Mujeres en la justicia: por derecho propio

En julio de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió entre sus miembros a dos mujeres: Carmen María Argibay y Elena Highton de Nolasco. El más alto ministerio judicial nunca antes había tenido dos mujeres en su seno. Una sola dama había llegado antes a la Corte, Margarita Argúas. Designada en 1970, estuvo allí hasta el ’73. Desde 1853, año en que la nueva y actual Constitución nombró al primer juez, tuvieron que transcurrir algo más de 100 años hasta que una mujer fuera jueza: María Luisa Anastasi de Walger fue nombrada jueza en lo Civil en 1957. Entonces empezó el arduo camino del reconocimiento, repleto de anécdotas discriminatorias y afrentas. No cabe duda: ha sido un largo recorrido, y falta bastante más.

Comenzó así a resquebrajarse el famoso "techo de cristal", término muy conocido en el ámbito judicial que proviene del mundo anglosajón y se utiliza para dar cuenta de una regla no escrita, una suerte de código invisible que impide el ascenso profesional y laboral de las mujeres en diversos ámbitos institucionales, públicos y privados.

En la actualidad, dos nuevos datos se suman al collar de logros del sector femenino en la Justicia. De los 183 magistrados ternados por el Consejo de la Magistratura para la selección de jueces, los puntajes alcanzados en las calificaciones por mujeres corresponden a 158,17 puntos, sobre 150,96 de los varones. Cabe recordar aquí que, de esos 183 magistrados, sólo el 26% eran mujeres.

Otro dato: en el premio que otorga desde el año 2002 el Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores) a la excelencia en la administración de Justicia, la mayoría de los juzgados ganadores de la distinción están presididos por juezas.

Existe una lógica, si se quiere, para justificar esta excelencia en la cumbre, y para ello hay que mirar a la base. Según el censo de 2004 en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, el 61,4% son mujeres. Reflejo de las cifras totales del conjunto de la UBA, donde seis de cada diez alumnos son mujeres. Esto, a su vez, se repite en los posgrados, si bien la brecha es más exigua: hay un 45,4% de varones y un 54,6% de mujeres.

En cambio, si observamos el cuerpo de profesores de Derecho (UBA) encontramos que los varones representan el 52%, cuatro punto porcentuales más que las mujeres. Pero el ascenso en la pirámide, y la forma en que empieza a truncarse el camino de las damas, se observa en los números del cuerpo docente global de la UBA: en la categoría profesores, sólo el 39,1% son mujeres. En tanto, en la categoría auxiliares el porcentaje de mujeres predomina con un 55,7 por ciento.

La disminución señalada para el conjunto de la Universidad no tiene ninguna excepción en las catorce unidades académicas y tampoco en el Rectorado. En todos los casos, en mayor o en menor medida, los varones aumentan su porcentaje cuando se pasa de analizar los auxiliares a analizar a los profesores. He aquí la primera viga del techo de cristal.

Desde 2003, casi el 41% de los juzgados nacionales inferiores está en manos de mujeres, pero hay sólo un 18% de damas en la instancia más alta de apelación. Lo mismo hallamos en los juzgados federales: las juezas presiden un 31% de los tribunales federales inferiores y un 18% de las cámaras federales de apelación.

Las mujeres, además, permanecen en los escalafones más bajos de los juzgados, donde representan un 60% del total de empleados judiciales. La diferente participación de las mujeres en los distintos fueros es otra señal de segregación: las mujeres encabezan el 44% de los juzgados civiles de primera instancia y el 47% de los laborales, pero no ejercen la magistratura de ningún juzgado del fuero penal económico.

Sólo el 17% de los cargos en las Cortes Supremas provinciales está ocupado por mujeres. Son 22 entre 131 hombres, y repartidas en forma no representativa: 16 jurisdicciones cuentan con ellas entre sus más altos magistrados, y ocho no. Pero, además, en ninguna provincia hay la misma cantidad de mujeres y de hombres en las cortes supremas. Son minoría en todas.

En su contundente trabajo ¿Un techo de cristal en el Poder Judicial?, la abogada e investigadora Paola Bergallo llega a la conclusión de que el proceso de desagregación por géneros en las selecciones de jueces federales y nacionales del Poder Judicial se ha desacelerado: no está especificado en ninguna parte la necesidad de promover la igualdad de géneros en la Magistratura, aunque haya habido un cambio para mejorar la elección, con un procedimiento de selección mixto, meritocrático y político.

