El negocio de la seguridad privada

L a seguridad privada en la Argentina factura 600 millones de dólares por año. Lo que se dice un negocio de aquéllos, si se compara con el presupuesto de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es de 800 millones de dólares anuales.

En 1971, se contaban veinte empresas dedicadas a este rubro, que ocupaban a 6000 personas. La ola privatizadora, la mano de obra desocupada y la creciente inseguridad -siste-máticamente negada por quienes tienen la obligación de brindar seguridad- llevaron la curva de crecimiento a límites casi insospechados: hoy hay 250 empresas y 60.000 agentes de seguridad -12.000 son mujeres- registrados.

Se sabe que entre la Policía Federal, la de la provincia de Buenos Aires y las del resto del país, hay 140.000 efectivos en actividad. Sumadas las empresas de seguridad privada que funcionan legalmente y las que operan en las sombras, disfrazadas en algunos casos como cooperativas, la cifra asciende a 80.000: el equivalente a más de la mitad de la fuerza policial controlada por el Estado.

Esto significa que en el país se moviliza un verdadero ejército privado, sin que se sepa a ciencia cierta de dónde provienen sus integrantes -aunque se sospeche con sólidos fundamentos-, qué armas utilizan, de dónde salen esas armas y, ni siquiera, si las tienen registradas.

¿Es creíble, entonces, que la Argentina, como se nos dice con insistencia, es el país más seguro del planeta? Días atrás, fue violado el despacho del diputado Miguel Angel Toma (PJ), titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento a los Organismos de Seguridad e Inteligencia. Abrieron su computadora y sacaron datos referidos, entre otros, al crimen de José Luis Cabezas. Lo que debería aparecer como un búnker inexpugnable resultó ser un lugar tan frágil como una casa abandonada.

En la computadora de Toma también había almacenada información sobre su proyecto de ley de un nuevo marco regulatorio de las empresas de seguridad privada. "Todos sabemos cómo trabajan las empresas de seguridad privada; no aceptan ningún tipo de control", diría enseguida el legislador.

E l auge de la seguridad privada es coincidente también con el número importante de egresos de personal militar, de seguridad, policial y de inteligencia que el país ha experimentado en los últimos trece años.

En este período se incluye, por cierto, el alejamiento de sus instituciones de los militares involucrados en los motines de Semana Santa, Monte Caseros, Villa Martelli y Palermo, así como -sin haber sido separados de sus fuerzas en virtud de la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final- de aquellos que fueron raleados a causa de denuncias por violación a los derechos humanos.

Como en las encuestas de opinión, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy, apeló al siempre hermético recurso de no sabe/no contesta cuando en el Congreso Nacional los integrantes de la acotada y, al menos hasta ahora, poco relevante Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Organismos de Seguridad le preguntaron, entre otras cosas, si su organismo contaba con una nómina y datos personales de los integrantes de la Policía Federal, de la provincia y de las Fuerzas Armadas que hayan sido dados de baja, pasados a retiro, puestos en situación de disponibilidad, suspendidos preventivamente, o exonerados por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones.

Fue más explícito cuando los legisladores intentaron saber si la SIDE realiza, regularmente, un cruzamiento de datos y un seguimiento del personal desafectado de aquellas instituciones. Dijo: "No contamos con recursos económicos ni tecnológicos para llevar adelante esa tarea".

El presupuesto de la SIDE para este año asciende a 200 millones de dólares.

Lo peor del caso es que a pesar de que existe una ley sobre servicio de seguridad (la 21.265), el control sobre las empresas que contratan a personal de vigilancia y protección -salvo las que están agrupadas en la Cámara- es absolutamente nulo.

Sólo ahora, después del crimen de Cabezas, el Gobierno envía al Congreso un proyecto de ley para regular las empresas privadas de seguridad

L a seguridad privada no es, por cierto, una moda. Sería una moda demasiado costosa. Es una respuesta, en todo caso, a una cantidad de grietas que surcan todo el sistema de seguridad interna de nuestro país. "No hay una política de seguridad pública", dijo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría.

Ni siquiera hay un diagnóstico concreto. Si ni la SIDE ni el Ministerio del Interior ni la propia policía saben dónde está y qué está haciendo el personal expulsado, ¿qué mecanismos de control y prevención se pueden poner en marcha?

Sólo en la última semana de febrero, el Poder Ejecutivo anunció la creación de una comisión con competencia para investigar, entre otras cosas, las custodias personales y las empresas de seguridad privada.

