Las drogas en su propio laberinto

Por José Montero / Ilustraciones Emiliano Martínez

Los controles sobre las drogas en la Argentina comenzaron hace cien años. En ese tiempo pasamos de un período en el que las sustancias eran legales (hasta la década del 20) a una espiral de vigilancia donde los únicos perseguidos con fiereza son consumidores y perejiles. El narcotráfico, mientras tanto, creció y conformó cárteles que hoy compran (o alquilan, permutan y asocian) a jueces y jefes policiales, transan con la política y dejan centenares de cadáveres. Frente al fracaso del prohibicionismo a ultranza, los intentos de legalizar el consumo no han prosperado y nada indica que vaya a cambiar con el gobierno de Mauricio Macri. El paraguas abierto por la Corte Suprema en 2009, que despenalizó de hecho el uso personal en el ámbito privado, dejó a muchos a la intemperie. La policía sigue deteniendo a gente en la calley hay magistrados que todavía inician procesos por tenencia de pequeñas cantidades, sobre todo en el interior. ¿Los adictos? Bien, gracias. Mientras discutimos si la última década fue ganada o perdida, en el tema drogas nos fumamos un siglo entero en una derrota por goleada.

Esa es la visión de numerosos especialistas y también es la sensación que queda tras leer Historia de la droga en la Argentina, libro de los periodistas Mauro Federico e Ignacio Ramírez, un bibliorato de 472 páginas que se devora con la misma avidez con que podemos clavarnos varios capítulos de Breaking Bad al hilo. Reseña cómo evolucionó (o involucionó, o fue y vino) el tratamiento de las sustancias psicoactivas desde el arranque del siglo veinte hasta nuestros días, y trae datos desconocidos aun para el lector medianamente informado. ¿Sabías, por ejemplo, que la única ley que despenalizó la tenencia para consumo personal fue promulgada por la dictadura de Juan Carlos Onganía, el mismo represor de la Noche de los Bastones Largos y del Cordobazo? Flor de contradicción. ¿De ahí vendrá aquello de ¡la vida por Onganía!?

Luego de investigar tres años para escribir el trabajo, Ramírez se permite desconfiar de una de las últimas novedades en relación con las drogas: la incautación, en octubre pasado, en Jujuy, de casi cuatro kilos de un compuesto sintético que hasta ahora no había sido secuestrado en el país: el 2CB, Nexus o cocaína rosa (lo llaman así porque es un polvo de ese color, aunque no viene del arbusto andino). Hasta quince veces más caro que la cocaína tradicional, apunta a un público vip. En el Puente Internacional La Quiaca-Villazón, que comunica con Bolivia, la Aduana y la Gendarmería detuvieron a dos colombianos que traían el producto. La noticia salió en todos los medios, pero ¿ese fue el fin de la crónica policial? Parece que no. En este caso, Ramírez sospecha que los organizadores del embarque mandaron al muere a los dos chorlitos para hacer publicidad. "Es una forma de decirles a los consumidores: Llegó lo último, pedíselo a tu dealer". Un ¡lloren, chicos, lloren!, pero más maquiavélico. Así de compleja puede ser la trama.

BREVE HISTORIA DE PROHIBICIONES

Los vaivenes locales acerca de las drogas siempre respondieron al contexto mundial. La avanzada de Control sobre Kaos comenzó durante la Segunda Conferencia Internacional del Opio, celebrada en La Haya, Holanda, en 1912. La Argentina se adhirió a ese tratado, pero recién lo aplicó a partir de 1919, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuando el Departamento Nacional de Higiene estableció que solo las farmacias y las droguerías podían importar opio, cáñamo, heroína, cocaína y sus derivados "con fines médicos y científicos". Las sustancias formaban parte del vademécum.

El tema fue que algunos farmacéuticos se hicieron millonarios vendiendo cocó y morfina (como rezaba el tango) sin receta. Se trataba, apenas, de una contravención. Las autoridades decomisaban los frasquitos y hacían una multa irrisoria. No pasaba nada. Por eso, en 1921, se sancionó una ley sobre el "suministro infiel de medicamentos", que penaba con prisión a quienes vendieran sustancias peligrosas para la salud ocultando su "carácter nocivo". Pronto se presentó el caso de un hombre que fue detenido y luego liberado porque sus clientes declararon que ellos sabían lo que estaban comprando. O sea, no había engaño.

