La Argentina aborigen

¿Sabemos a cuánto asciende la población indígena de nuestro país, y cuántas comunidades lo habitan? ¿Conocemos sus orígenes? ¿Tenemos una idea real sobre su actual situación, más allá de la certeza de que son discriminados? ¿Los ayudó la modificación de la Constitución Nacional, en 1994? ¿Recordamos sus luchas y sus demandas? ¿Valoramos su aporte cultural? ¿Aceptamos su actuación en nuestro desarrollo histórico? Hoy, y a modo de introducción, la Revista inicia una serie de cinco notas sobre el pasado y el presente de nuestros pueblos originarios. Un aporte, simplemente, que intenta rescatar del olvido a cientos de miles de argentinos que siguen esperando una reparación histórica. La Argentina, como sostienen las distintas corrientes que los agrupan, tiene rostro indígena. Eso es lo que pretendemos mostrar.

El fondo de los tiempos -digamos, hace unos 12.000 años- parece entregarnos más información que los días que transcurren. Para empezar, ni siquiera contamos, hoy, con el dato más elemental: ¿cuántos son nuestros indígenas? Pobres entre los pobres, marginados entre los marginados, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), calcula que suman alrededor de 858.500, en tanto el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen indica que habría más de 500.000, aunque se debe aclarar que esta cifra corresponde a un censo de 1965 y dado a conocer en 1968. Este no es un dato menor: el hecho de que el último relevamiento en el nivel nacional se realizó hace treinta y cinco años habla del manifiesto desinterés por la existencia de nuestros indígenas. "Habrá que esperar hasta el año próximo, cuando finalice el censo poblacional, para determinar, fehacientemente, a cuánto asciende la comunidad indígena en el país", dice el doctor Alejandro Isla, coordinador general del INAI.

El doctor Alberto Rex González, reconocido antropólogo y arqueólogo argentino, ex docente en la Universidad de Harvard, escribió en una oportunidad: "Con respecto al caso específico del indio, no se trata de reivindicar un pasado o de conocerlo asépticamente a fondo, se trata de encarar los problemas de postergación y olvido que llevan centurias. La voz de los mismos indígenas se levanta contra la permanente injusticia de años, frente a las leyes, frente a la marginación económica y social. Esta voz se ha expresado ya en todo el continente: es el hombre autóctono que clama por defender sus derechos elementales, cansado de un paternalismo que lo ha llevado a la destrucción de su identidad y de su cultura, y a la sujeción económica más baja".

En su última visita al país, la guatemalteca Rigoberta Menchú, dirigente campesina maya y premio Nobel de la Paz 1992, dijo que "la presencia de los pueblos indígenas en un país no es necesariamente sinónimo de conflictos. Mas bien es fuente de riqueza, de identidad nacional y mayor desarrollo integral de toda la humanidad".

La inclusión del artículo 75 en la Constitución reformada en 1994 es, para algunos sectores, un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Para otros, en cambio, no deja de ser contradictorio.

"Con todos sus méritos -escribió para La Nación el profesor argentino Edgardo Krebs, investigador asociado del Departamento de Antropología del Instituto Smithsoniano, de Washington-, ese debate decimonónico en el Congreso argentino tuvo dos debilidades importantes: los pueblos indígenas del país no participaron, y los congresistas carecían de conocimientos etnográficos sobre las culturas a las que aludían. Sin la inteligencia derivada de estos conocimientos (sin las perplejidades y dudas que estos conocimientos ocasionan sobre los valores propios) cualquier discusión de la categoría derechos del indio es, necesariamente, tangencial".

"Históricamente -expresa el doctor Isla-, el Estado ha tenido con las comunidades indígenas una relación de asistencialismo, de paternalismo. Las comunidades siempre han esperado del Estado un subsidio, una limosna, sin convertirse ellas en actores. Eso es culpa del Estado. El artículo 75 vino a modificar la situación, porque en él se reconoce la diferencia y se da un status de jerarquía. Somos una sociedad que no está acostumbrada a reconocer que la diferencia, en muchos sentidos, no nos empobrece, sino que nos enriquece." Las primeras comunidades originarias en la Patagonia se remontan a 11.000 años. En el extremo sur, hay registros de aproximadamente 6000 años de antigüedad. Nuestra región mon- tañosa los albergó hace 8000 años, y en el nordeste, los primeros asentamientos se produjeron hace 7000 años.

Según el diccionario, aborigen es el originario del lugar en que vive; primitivos moradores de una región por contraposición a los establecidos después. E indígena, el originario del país de que se trata.

Para el antropólogo argentino Carlos Martínez Sarasola, la discusión sobre si es más apropiado hablar de aborígenes que de indios, hoy ya no tiene sentido. "Esto fue motivo de discusión en un momento dado. Hoy, no es relevante. ¿Por qué? Porque todos los que están en el tema saben de qué se trata. Cualquiera de esos términos, indio, aborigen, nativo, alude a algo y se sabe de qué se está hablando. Para mí, es un tema menor en este momento. Es más: los propios indígenas utilizan indistintamente esos términos. Y muchos se llaman a sí mismos indios; ellos dicen: Como indios nos conquistaron y como indios nos liberaremos." En su libro Nuestros paisanos, los indios -Emecé-, trabajo que le demandó quince años de investigación y seis para escribirlo, Martínez Sarasola sostiene: "Podemos asegurar que por lo menos hace 12.000 años los primeros hombres ocuparon el actual territorio argentino, dando lugar a desarrollos culturales locales que finalizaron en el panorama que encontraron los conquistadores españoles en el siglo XVI. Ese cuadro humano de nítidos perfiles no era, en consecuencia, un producto espontáneo: más de diez mil años de larga historia, trabajosamente transitada, constituyeron las raíces de nuestras culturas originarias, cuyos artífices aún hoy son llamados respetuosamente por muchos de sus descendientes: los antiguos".

Tan propensos a compararnos con otras culturas, alguna vez y en algunos casos hasta de sentir el sano orgullo de parecernos o ser mejores, algo hay, sin embargo, que nos nubla la memoria y nos frena el impulso de saber realmente cuán profundas son nuestras raíces. Hay quienes llaman a esto ignorancia; algunos hablan de desprecio, y otros reniegan la condición de amerindios, como si nuestro pasado se remontara tan sólo a 1810.

Hoy quedan 18 pueblos reconocidos: los mapuches, en Neuquén, Río Negro, Chubut y en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires; los collas, en Jujuy; los descendientes de onas, en Tierra del Fuego; los tehuelches, en el sur de Chubut; los huarpes, en el norte de Mendoza y sur de San Juan; los diaguitas calchaquíes, en el sur de Salta, nordeste de Catamarca y en Tucumán; los chiriguanos, en el sur de Salta; los avá-guaraníes, en el norte de Salta; los wichis, en el norte de Salta, Formosa y Chaco; los chorotes, en el norte de Salta; los chanés, en el norte de Salta; los tapietís, en el nordeste de Salta; los chulupíes, en el norte de Salta; los pilagás, en Formosa; los mocovíes, en el norte de Santa Fe y en el Chaco; los tobas, en el norte de Santa Fe, Chaco y norte de Salta; los m´byá guaraníes, en Misiones, y los ranqueles, en La Pampa y sudeste de Buenos Aires.

En un trabajo sobre la vida de los pueblos originarios de nuestro territorio, la investigadora cordobesa y descendiente de indígenas Mercedes González -de la que nos ocuparemos más adelante-, advierte: "Lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama no se protege y lo que no se protege no se rescata".