El fenómeno casi desproporcionado de la seguridad privada contrasta con otros datos de la realidad que, aunque aparezcan en veredas opuestas, sirven para dar la dimensión del problema de la falta de seguridad, el descontrol, el accionar poco menos que anárquico de importantes sectores de la policía y las fallas del sistema en general. Seguridad privada y falta de reacción del Estado bien pueden ser sinónimos.

De esos datos de la realidad -indicadores de que la crisis es de fondo y no sólo de forma- surgen, entre otros, estos números:

• La población carcelaria de la provincia de Buenos Aires ronda los 20.000 reclusos. Pero se calcula que hay 5000 presos instalados en las comisarías.

• Los jueces están desbordados. Por eso, gran parte de la instrucción la hace la propia policía, aunque ahora se está modificando.

• Sobre el atentado a la AMIA -según le dijo a la Revista la diputada Nilda Garré-, se llenaron 23.000 diskettes con información referida al caso, y los resultados siguen siendo escasos.

• Sólo en la zona norte del Gran Buenos Aires, hay 40 barrios privados.

• La venta de protección es un negocio policial encubierto. Con la excusa de que esos fondos son destinados a las cooperadoras policiales, por cada cartelito en el que se lee Propiedad bajo protección policial , cada propietario paga, en promedio, veinte pesos. La suma crece si se trata de un negocio o de una empresa.

• Sólo ahora se exige el secundario completo como uno de los requisitos para incorporarse a la fuerza policial.

• En 1995, en el Servicio Penitenciario Federal, 150 guardiacárceles fueron violados por los presos.

• Por cada agente de la Federal, hay dos custodios o vigiladores que trabajan en agencias privadas de seguridad.

L a seguridad está en crisis. Y lo que agrava la situación es que, desde los más altos niveles del poder, tanto provincial como nacional, no parece darse la dimensión correspondiente a esta realidad.

Para el senador Antonio Berhongaray (UCR-La Pampa, integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Organismos de Seguridad), la sociedad está sentada sobre un volcán.

-¿Usted le cree a Anzorreguy cuando dice que no tiene un listado ni un control de los integrantes de los organismos de seguridad privada porque la SIDE no cuenta con capacidad tecnológica ni económica para confeccionarlos?

-No, en absoluto. Recursos económicos tiene, es lo que le sobra. Son más de doscientos millones de dólares los que maneja la SIDE y, sin embargo, no sabemos en qué se gastan. Habiendo voluntad política, es sencillo instrumentar ese listado y ese control.

-¿Y por qué supone que la SIDE no tiene esa información?

-Vea, yo creo que no la tiene por una cuestión de irresponsabilidad. El año pasado le planteamos esto muchas veces al ministro Corach, y para él era como si estuviéramos hablando de la guerra de las galaxias. Para el Ministerio del Interior, el seguimiento de los agentes exonerados de las distintas fuerzas de seguridad es un tema ajeno y marginal. Luego de mucha insistencia, lo único que dijo es que algo de esto lo lleva la Federal. Casi la misma respuesta la recibíamos de boca de Anzorreguy.

Creo, en definitiva, que no les interesa. Sólo ahora, lamentablemente, tras la muerte de Cabezas, la gente empieza a darse cuenta de que estamos sentados sobre un volcán, producto de la gran irresponsabilidad en el manejo de la seguridad interior. Esto me recuerda mucho a la Conadep, cuando por aquella época se decía que había desaparecidos, pero hasta que no aparecieron los informes y hasta que el periodismo empezó a trabajar sobre eso, la gente vivió casi en la ignorancia de lo que estaba sucediendo. Esto hay que decirlo bien clarito: en la Argentina hay mucha gente armada que no se sabe de dónde proviene.

-¿Cómo lo definiría a Anzorreguy?

-Es una buena persona que se maneja respetuosamente con la gente y que se ha esforzado para que la SIDE no se metiera en la investigación de los derechos personalísimos. Ahora, como investigador, ha demostrado ser muy ineficiente. En cualquier país serio, los servicios de inteligencia deben informar a los legisladores sobre el destino que le dan, por citar sólo un ejemplo, al presupuesto que ellos manejan. Acá, en la Argentina, eso suena a surrealismo. Y algunos hasta lo toman como un tema menor.

Yo sé que esta cuestión no es fácil. Hay toda una cultura de los organismos de seguridad que siguen apareciendo como cotos cerrados, en donde todavía se considera que es una osadía y una grosería que los sectores políticos o el Congreso tengan algún nivel de participación. Cuando sacamos la ley de seguridad interior y establecimos el control parlamentario vinculado a la inteligencia, fue un paso importante desde el punto de vista cultural y conceptual. Pero éramos absolutamente conscientes de que una cosa es escribir y sancionar una ley, y otra cosa es implementarla en la realidad.

