Regla federal: el cambio que podría complicar a venezolanos con TPS que esperan renovar su permiso de trabajo

Los venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos podrían enfrentar nuevas condiciones para renovar sus permisos laborales, según el tipo de solicitud y la vigencia de su estatus. Una regla final provisional emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incorpora cambios en tarifas y procedimientos migratorios derivados de la ley H.R.1, conocida como “One Big Beautiful Bill Act”.

Entre las modificaciones más relevantes figura la reducción del período de vigencia de las autorizaciones de empleo (EAD) vinculadas al TPS. A partir de esta actualización detallada en el Registro Federal, los documentos podrán emitirse por un máximo de un año o por el tiempo restante de vigencia del estatus migratorio, según cuál sea menor.

La medida podría impactar a extranjeros que dependen de este beneficio para trabajar legalmente en Estados Unidos, incluidos venezolanos con TPS que actualmente buscan renovar sus documentos de empleo.

Con la nueva normativa, quienes cuenten con TPS deberán iniciar trámites de renovación con mayor regularidad. Mientras anteriormente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) podía conceder permisos por períodos más extensos, ahora cada autorización inicial o renovación tendrá una duración más limitada.

La reducción de la vigencia también incrementa la posibilidad de que existan demoras entre el vencimiento de un permiso y la aprobación del siguiente documento.

Uno de los principales efectos de la nueva regla es la posibilidad de que algunos trabajadores enfrenten períodos sin autorización laboral mientras esperan una decisión sobre sus renovaciones.

Si el procesamiento de una solicitud supera el plazo de vigencia del permiso anterior, el beneficiario podría quedar temporalmente sin un documento válido para trabajar. Esto puede afectar tanto al empleado como a la empresa que lo contrata.

La normativa también establece consecuencias para quienes no cumplan con los pagos exigidos por la legislación. Entre ellas se contempla el rechazo de solicitudes pendientes y la cancelación de permisos laborales asociados a determinados trámites migratorios.

Otro aspecto de la actualización es la obligatoriedad de cubrir determinados costos migratorios creados por la ley H.R.1. La disposición señala que algunos cargos, incluidos los relacionados con solicitudes de asilo y formularios I-94, deberán pagarse de manera obligatoria. Además, esos montos no podrán ser reducidos ni eliminados por razones económicas.

Para los beneficiarios del TPS, esto significa que la renovación anual del permiso de trabajo se convierte en un gasto recurrente, sin acceso a los mecanismos de exención que existen en otros procedimientos migratorios.

El escenario para los venezolanos presenta elementos adicionales debido a las decisiones recientes sobre las designaciones del TPS para Venezuela. Las autoridades federales determinaron que el país ya no reúne las condiciones necesarias para mantener las designaciones otorgadas en 2021 y 2023. Sin embargo, acciones judiciales posteriores permitieron mantener temporalmente ciertos beneficios.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, quienes recibieron su autorización de empleo en o antes del 5 de febrero de 2025 pueden conservar la validez de ese documento hasta el 2 de octubre de 2026 gracias a una orden judicial emitida en California.

Si antes de ese momento no se produce una nueva extensión judicial o una redesignación del TPS para Venezuela, los beneficiarios podrían perder tanto el estatus temporal como la autorización laboral que deriva de él. Incluso en los casos donde una tarjeta física muestre una fecha posterior, la continuidad del permiso dependerá de la vigencia del estatus migratorio que le sirve de fundamento legal.

Los venezolanos que puedan verse afectados por el fin del TPS conservan la posibilidad de solicitar otros beneficios migratorios para los cuales reúnan los requisitos. Entre las alternativas figuran:

• Solicitudes de residencia permanente por vínculos familiares o empleo.
• La obtención de determinadas visas temporales.
• El asilo también aparece como una de las vías disponibles para quienes cumplan las condiciones establecidas por la ley.

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