Leopoldo Bard era un médico radical –un adelantado a su tiempo– que presentó sin suerte un proyecto de ley de divorcio y otro de voto femenino. Bien. Pero la onda progresista se le terminó cuando impulsó la Ley 11.309, sancionada en 1924, que establecía como delitos –y les fijaba penas de cárcel– la introducción clandestina al país de las sustancias, su venta sin receta y el expendio en dosis mayores a las indicadas.

Dos años después, cuando se discutía una ampliación para esa ley, el diputado socialista Enrique Dickmann dijo una frase todavía actual: "Cuando la policía es venal y hay tolerancia de los jueces, todas las leyes represivas son letra muerta y se va a vender cocaína y habrá cocainómanos y morfinómanos, con el agravante de que estas leyes distraen tiempo, paciencia e inteligencia que el Congreso podría aplicar a mejores cosas".

Por supuesto que no le hicieron caso y en 1926 las penas de reclusión se hicieron extensivas a "los que no estando autorizados para la venta tengan en su poder las drogas y no justifiquen la razón legítima de su posesión o tenencia". Para los consumidores, ese fue el huevo de la serpiente. En 1930, la Cámara del Crimen condenó a un hombre al que le encontraron tres gramos de coca por entender que era "inadmisible la excusa del consumo personal".

Corrían épocas de mala vida y pistoleros que robaban de ciudad en ciudad en un escenario de prostitución, trata de personas y otros vicios (más o menos como ahora, bah). El orden democrático se había terminado y alumbraba la década infame. En 1938, se creó la Gendarmería Nacional, centinela de la patria, y en 1943 la Policía de la Capital se transformó en Policía Federal. Pasos firmes hacia un control botonazo del territorio, al estilo FBI.

Dentro de una corriente de moralidad, también en el 43 comenzaron a aplicarse restricciones a la difusión del lunfardo por radio, y entonces los tangos que aludían a la droga (muchísimos) cayeron en el olvido o cambiaron su letra. Famoso es el caso de Los mareados, que originalmente, con otras rimas, se llamaba Los dopados.

El primer peronismo, en 1949, limitó la inscripción de importadores de hojas de coca y en 1951 creó una comisión para "propender al definitivo desarraigo del hábito del coqueo en nuestro país". Ya es conocida la máxima atribuida a Perón: "Si querés que algo no se resuelva, creá una comisión".

Los militares que dieron el golpe de 1955 ratificaron la ilegalidad del consumo con tanto celo como el aplicado al intento de borrar el nombre de Tirano Prófugo. En 1961, Naciones Unidas realizó la Convención Única de Estupefacientes. Ahí se aprobó un tratado que fue el fundamento del régimen global de control. Al año siguiente, por una nueva ley de aduanas, la Argentina fijó penas de uno a ocho años de prisión para el contrabando de drogas.

En 1968, Onganía, por un lado, reformó el Código Civil para posibilitar la internación compulsiva de adictos y, por el otro, dictó la ley penal en la que se castigaba solo al que tuviese en su poder estupefacientes "en cantidades que excedieren las que corresponden al uso personal". Al final, La Morsa primigenia iba a quedar más open mind que Aníbal Fernández; la otra Morsa, autor de uno de los proyectos de legalización de los últimos años.

La legalización tuvo vigencia hasta 1973, cuando fue derogada por provenir de un gobierno de facto. Entonces comenzó la represión en serio de los consumidores. En octubre de 1974 se sancionó la Ley 20.771, surgida de varios proyectos, entre ellos, algunos presentados en su momento por Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón y José López Rega. Esa norma consideró al narcotráfico contrario a la seguridad nacional y estableció penas de uno a seis años "al que tuviere en su poder estupefacientes, aunque estuvieren destinados al uso personal".

Iniciada la dictadura en 1976, esa ley del peronismo de derecha causó estragos. Hubo casos tan delirantes como terribles, en los que se procesó a gente a pesar de que no había cuerpo del delito. El olor de una droga, percibido por un policía, o la declaración de que alguien había fumado un porro que ya se había evaporado eran suficientes para abrir una causa. La tortura era moneda corriente. Un padre llamó a una comisaría para que le dieran un escarmiento a su hijo porrero y los canas lo dejaron estéril por la picana. En 1978, la Corte Suprema sentó una jurisprudencia acorde a los tiempos violentos y penalizó a los consumidores. "Si no hubiera interesados en drogarse, no habría tráfico ilegítimo de drogas", sentenció con lógica verde oliva.