-¿Hay un poder oculto dentro del mismo poder?

-Todos los servicios de inteligencia del mundo son de difícil manejo. No creo que nadie pueda tener la soberbia de decir yo conozco, manejo y hago y deshago todo lo que está debajo mío. Hay recelo entre los distintos servicios. Nunca nadie te va a mostrar todas las cartas. Esto ocurre en todo el mundo.

Una empresa de primera línea dedicada a servicios de seguridad factura 4.500.000 dólares por año. Se calcula que las empresas que actúan en negro llegan a duplicar esa cantidad

L a diputada Nilda Garré (Frepaso) sigue sin salir de su asombro después de escuchar la exposición del director de la SIDE ante los legisladores. "Anzorreguy -dice- será de todo, menos tonto. La interna de la SIDE es feroz. Y él sabe muy bien que la custodia del empresario Alfredo Yabrán fue en su momento gente que había estado en la Escuela de Mecánica de la Armada en tiempos de la represión. Parecería que la SIDE no quiere investigar ese caso."

-¿Cree que se está haciendo lo necesario para mejorar el sistema de seguridad en nuestro país?

-No. Y ni siquiera se visualiza como una necesidad. Fijate lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Cuando Duhalde se hizo cargo de la gobernación, yo estoy segura de que él sabía muy bien con qué se iba a encontrar. Es una policía que lleva 170 años -desde que se creó- acumulando poder. Aunque el código se ha reformado en parte, la policía sigue haciendo la instrucción. Y la instrucción es el proceso, en gran medida. Es la etapa en donde se recogen las pruebas, donde se hacen las primeras indagatorias. Y lo que es peor todavía: las comisarías de Buenos Aires se han convertido en cárceles. Todo funciona mal.

-Si la policía no puede controlar a su propia fuerza, ¿cómo se hace para controlar o hacer un seguimiento del personal que expulsó?

-Si hablamos de la policía de la provincia, bueno, hay que convenir que siempre mantuvo un cierto grado de centralización. La sociedad, los dirigentes políticos, los fiscales, los jueces, los gobernadores, los legisladores y los abogados siempre tácitamente les han consentido el mantener ciertos negocios. Siempre hubo sospechas que vincularon a la policía con el manejo del tema de la prostitución, el juego clandestino, el robo de autos. Durante la época de Camps, eso aumentó y se agravó y ese quiebre se hizo más profundo, haciendo crecer enormemente la impunidad.

Y ésa es, en definitiva, la policía que heredó la democracia. Además, coincidió un momento en que el ingreso de la droga se hizo masivo e importante. Quiero decir que el negocio empezó a tomar otras características, mucho más serias. Ya no se trataba de hacer plata con las prostitutas y con el juego. El panorama que se le presentó a esa policía omnipotente se extendió casi ilimitadamente. Y hoy ya lo vemos, Duhalde lo único que hizo con su tan mentada reforma policial fue decir: Muchachos, mantengan una cuota de seguridad y no me pongan palos en la rueda . Pero de ningún modo fue al centro de la cuestión.

-¿Por qué creció tanto la seguridad privada?

-Entre otras cosas, porque el Estado abandonó sus funciones.

-¿La Comisión Bicameral sirve para algo?

-Mirá, la ley de seguridad es de 1991 y la Comisión se armó un año después. Creo que murió antes de nacer. Te diría que hoy es apenas un sello de goma. Tiene obligación de pedir un informe anual sobre la seguridad, y no lo pidió nunca. Tiene obligación de hacer un informe anual, y jamás lo hizo.

-¿En la calle hay un monstruo de siete cabezas?

-Hay un monstruo de siete cabezas que, en realidad, nunca lo desarmamos del todo. Ojo, tampoco lo vamos a limpiar de un día para el otro. Pero alguna vez habrá que empezar. ¿Te acordás cuando el vigilante de la esquina no era un enemigo? Bueno, hay que volver a eso. La policía tiene que dejar de ser un gueto.

J ulio Sarmiento (46 años) es ex oficial del Ejército, paracaidista y comando, instruido por Mohammed Alí Seineldín. En 1980, tras frustrarse su ascenso a mayor, fue pasado a retiro por "diferencias ideológicas y por no compartir el sentido institucional del Ejército".

Luego de contactarse con un grupo de coroneles que manejaba una empresa de seguridad, Sarmiento creó la suya (Servín) y hoy está al frente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi). Un grupo empresario que maneja 600 millones de dólares anuales y emplea a 60.000 personas en todo el país.

-El gran negocio de los años noventa, por lo que se aprecia.

