Visas F, J e I: la regla que limitaría a cuatro años a estudiantes y periodistas enfrenta una demanda federal

Una coalición de universidades, organizaciones educativas, sindicatos y medios presentó una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para impedir la entrada en vigor de una norma que reemplaza el sistema conocido como Duration of Status (D/S) por períodos de admisión con una fecha determinada. La regulación está prevista para comenzar a aplicarse el 15 de septiembre.

La normativa elimina el esquema conocido como Duration of Status (D/S), mediante el cual estudiantes F-1 y visitantes J-1 podían permanecer en EE.UU. mientras continuaran con el cumplimiento de las condiciones de sus programas. Los periodistas con visa I también estaban sujetos a un sistema vinculado con la duración de sus asignaciones.

Con la nueva disposición, los estudiantes y visitantes de intercambio tendrán una admisión inicial limitada a la duración de su programa, con un máximo de cuatro años. Quienes necesiten permanecer más tiempo deberán solicitar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) una extensión de estadía mediante el formulario I-539. El procedimiento incluirá tarifas y controles adicionales, entre ellos verificaciones biométricas y revisión de antecedentes.

Para los periodistas extranjeros, la permanencia inicial quedará limitada a 240 días o al período correspondiente a su asignación, según cuál sea menor. En el caso de ciudadanos de China, el límite será de 90 días. Las personas que necesiten continuar con sus trabajos en EE.UU. deberán gestionar nuevas extensiones o abandonar el territorio y solicitar posteriormente el reingreso.

“Poner fin a la duración del estatus e imponer nuevas limitaciones a la toma de decisiones académicas es una solución que busca un problema”, señaló en un comunicado Fanta Aw, directora ejecutiva y CEO de la Association of International Educators (Nafsa), una de las organizaciones demandantes. “Tras revisar detenidamente la norma final y el daño generalizado que causará a nuestro interés nacional, resulta evidente que es necesario y justificado iniciar un litigio”, agregó.

Los demandantes sostuvieron que el DHS no explicó de manera suficiente las razones para reemplazar un sistema utilizado durante más de 40 años y que tampoco evaluó de forma adecuada sus consecuencias económicas, académicas y laborales. La coalición afirmó que la decisión contradice la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) porque, según su planteo, la agencia no estableció una relación suficiente entre las restricciones y los objetivos de seguridad nacional que invoca.

De acuerdo con la demanda, también se cuestionó que el gobierno haya utilizado casos individuales para fundamentar una reforma que afectará a una población mucho mayor. Otro eje del litigio es el impacto económico.

Según el análisis citado en la demanda, una reducción del 10% en las nuevas inscripciones de estudiantes F-1 en programas universitarios podría provocar que, al cabo de diez años, el PIB anual de EE.UU. sea entre US$72.000 millones y US$145.000 millones menor de lo que habría sido sin esa caída.

La demanda sostuvo además que el DHS calculó costos administrativos por unos US$443 millones al año, pero no incorporó de manera adecuada el efecto de una eventual caída en la matrícula extranjera.

La coalición también cuestionó la necesidad de aplicar el límite de cuatro años de manera general. Señaló que un doctorado de investigación requiere, en promedio, unos 5,7 años y que numerosos estudiantes universitarios necesitan más de cuatro años para completar sus carreras. Según explicaron, la obligación de solicitar una extensión federal podría generar retrasos, mayores gastos y dificultades para mantener la continuidad académica.

La normativa federal también modifica las posibilidades de los estudiantes para cambiar de institución o programa. Para determinados alumnos de posgrado, las transferencias y los cambios de objetivos educativos quedarían restringidos, mientras que después de completar un nivel académico se limitaría el acceso a programas del mismo nivel o inferiores.

Los demandantes sostuvieron que estas disposiciones exceden las facultades otorgadas al DHS por la legislación migratoria. El documento judicial también incorporó argumentos relacionados con los periodistas.

Los sindicatos que representan a trabajadores de medios sostuvieron que la necesidad de solicitar extensiones periódicas podría generar un efecto inhibidor sobre la actividad periodística. Según su planteo, el temor a una eventual negativa discrecional podría influir en las decisiones de los corresponsales y afectar la independencia de sus coberturas.

“Nuestra Primera Enmienda deja claro que EE.UU. debe ser defensor de la libertad de prensa, no su adversario”, indicó Jon Schleuss, presidente de The NewsGuild-CWA. “Este último ataque se suma a la agresión a periodistas por parte de agentes federales en las calles estadounidenses, la reducción de fondos para los medios públicos, el desmantelamiento ilegal de Voice of America y Radio Free Asia, y la continua falta de respeto del presidente”, agregó.