"Es decepcionante –dice en su trabajo–, especialmente si se tiene en cuenta que uno de los objetivos de la reforma fue mejorar la calidad del Poder Judicial, para lo cual es indispensable una Magistratura más igualitaria y diversa."

Bergallo afirma que, si bien hay por primera vez dos mujeres en la Corte Suprema de Justicia, las mujeres jamás presidieron el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y ocupan sólo cuatro de los 15 puestos titulares de su comisión directiva, aunque ya en 1999 representaban el 42% de su matrícula.

Tampoco han ejercido el decanato de facultades de Derecho asiduamente, e instituciones tales como la Facultad de Derecho de la UBA nunca fueron presididas por ellas.

En la misma facultad, sólo el 15% de las cátedras están a cargo de mujeres, a pesar de que las graduadas constituyen más del 50% desde fines de la década del 70. La situación es similar en otros espacios de poder dentro del Derecho, como el Consejo de la Magistratura, donde apenas ocupan tres posiciones de las 20 disponibles; nunca o sólo excepcionalmente las mujeres han ocupado espacios de conducción en la Procuración General de la Nación, la Procuración del Tesoro, las secretarías de Derechos Humanos y de Seguridad, la jefatura de la Oficina Anticorrupción o las intervenciones federales.

El "techo de cristal" alude a un tope que no se ve, pero que existe. Una suerte de código invisible que, como la propia Bergallo manifiesta, se traduce en restricciones estructurales. "La mayoría de las mujeres trabaja en ambientes ocupacionales diseñados por hombres y estructurados de forma tal que, a pesar de pretender la neutralidad de género, sólo perpetúan las desigualdades –dice–. De hecho, en un sistema en el que los hombres son el molde, las prácticas de reclutamiento, exigencias de ingreso, promoción y políticas de retención, a pesar de su pretendida neutralidad, privilegian a los candidatos por sobre las candidatas."

La doctora Elena Highton de Nolasco recibió a la Revista en su despacho de Tribunales. A la pregunta acerca de si pesó la condición de género dentro su carrera, respondió: "Es difícil decir que tuve tropiezos personales. Indudablemente, tardé más en ir a la Cámara. Fui defensora oficial, después me nombraron juez; estuve unos 17 años como juez de primera instancia. Otros ascendieron más rápido que yo, pero al final llegué a la Cámara. Tardé más de diez años en llegar allí". Y sonríe con los ojos. No hay atisbos, detrás de esa mirada serena y llana de la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, de la profesora titular de Derecho Civil de la UBA. Ni pesan, en la charla, sus posgrados en Escuela Judicial de la Universidad de Nevada y en la Universidad de Harvard, EE.UU., entre otros.

Highton de Nolasco se ve a sí misma con cualidades que fueron "propiedad" del coto masculino. "Yo siempre he sido de acción, ya que además de los 35 libros que tengo publicados he sido consejera en la facultad y en la Asociación de Magistrados. De alguna manera, yo he sido de acción: de acción en las reformas en la Justicia, de acción en cada caso en los últimos 20 años con cada ministro, secretario, subsecretario de Justicia... También trabajé mucho en escuelas judiciales y, junto con otra colega, se intentó crear un germen de la escuela judicial en la Asociación de Magistrados e involucrar a otros actores. Personalmente, me considero de acción, aunque efectivamente también me encierro a escribir libros."

Cuando le consultamos si en el lugar que está siente diferencias por ser mujer, vuelve a sonreír y, luego de una pausa, dice que, en efecto, la miran más por ser mujer. Al preguntarle por sus admiraciones particulares, reflexiona: "Uno reconoce a todas las mujeres jueces anteriores. Pero el reconocimiento que yo hago de las mujeres no es sólo el de las importantes. Porque, en realidad, todas las mujeres que están luchando, trabajando, tratando de mantener a su familia, sin ser importantes en el sentido de ser famosas, son muy importantes para la sociedad y para las demás mujeres, para el rol de las mujeres y para la humanidad, para la comunidad y sobre todo para la pacificación del mundo".