-No tanto. El 80 por ciento de esa facturación se va en sueldos, aportes e impuestos al trabajo. La ganancia limpia apenas llega al 6 por ciento.

Por cada agente de la Policía Federal, hay dos custodios o vigiladores que están trabajando en empresas de seguridad privada

-¿Cuánto puede estar facturando, en promedio, una empresa de seguridad?

-Y, anualmente, alrededor de cuatro millones y medio de dólares. Me refiero a una empresa importante, con 400 empleados. Las empresas que actúan en negro o que están disfrazadas de cooperativas y que, según cálculos más o menos reales ocupan a 20.000 personas, facturan tres veces más que nosotros.

-¿La seguridad privada cubre el vacío que dejó el Estado?

-Yo no lo diría así. Vamos a países más desarrollados. España, Francia o Italia, por ejemplo. En España, la cantidad de empresas de seguridad privada es muy superior a la que tenemos acá. La relación es dos a uno. Sin embargo, allá a nadie se le ocurre cuestionar ese sistema.

-Acá está bajo permanente sospecha.

-En realidad, somos nosotros, los empresarios, los que hemos sido malos comunicadores con la sociedad acerca de cuál es nuestra principal función.

-Y siempre se relacionó a la seguridad privada con custodios, guardaespaldas, matones y patovicas.

-La presencia de custodios de ejecutivos fue muy importante en 1976. Tan importante, que uno de los primeros decretos ley que sacó el gobierno militar fue el de reglamentar las custodias personales. Tenían diez días para registrarse. Pero, en realidad, lo que los militares querían era regular la custodia de los sindicalistas. Acordémonos de que en aquellos años cada sindicalista se movía con pequeños ejércitos propios. Vea, Yabrán es un nene de pecho comparado con esa cantidad de custodias.

-¿Quiénes son sus principales clientes?

-Nuestra cámara agrupa a las empresas que trabajan con las principales compañías nacionales y extranjeras en el país. Ellos no quieren custodia personal. Para decirlo con lenguaje futbolero, quieren marcación en zona, que se protejan sus bienes y sus empresas. Hoy, el negocio de custodio de ejecutivos es económicamente irrelevante. No debe haber más de 150 personas que trabajan como guardaespaldas de ejecutivos.

-¿Alfredo Yabrán es cliente de ustedes?

-No. Hay empresarios que crean su propio sistema de seguridad, disfrazados como empleados. Seguramente eso es lo que hace Yabrán. Probablemente, él inventó una empresa de seguridad para darse su propia custodia. Es el mismo caso de las discotecas, con los patovicas. Son empresas cautivas.

-Esos hombres armados, ¿están registrados en el Renar?

-Yo creería que sí, porque el Renar fue reestructurado y hoy funciona bien, ejerciendo un severo control. Es un trámite caro, largo y engorroso. Si yo no estoy inscripto en el Renar, probablemente no podrán identificarme, salvo el día en que tenga un problema.

-¿Las empresas de seguridad que funcionan en Pinamar son socias de la cámara?

-La mayoría de los custodios armados son empleados de la firma del empresario para quien trabaja. Por eso aparecíamos vinculados nosotros. A las empresas de seguridad que trabajan en Pinamar no las conocemos, no pertenecen a esta cámara. Y eso ocurre cuando el cliente privilegia el precio sobre cualquier otra cosa. Cuando usted contrata ese servicio sin averiguar antecedentes, suceden dos cosas: la primera es que va a tener gente mal seleccionada; y la segunda, es que usted va a ser socio de una evasión al fisco.

-¿Quién autoriza el trabajo de un custodio o un vigilador?

-La policía. Si la policía no da el alta, esa persona no puede trabajar en estas empresas. Salvo que actúe en empresas truchas o que no estén registradas debidamente.

-¿Cuál es el perfil de una persona que busca trabajo en esta actividad?

-En líneas generales, se trata de desempleados, o gente con trabajo pero con bajo salario. Las edades oscilan entre los 25 y 40 años.

-¿Y cuánto demora una empresa en contratarlo?

-Los trámites de averiguación de antecedentes duran una semana. Luego viene el examen psicológico y el proceso de capacitación. En total, alrededor de un mes.

-¿Cuántos de los 6000 agentes exonerados están registrados en esta cámara?

-Acá hay pocos. Hay quienes fueron expulsados, pero no por cuestiones graves. Fueron exoneraciones de tipo formal o por indisciplina. Es muy difícil cambiar la mentalidad de un hombre que ha sido formado en la policía. Es difícil que entiendan que esto no es una comisaría privada. Si fue exonerado por narcotraficante, bueno, esa información nos la tiene que dar la propia policía.