Durante la primavera alfonsinista comenzó a debatirse en el Congreso una nueva ley de estupefacientes, la cual vio la luz en 1989, entre la hiperinflación y los primeros meses de gobierno de Carlos Menem. Es la todavía vigente 23.737, que llenó cárceles con consumidores y traficantes menores y apenas unos pocos calabozos con peces gordos. "Prenden fuego y no queman nada", sintetizó, ya en 1991, La Renga en su tema "Blues de Bolivia".

Mientras, la jurisprudencia de la Corte siguió un camino errático desde la restauración democrática. En 1986, en un caso donde estaba implicado el guitarrista Gustavo Bazterrica, resolvió que era improcedente sancionar la posesión de pequeñas cantidades para uso personal, ya que el artículo 19 de la Constitución dice: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados". Sin embargo, en 1990, la Corte menemista volvió al criterio de la dictadura, lo cual significó un retroceso que se revirtió recién en 2009, cuando una nueva composición falló en el caso conocido como Arriola. En ese expediente, dos vendedores de marihuana fueron condenados mientras que cinco consumidores quedaron a salvo de la persecución penal. En la práctica, esto significó una despenalización parcial del consumo, siempre que se limite al ámbito privado y no participen menores.

Lo que pasó en los últimos años ya lo viviste: paco, explosión de drogas sintéticas, guerras en las villas de Buenos Aires, récord de homicidios en Rosario, túneles y búnkeres de drogas, jefes policiales procesados y jueces más que sospechados, sicarios que matan en la calle o en el estacionamiento de un shopping.

¿Qué es lo que se viene en el plano mundial? En abril próximo se celebrará la Ungass 2016, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que podría revisar el marco internacional para el control de drogas. La última reunión de este tipo fue en 1998. En las preparatorias para la Ungass, los doce países que forman la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), entre ellos la Argentina, dijeron que llevarán una postura que se aleje de lo punitivo, que se centre en la salud y deje atrás la "guerra contra las drogas" que se planteó hasta ahora, con resultados nefastos de decenas de miles de muertos en Colombia y México.

Algunos se entusiasman con la posibilidad de que la Ungass sugiera políticas no prohibicionistas, pero ahí están las potencias como Estados Unidos, Rusia y China para recordar quién manda.

LA PATA LOCAL

Como caballito de campaña, la lucha contra el narcotráfico apareció en todas las plataformas (o esbozos de plataforma) de los candidatos. Sin embargo, quienes conocen el tema como Mauro Federico no se ilusionan con las promesas electorales: "Macri evidencia falta de conocimiento, hizo una campaña de eslóganes y se rodea de gente con un perfil punitivo, persecutorio y de criminalización. No alcanza con un abordaje policial".

Desde el nuevo gobierno lo desmienten. Aseguran que tienen una mirada más amplia y que van a contemplar a los consumidores, pero descartan de plano la posibilidad de despenalizarlos. Apenas designado, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco (reemplazante de Sergio "Helicóptero" Berni), hizo su declaración de principios: "No soy partidario de la despenalización de nada que facilite a los jóvenes el acceso a las drogas. Sí creo que las personas adictas tienen que ser tratadas desde la salud y la asistencia social". Guillermo Montenegro, referente histórico de Macri en temas de Justicia y Seguridad, es tajante: "Hablar de despenalización en la Argentina de hoy no es posible. No. No hay ninguna posibilidad de que esto funcione. Lo que se va a buscar es disminuir la oferta y la demanda de drogas".

En el tema adicciones, los macristas tienen como palabra santa la de los curas villeros. Veneran en especial a José Di Paola, el padre Pepe, párroco de las villas de Barracas durante trece años que fue amenazado por los narcos del lugar y tuvo que guardarse en misión pastoral una temporada en Santiago del Estero, hasta que volvió a Buenos Aires hace unos meses para trabajar en la villa La Cárcova, partido de San Martín. El sacerdote siempre ha dicho que "despenalizar el consumo es mandar un mensaje equívoco a los jóvenes".

Más allá de los transas que querían crucificarlo, hay otras personas que cuestionan al padre Pepe por la visión eclesiástica, según la cual el adicto tiene suprimida la voluntad y la conciencia, y entonces otro debe decidir por él.