"Las mujeres –se detiene a pensar; luego agrega–: son más trabajadoras, más detallistas, más aplicadas, más constantes. Esto no es así en todas las mujeres y todos los hombres, pero hay una constancia mayor en general: esta idea de que hay que cumplir y que no se puede quedar mal, porque la mujer tiene esa idea de sobrecarga si queda mal, ya que queda mal por ella y hace quedar mal a otras mujeres. Hay una conciencia de género."

Finalmente, Highton habla de un proyecto que la entusiasma y que ahora tiene entre manos: "La Corte está organizando una oficina de violencia doméstica. Y el doctor Petracchi me encargó el armado de la estructura. No es un juzgado, es un servicio de atención las 24 horas para atender casos de violencia doméstica. El edificio estará alrededor de la plaza Lavalle. Se hará un seguimiento de cada caso. Es una atención de urgencias y una constatación en ocasión de lesiones; una atención del análisis de riesgo; porque, lamentablemente para los jueces, cuando tienen que atender violencia doméstica, si bien en 48 horas tendría que estar el análisis de riesgo, a veces tarda entre cinco y seis meses, con lo cual los jueces deciden a ciegas, pero no es lo que correspondería para que el Poder Judicial pudiera decidir."

El proyecto –cuenta– ya está aprobado por la Corte, y se estará llamando a concurso en breve. "La idea es que si funciona bien pueda extenderse a las provincias. Por ahora vamos a hacer un proyecto piloto en la Capital Federal. Es una oficina que no es un juzgado, sino una estructura organizada y dependiente de la Suprema Corte de Justicia."

Al irnos, la doctora Highton nos extiende la mano sin ningún apuro, pero ya se siente el trajín de sus asistentes, que preparan otras salas con nuevas entrevistas del día. Al salir, gira y nos pregunta: "¿Ya entrevistaron a la doctora Argibay?". Mientras el periodista piensa qué responder, ella agrega, sonriente: "Una nota como ésta, sin ella no tiene sentido".

Lamentablemente, a la doctora Carmen Argibay no fue posible entrevistarla. Estaba participando en la VIII Conferencia de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (AMJA) en Sydney, Australia. Argibay fue el alma máter de una filial argentina de AMJA, que debutó en 1993 con un seminario sobre violencia doméstica al que siguieron otros con temas tales como derechos del niño, derechos humanos e igualdad en la jurisprudencia. Para muchos organismos que trabajan en el tema de género, AMJA logró instalar en un nivel alto aquellos problemas de que siempre fueron objeto los sectores más sufridos, como lo son la violencia de género y el desamparo en la infancia.

Antes de ser nombrada en la Corte Suprema de Justicia, la doctora Argibay fue integrante de la Corte Penal Internacional de La Haya. Su elección para el máximo tribunal mundial, que juzga, entre otros, los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia, la consagró como uno de los 27 jueces elegidos por la Asamblea General de la ONU. Sólo eran ocho las mujeres en dicho tribunal.

Argibay alguna vez dijo: "Cuando me recibí supe enseguida qué era la discriminación, porque mi primer juez, que decía a todo el mundo que yo era la mejor empleada que tenía, no quiso nombrarme secretaria por ser mujer". Entre 1998 y 2000 presidió la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. "Hay que defender los derechos de la mujer y pedir igualdad de oportunidades", fue su primera declaración pública cuando llegó a la Corte Suprema. Al igual que su par, Highton de Nolasco, la doctora Argibay sabe que las mujeres tienen conciencia de su género y que por lo tanto su acción es diferente. En contra de lo que estipulan las convenciones patriarcales, supo decir alguna vez: "Las mujeres tenemos más los pies sobre la realidad. Además, la justicia es más humana en nuestras manos, menos formal, menos rígida y académica".

"Desde hace más de 10 años yo tengo en mi estudio, como socia, a una mujer, y también hay más mujeres que hombres aquí adentro –dice el doctor Ricardo Gil Lavedra, conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 2002/2005–. Yo creo que las mujeres tienen una dedicación especial, mucho más focalizada que los hombres; además, en esta profesión hay que contener mucho al cliente, y ellas »hacen uso de ese cariz humano, de su sensibilidad, y creo que en esto los hombres hemos perdido la batalla. La mujer, es evidente, tiene que hacer un sobreesfuerzo para alcanzar los lugares a los que hombres no les permiten acceder plenamente; la nuestra es una sociedad absolutamente machista todavía."