-¿Qué porcentaje del total de la dotación de custodia y vigilancia proviene de las fuerzas armadas?

-Alrededor del 20 por ciento. Pero en nuestra cámara no admitimos personal en actividad, eso está prohibido. Claro, no puedo negar que eso ocurra en otros lugares. Hay mucha clandestinidad.

Rosendo Fraga, por la policía pública

R osendo Fraga, consultor y analista político de prestigio, opina que en estos momentos "la seguridad es la mayor desigualdad social que existe en la Argentina.

"Tomemos los ejemplos de educación y salud -explica-. Los sectores de mejores ingresos pueden acceder a la educación privada, que tiene más calidad que la educación pública. Sin embargo, un desempleado puede mandar a su hijo a una escuela pública. Con la salud ocurre lo mismo. Hay diferentes calidades de servicio, pero para la gente de menores recursos el hospital público sigue siendo una alternativa.

Ahora, si vamos a la seguridad, entre los sectores de grandes ingresos y los de muy escasos recursos, la diferencia de calidad es enorme. Para esos sectores, la inseguridad es el mayor drama que enfrentan; yo diría mayor que la salud y la educación.

"Entonces, en el caso de la seguridad, acá se está dando una privatización fáctica de los servicios.

"Gran parte de la función que está cumpliendo la policía en la custodia de bancos y empresas, por ejemplo, son servicios privados que cumple la policía, los llamados servicios adicionales. Quiere decir que muchos de los uniformados que vemos en la calle, cumplen, además, funciones en instituciones privadas.

Esto significa que la seguridad pública es menos de un cincuenta por ciento, porque parte del despliegue policial público es también privado.

"Para mí, lo que hay que reivindicar es el concepto de la policía pública. Al no hacerlo, lo que se está generando es una profunda desigualdad social: el que puede paga por seguridad; y el que no, sufre las consecuencias."

-La seguridad privada es una característica de los años noventa, que acompañó el proceso de privatizaciones en la Argentina.

-Acá hay varios factores que convergen. Por un lado, tenemos un aumento de la inseguridad; por otro, hay un problema de ajuste en la estructura del Estado. El punto es que la privatización terminó siendo un resultado fáctico, no una política explícita. La privatización de los bancos, de las empresas estatales ha sido producto de una política explícita. Pero no ha habido una política pública específica para promover la privatización en materia de seguridad. Lo que no está planteado en nuestro país es una política de seguridad pública para los sectores de menores recursos.

-¿Hay voluntad política para resolver esta cuestión?

-Yo creo que sí. Lo que está faltando, en todo caso, es un conocimiento técnico específico para resolver esta crisis. Todo sistema de seguridad se monta sobre cuatro pilares: la policía, la justicia penal y procesal penal, el sistema carcelario y el sistema de inteligencia. Una política de seguridad pública tiene que apuntar a estos cuatro elementos. Aunque yo lograse hacer más eficaz a la policía, si esto no va acompañado de una mayor eficacia en el sistema penal y procesal penal, lo que sucede después es lo que vemos a diario: que la policía detiene a un delincuente y un juez lo libera. Yo tengo que arreglar la policía, pero también tengo que arreglar el sistema penal y procesal penal.

Es un sistema que tiene una doble misión: por un lado, tengo un reclamo policial que dice que la legislación procesal penal es decididamente liberal en favor del delincuente. Y yo creo que, frente a determinados delitos, esto es real. Y por el otro, me encuentro que dos tercios de los presos no tienen sentencia firme. Es como que el sistema no está funcionando en ninguno de los dos aspectos. Por eso digo que hay que resolver esos cuatro elementos para llevar a buen puerto una política de seguridad pública.

-¿Inseguridad y corrupción van de la mano?

-Más que la corrupción, el punto es la impunidad. Cuanto más impunidad se advierte, más aumenta el delito porque el costo o el riesgo del delito es menor. Cuanto menos capacidad de sanción y esclarecimiento hay, más aumenta el delito. Esto es como se dice en economía, la relación costo-beneficio.

-La inseguridad, a su vez, también genera violencia.

-Bueno, el gran inconveniente -que ya lo estamos viendo hace rato en nuestro país- es el tema de hacer justicia por mano propia. En toda América latina, en los sectores de menores ingresos, se está dando este fenómeno y cada vez con mayor intensidad. En la medida en que no se resuelva esta crisis de la seguridad pública, se generalizará el fenómeno de la justicia por mano propia. Y eso termina por romper todas las reglas de la convivencia social.

Por Fotoilustraciones: Juan Manuel Lima <br/> y Verónica Roca

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