¿El Uscis tendrá que cambiar una regla firmada por Trump?: anulan la cuota de US$100 mil para visas H-1B

Una decisión judicial volvió a poner límites a una de las medidas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Un juez federal determinó que la cuota de US$100 mil impuesta a ciertas nuevas peticiones de visas H-1B es ilegal y no puede seguir aplicándose, al considerar que el Poder Ejecutivo excedió las facultades otorgadas por el Congreso.

Según informó Courthouse News, el juez federal Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, resolvió que el cobro de US$100 mil establecido por la administración Trump para nuevas solicitudes de visas H-1B constituye en realidad un impuesto y no una tarifa administrativa.

En una sentencia de 42 páginas emitida el 8 de junio de 2026, el magistrado concluyó que el gobierno federal no tenía autoridad para imponer ese cargo sin la aprobación del Congreso.

La administración había argumentado durante el litigio que el monto era un “pago regulatorio” destinado a cumplir objetivos de política migratoria. Sin embargo, Sorokin rechazó esa interpretación.

En el fallo, el juez sostuvo que la naturaleza y la aplicación práctica de la cuota demostraban que se trataba de un impuesto independientemente del nombre utilizado por el gobierno. Además, señaló que ninguna de las justificaciones presentadas por las autoridades explicaba de manera razonada la imposición de una carga económica tan elevada para los empleadores peticionarios.

La resolución también concluyó que la medida era arbitraria y caprichosa porque afectaba directamente la capacidad de los estados demandantes para contratar personal en sectores esenciales.

La controversia se remonta a septiembre de 2025, cuando Donald Trump anunció mediante una proclamación presidencial que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) exigiría el pago de US$100 mil cada nueva petición de visa H-1B.

La iniciativa formó parte de una estrategia más amplia destinada a restringir distintas vías de inmigración. Según la explicación oficial de la Casa Blanca en aquel momento, el objetivo era incentivar a los empleadores a priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses en lugar de recurrir a profesionales extranjeros.

Las visas H-1B fueron creadas por el Congreso a través de la Ley de Inmigración de 1990. El programa permite que empresas, universidades, hospitales y otras instituciones contraten trabajadores extranjeros altamente especializados para cubrir vacantes en áreas donde existe escasez de personal calificado.

Entre los profesionales que suelen ingresar mediante este mecanismo se encuentran:

• Médicos.
• Enfermeros.
• Docentes.
• Investigadores.
• Especialistas en tecnología.
• Profesionales con títulos avanzados en diversas disciplinas.

La demanda fue presentada inicialmente en diciembre de 2025 por una coalición de fiscales generales demócratas encabezada por California y acompañada por otros estados.

De acuerdo con la información publicada entonces por Courthouse News, los demandantes argumentaron que la nueva cuota superaba ampliamente los costos reales de procesamiento de las solicitudes y creaba una barrera económica prácticamente imposible de superar para muchas instituciones.

Los estados sostuvieron que la política afectaría especialmente a universidades públicas, hospitales, sistemas escolares y centros de investigación que dependen del programa para cubrir puestos especializados.

Al anunciar la demanda, el fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que el impacto para los empleadores del estado sería devastador. Según explicó, el Estado Dorado enfrenta escasez de maestros, enfermeros y médicos, por lo que muchos servicios esenciales dependen de trabajadores contratados mediante el sistema H-1B.

La sentencia de Sorokin recogió parte de esos argumentos. El juez consideró acreditado que la cuota dificultaba la contratación de personal en universidades públicas, escuelas y sistemas de salud administrados por los estados.

También señaló que esos obstáculos podrían agravar la falta de trabajadores en sectores estratégicos y afectar la capacidad de los gobiernos estatales para brindar servicios médicos y educativos.

El Departamento de Seguridad Nacional cuestionó públicamente la decisión y calificó el fallo como “activismo judicial”, la resolución impide la aplicación de la cuota de US$100 mil mientras permanezca vigente.

En su reacción enviada a Courthouse News, un portavoz del DHS sostuvo que los cambios introducidos en el programa buscaban proteger la integridad del sistema y preservar oportunidades laborales para los trabajadores estadounidenses.

Hasta que el gobierno federal decida apelar, deberá modificar la implementación de la norma y dejar sin efecto la medida adoptada por la administración Trump sobre las nuevas visas H-1B.

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