Por su parte, el ex ministro de la Corte Suprema Gustavo Bossert ofrece su análisis: "Recién en los años 40 y 50 se redactaron las primeras leyes de igualdad entre los sexos dentro del matrimonio en Occidente, y desde hace muy poco tiempo las mujeres luchan contra esta discriminación. En el Derecho y la Justicia, lentamente están llegando a los lugares que les corresponde. Pero quiero destacar que, a lo largo de mi carrera, en Derecho de Familia he visto, cuando se trata de conflictos familiares que involucran a menores, que la actuación de las mujeres ha sido fundamental. Mientras que desde el comienzo de los tiempos los hombres se dedicaron a luchar y matar, las mujeres han sabido defender y cuidar la vida; eso en el ámbito de la Justicia se ve en la práctica cotidianamente."

Más datos: www.foresjusticia.org.ar

Fores es una asociación civil sin fines de lucro que lleva 28 años destinados al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación, la capacitación y la asistencia técnica. Junto a expertos de la Universidad Torcuato Di Tella realiza, desde 2004, el Indice de Confianza en la Justicia. En marzo de este año, en el ítem En términos de equidad y eficiencia la Justicia Argentina es…, el segmento "poco confiable" obtuvo la mayoría, con el 57% de los entrevistados, y en el ítem En cuanto a honestidad, la justicia argentina es… la respuesta "poco confiable" fue dada por la mayoría, el 57% nuevamente, sobre un universo de población mayor de 18 años, y un total de 800 entrevistados en varias ciudades del país y la Capital Federal. Justamente por este panorama desolador es que Fores, actualmente junto a IDEA y la UTDT, entrega, desde hace cuatro años, el Premio a la Excelencia en la Administración de Justicia. Esta labor es liderada por un consejo consultivo que realiza por el término de un año un análisis detallado de la productividad de cada fuero basándose en las estadísticas de la Corte Suprema disponibles, en un trabajo de campo sobre la atención al público, en una encuesta a abogados, en cotidianos usuarios del servicio y en la evaluación de la calidad ética de los jueces y la gestión del juzgado como equipo. "Hay una Justicia que sí funciona y hace grandes esfuerzos por brindar un buen servicio al ciudadano, a pesar de la falta de incentivos por parte del propio Estado", dice en la gacetilla de los premios. El proyecto, lanzado en 2002, consiste en premiar anualmente a dos juzgados de primera instancia de la justicia nacional con asiento en la Capital Federal. Y desde entonces, exceptuando 2003, lo ganaron algunos juzgados liderados por mujeres. En 2002: Juzgado en lo Civil N° 19, a cargo de la Dra. Elisa Díaz de Vivar. En 2004, el Juzgado N° 22 del Fuero Contencioso Administrativo, a cargo de la Dra. María José Sarmiento, y en 2005, por primera vez ambos premiados están capitaneados por mujeres: el Juzgado de Menores N° 4, a cargo de la Dra. María Cecilia Maiza, y el Juzgado N° 39 en lo Laboral, a cargo de la Dra. Cristina Solvés. Isabel Duelo van Deusen, encargada del área de comunicaciones de Fores, dice: "Estas cuatro juezas generan confianza en la gente, porque son independientes e íntegras y combinan en su gestión la eficiencia con la calidad humana. En una justicia argentina tan golpeada, lo positivo hay que mostrarlo".

En el camino hacia el reconocimiento de los derechos de la mujer, muchas pasaron a la historia como pioneras. Eva Perón, la primera, procuró el voto femenino y la Libreta Cívica. Alicia Moreau de Justo fue otra legendaria luchadora. Muchas pasaron al olvido, y tuvieron un rol fundamental en abrir caminos para la institucionalización de la mujer y de sus derechos a la vida pública.

Blanca Stábile (1911-1991) fue titular, en 1958, de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección Social de la Mujer, dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fue embajadora argentina ante la ONU y una de las primeras mujeres de América en el estrado. Silvia Beatriz Beratti de Serra (1945-1997), socióloga, investigadora, honró la administración pública, desde donde tuvo la responsabilidad de instrumentar políticas de Estado en favor de la mujer. Feminista comprometida, dirigió el Consejo Nacional de la Mujer.

