro vuelven a operar bajo el esquema anterior de presentación de solicitudes. La decisión también beneficia a sectores que dependen de profesionales extranjeros para cubrir vacantes especializadas, entre ellos los servicios de salud, la educación superior y la investigación.
Qué son las visas H-1B y para qué sirven
El programa H-1B permite que empleadores estadounidenses contraten temporalmente a trabajadores extranjeros para desempeñarse en puestos que requieren conocimientos especializados y formación universitaria específica.
Las normas vigentes mantienen un límite anual de 65.000 visas para empresas privadas. A ese número se suman 20.000 plazas adicionales destinadas a personas que poseen títulos de maestría o niveles académicos superiores obtenidos en EE.UU.
La autorización tiene una duración limitada y está orientada a cubrir necesidades laborales en áreas donde existe demanda de personal calificado. Durante el litigio, los estados que promovieron la demanda señalaron que los trabajadores admitidos mediante este sistema generan una contribución económica significativa.
Según los datos presentados en el proceso judicial, los beneficiarios de visas H-1B y sus familias participan en actividades económicas que representan alrededor de US$86.000 millones anuales, además de aportar miles de millones de dólares en tributos federales, estatales y locales.
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