Uno de los críticos es Emilio Ruchansky, editor de THC. La Revista de cultura cannábica y autor de Un mundo con drogas, libro que investiga los caminos alternativos a la prohibición en países como Holanda, España y Suiza, entre otros. Concretamente, señala a los curas villeros, a la Iglesia católica en su conjunto, a grupos evangélicos y a las comunidades terapéuticas (granjas de rehabilitación) de haber frenado los proyectos de despenalización del consumo personal que se presentaron durante el anterior gobierno en el Congreso.

"Muchas de las granjas son ilegales, no cumplen las leyes de salud mental. Funcionan como centros clandestinos de detención, los familiares pagan para que chupen al hijo así no lo ven. Algunas prestan un servicio de secuestro. Entre varios meten al pibe en un auto y lo llevan al centro. A veces, la internación comienza con un engaño, le dicen que va por una consulta. Otros entraron por su voluntad, quieren salir y no los dejan", afirma Ruchansky.

Agrega que las granjas desechan los tratamientos ambulatorios y proponen internaciones largas por un interés económico. Hasta los centros más accesibles cobran más de $20.000 por mes, lo cual resulta caro si se tiene en cuenta que reciben subsidios, hay poco personal, los pacientes cocinan, hacen limpieza y mantenimiento, y a veces deben salir a vender pastelitos u otros productos como parte de la terapia.

Mientras tanto, en los hospitales públicos, el problema más importante no son las drogas prohibidas, sino las legales. El alcohol y las pastillas medicinales están en la mayoría de los casos de intoxicación o consumo problemático que se atienden por guardia o consultorio. María Rosa Llorens es la jefa de Toxicología del Hospital Nacional Posadas, en El Palomar. Ese servicio es el Centro Nacional de Intoxicaciones, "el" lugar de referencia en la materia para todo el país. Trabaja ahí desde 1977. Vio y escuchó de todo, hasta llamados de montoneros que querían saber (tarde) cuál era el antídoto para la pastilla de cianuro. Lo que más le preocupa actualmente es el alcohol, presente en hasta el 80% de las consultas, asociado, la mitad de las veces, a otras sustancias.

Entre 2007 y 2009 recuerda que lo peor fueron varios episodios de jarra loca, donde los consumidores mezclaron con el alcohol pastillas del abuelo que resultaron ser hipoglucemiantes. La baja aguda del azúcar en sangre llevó al coma profundo. Hubo fallecimientos y personas con daño neurológico irreversible.

Por su parte, Mónica Nápoli, médica toxicóloga del Hospital Santojanni, en Mataderos, y coordinadora del Comité de Expertos en Adicciones del Gobierno de la Ciudad, sostiene: "Yo no quiero minimizar el tema de las drogas ilegales, pero más gente sufre por el alcohol. Esa tiene que ser la prioridad número uno, seguida por el tabaco y los psicofármacos. Luego vienen, en cantidad de consultas, las otras sustancias".

Con respecto a los cambios operados en los últimos años, Nápoli dice: "En los 90 hubo un exceso de internaciones para cubrir problemas familiares y sociales, niños de 14 internados durante tres años. Ahora ya no vemos gente derivada por la justicia que hacía el tratamiento para no ir presa; no se puede penalizar a alguien por tener un problema de consumo, sería como penalizar a un diabético porque comió un dulce".

Que hay un problema hay un problema, y alcanza con los datos aportados en 2012 por la Asociación Civil Intercambios. Luego de analizar todas las causas abiertas en veinte años por violaciones a la ley de estupefacientes 23.737 –todavía vigente–, se llegó a la conclusión de que el 70% fue por tenencia para consumo. ¿Por tráfico? Únicamente el 10%. Los números hablan solos.

La última estadística del Sedronar sobre el consumo de drogas en el país es de 2014, y se basa en encuestas realizadas durante 2011. Según ese estudio, en la población que va de 16 a 65 años, el 1,5% dijo haber tomado en el último año, al menos una vez, tranquilizantes, estimulantes y antidepresivos sin receta médica. Con respecto a las drogas ilícitas, el 3,2% había consumido marihuana; el 0,7%, cocaína; el 0,04%, paco; el 0,1%, éxtasis, y el 3,4%, alguna otra sustancia ilegal. Pero, en la ciudad de Buenos Aires, los números se disparaban. El uso de tranquilizantes, estimulantes y antidepresivos sin receta médica, al menos una vez al año, alcanzaba al 3% de la población; el de marihuana, al 9,7%; el de cocaína, al 1,1%; el de paco, al 0,05%; el de éxtasis, al 0,4%, y el de otras sustancias ilegales, al 10%.

LA NACION

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