TPS y Ley de Ajuste Cubano: quiénes quedan libres de la regla de carga pública del Uscis al pedir la green card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó una guía actualizada sobre la aplicación de la regla de “carga pública” para determinados solicitantes de la green card. La directriz establece que determinadas personas con estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), visa U o impactadas por la Ley de Ajuste Cubano pueden quedar exentas de la norma.

La legislación migratoria federal establece exenciones para proteger de esta evaluación a ciertos sectores vulnerables de la sociedad.

Así, los oficiales de inmigración no pueden aplicar la regla de la “carga pública” para rechazar una solicitud a estos migrantes:

• Solicitantes de asilo y refugiados.
• Inmigrantes amerasiáticos en el momento de la admisión.
• Intérpretes de Afganistán e Irak o ciudadanos de esos países empleados por o en nombre del gobierno de EE.UU..
• Entrantes cubanos y haitianos bajo la sección 202 de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986.
• Solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano.
• Nicaragüenses y otros centroamericanos que ajustan estatus a residente permanente legal.
• Haitianos bajo la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos de 1998.
• Determinados beneficiarios de parole migratorio bajo la Ley Lautenberg (reclusos en libertad condicional).
• Menores inmigrantes especiales (Special Immigrant Juveniles).
• Solicitantes de registro (extranjeros presentes en EE.UU. desde antes de 1972).
• Solicitantes del TPS.
• Embajadores, ministros, diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales extranjeros, junto a sus familias.
• Víctimas de trata de personas (no inmigrantes T).
• Víctimas de actividades delictivas graves (no inmigrantes U).
• Autopeticionarios bajo la Ley contra la Violencia contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés).
• Extranjeros maltratados que califiquen como “extranjeros cualificados” bajo PRWORA.

• Cónyuges, hijos o padres sobrevivientes de miembros de las fuerzas armadas que califican para un beneficio militar póstumo o de servicio.
• Indígenas estadounidenses nacidos en Canadá.
• Miembros de la Banda de Indios Kickapoo de Texas.
• Ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos bajo la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras del año 2001.
• Ciertos ciudadanos de Polonia y Hungría admitidos bajo parole migratorio.
• Determinados ciudadanos sirios.
• Solicitantes bajo la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados de Liberia (LRIF, por sus siglas en inglés).

Según la guía del Uscis publicada el 18 de agosto, estas protecciones legales garantizan que los colectivos afectados por crisis o persecución accedan a la residencia sin trabas financieras. La directiva busca ratificar el compromiso de EE.UU. con el refugio de personas vulnerables.

Por el contrario, la normativa federal mantiene la evaluación de recursos para la mayoría de los flujos migratorios ordinarios.

Esto quiere decir que los oficiales de inmigración analizarán la autosuficiencia de los siguientes solicitantes:

• Familiares inmediatos: cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses.
• Primera preferencia: hijos e hijas solteros (mayores de 21 años) de ciudadanos estadounidenses y sus respectivos hijos.
• Segunda preferencia: cónyuges, hijos menores e hijas/hijos solteros de residentes permanentes legales (LPR).
• Tercera preferencia: hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses, junto con sus cónyuges e hijos.
• Cuarta preferencia: hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos, con sus cónyuges e hijos.
• Prometidos/as: personas admitidas como novios/as de ciudadanos estadounidenses (visas K-1 y K-2).
• Casos especiales de familia:
• Amerasiáticos basados en categorías de preferencia nacidos entre el 31 de diciembre de 1950 y el 22 de octubre de 1982.
• Viudos y viudas de ciudadanos estadounidenses (y sus hijos).

• Trabajadores prioritarios.
• Profesionales con títulos avanzados o personas con habilidades excepcionales.
• Trabajadores cualificados, profesionales (con título de bachiller) y otros trabajadores.
• Inversores extranjeros (que buscan la creación de empleo).

• Trabajadores religiosos (ministros y miembros del clero).
• Determinados empleados o exempleados del gobierno de EE.UU. en el extranjero.
• Exempleados de la Zona del Canal de Panamá.
• Graduados de facultades de medicina extranjeras (con licencia para ejercer en EE.UU. desde 1978).
• Empleados jubilados de organizaciones internacionales (G-4) y de la OTAN, así como sus cónyuges sobrevivientes e hijos.
• Personal militar de las fuerzas armadas estadounidenses (con al menos 12 años de servicio activo).
• Emisores e informadores de radiodifusión internacional.

• Diplomáticos o altos funcionarios extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen (bajo la Sección 13 de la Ley del 11 de septiembre de 1957).
• Inmigrantes ganadores del sorteo de visas de diversidad.
• Ciertos extranjeros que ingresaron de hecho a EE.UU. antes del 1.º de enero de 1982.
• Testigos o informantes extranjeros.

La regla de la “carga pública” establece que los oficiales evaluarán si el solicitante puede llegar a convertirse en carga pública a partir del conjunto de sus circunstancias y de la documentación exigible en su categoría.

La alerta que emitió la agencia detalla la nueva reglamentación. La guía técnica revoca en su totalidad las directrices de 2022 para implementar un marco interpretativo diferente.

El nuevo manual dispone que la vigencia de la norma corresponde al 18 de septiembre de 2026. Desde esa fecha, los oficiales podrán considerar la recepción de ayuda gubernamental basada en recursos para evaluar al postulante.

Finalmente, las autoridades aclararon que los oficiales analizarán cada expediente bajo una perspectiva de totalidad de circunstancias.