En qué casos se aplicará la regla de la “carga pública” del Uscis para otorgar o negar la green card de migrantes

El gobierno federal aprobó la revocación de la normativa de 2022 sobre inadmisibilidad por “carga pública”, un cambio que entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. La medida devuelve a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) una facultad amplia para decidir si un solicitante de green card dependerá del Estado en el futuro para, sobre esa base, aprobar o denegar la solicitud.

La evaluación puede aplicarse a ciertos extranjeros que soliciten admisión a Estados Unidos o un ajuste de estatus, salvo las categorías exceptuadas por ley. La regla, oficializada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), rige para toda solicitud que ingrese al sistema a partir del 18 de septiembre de 2026.

Los oficiales tendrán la facultad de analizar la edad del migrante para estimar su capacidad de trabajo y producción económica. En ese marco, el Uscis estudiará si puede demostrar que será autosuficiente.

En caso de que los oficiales determinen que el extranjero no podrá sustentarse sin depender de los beneficios del Estado, será denominado como “carga pública”. Ello puede ser motivo para la denegación de su solicitud.

Sin embargo, ningún factor negativo, como la pobreza o una discapacidad, es causa suficiente por sí misma para la denegación. La decisión quedará sujeta a el conjunto de factores que integran su situación personal y económica.

La esencia de la norma radica en un juicio prospectivo sobre la estabilidad financiera del migrante. Los oficiales deben estudiar un grupo de factores mínimos obligatorios establecidos por el Congreso. Estos elementos incluyen:

• Edad
• Estado de salud
• Estado civil o familiar
• Activos
• Recursos financieros
• Nivel de habilidades o educación

Cada uno de estos puntos servirá para predecir si la persona podrá mantenerse por sí misma en territorio estadounidense.

Un componente clave es el uso previo o actual de beneficios públicos con base en los ingresos del hogar. La agencia migratoria considera ahora una gama más amplia de asistencias gubernamentales, sin limitarse únicamente al dinero en efectivo.

Asimismo, la Declaración de Apoyo o Formulario I-864 es un documento que el oficial puede tomar en cuenta para su decisión. Aunque no es el único factor, un patrocinio insuficiente puede conllevar la denegación del trámite de residencia.

La ley federal protege a grupos específicos y los excluye de la prueba de “carga pública”. Entre las categorías exceptuadas se encuentran:

• Refugiados y asilados.
• Víctimas de trata humana con visa T.
• Víctimas de crímenes con visa U.
• Víctimas de violencia doméstica que procesan su estatus bajo la ley VAWA.

No obstante, la norma federal aclara que los beneficios por parte de familiares ciudadanos no perjudican al solicitante. La norma se enfoca en el individuo que pide el beneficio migratorio y no en su núcleo cercano.

Tampoco hay penalización por usar asistencias de salud o nutrición ocurridas antes de la vigencia de la regla. En ese marco, el DHS garantiza una aplicación prospectiva para respetar la confianza depositada en las guías anteriores.

Estas salvedades aseguran que las poblaciones en riesgo no abandonen servicios médicos esenciales por temores relacionados con sus beneficios migratorios. Asimismo, el Uscis publicará guías detalladas para que el público comprenda sus derechos y obligaciones actuales.