Florentina Gómez Miranda, abogada, fue diputada nacional entre 1983 y 1991, y presidió la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, creada por su propia iniciativa. Presentó más de 150 proyectos legislativos, y por su larga trayectoria es una mujer que tuvo reconocimiento público. Otras, en cambio, llevan nombres conocidos en cenáculos de la academia, como Hortensia Gutiérrez Posse, ex jueza, profesora de Derecho Internacional Público (UBA) y primera profesora argentina en la exclusiva Escuela de Derecho Internacional de La Haya.

Verdadera pionera fue también Guillermina del Campo, primera jueza en lo laboral. Antes, la doctora María Luisa Anastasi de Walger fue la primera jueza del país nombrada en el fuero civil. Presidió el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados y también fue profesora universitaria. Falleció en 2004 a los 87 años (ver aparte).

En el camino hacia el reconocimiento de los derechos de la mujer, muchas pasaron a la historia como pioneras. Eva Perón, la primera, procuró el voto femenino y la Libreta Cívica. Alicia Moreau de Justo fue otra legendaria luchadora. Muchas pasaron al olvido, y tuvieron un rol fundamental en abrir caminos para la institucionalización de la mujer y de sus derechos a la vida pública.

Blanca Stábile (1911-1991) fue titular, en 1958, de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección Social de la Mujer, dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fue embajadora argentina ante la ONU y una de las primeras mujeres de América en el estrado. Silvia Beatriz Beratti de Serra (1945-1997), socióloga, investigadora, honró la administración pública, desde donde tuvo la responsabilidad de instrumentar políticas de Estado en favor de la mujer. Feminista comprometida, dirigió el Consejo Nacional de la Mujer.

Florentina Gómez Miranda, abogada, fue diputada nacional entre 1983 y 1991, y presidió la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, creada por su propia iniciativa. Presentó más de 150 proyectos legislativos, y por su larga trayectoria es una mujer que tuvo reconocimiento público. Otras, en cambio, llevan nombres conocidos en cenáculos de la academia, como Hortensia Gutiérrez Posse, ex jueza, profesora de Derecho Internacional Público (UBA) y primera profesora argentina en la exclusiva Escuela de Derecho Internacional de La Haya.

Verdadera pionera fue también Guillermina del Campo, primera jueza en lo laboral. Antes, la doctora María Luisa Anastasi de Walger fue la primera jueza del país nombrada en el fuero civil. Presidió el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados y también fue profesora universitaria. Falleció en 2004 a los 87 años (ver aparte).

Por Sylvina Walger

Cuando hoy veo la cantidad de mujeres que desempeñan cargos importantes, no puedo dejar de preguntarme si a sus hijos la opción de vida de sus madres les habrá resultado tan incordiante como a mí. Entonces me doy cuenta de que no, de que los tiempos han cambiado y que esta historia ocurrió hace más de medio siglo, cuando las mujeres que se arriesgaban a una vida propia (dentro de un articulado clima burgués, claro) no solían formar una familia. Yo tenía 14 años cuando la Libertadora (sí, la "Libertadora") la nombró juez. Ella misma me lo anunció en una inolvidable escena en la que en realidad le estaba pidiendo permiso a su hija mayor para estar más tiempo fuera de casa. Supongo que hizo lo mismo con sus otros dos hijos, pero entre nosotros el episodio jamás fue comentado.

Recuerdo que no le contesté nada, ni que sí ni que no, pero internamente sentí que no se lo iba a perdonar nunca. Tampoco es que la viera mucho: ella se pasaba el día en su estudio de abogada. Para la adolescente que yo era, todo aquello significaba seguir siendo "rara" en el mundo en que me había tocado circular. Es decir, tener una madre invisible a la que jamás nadie vería en la puerta del colegio. Tan impensable como verla en una fiesta infantil dialogando con otras madres. No se trataba, la mía, de una actitud despreciativa, sino de tremenda inseguridad. La jueza (apelativo que odiaba, y con razón) ignoraba los componentes básicos de una conversación intrascendente. Igual que desconocía los rudimentos de la coquetería, que con el tiempo logré que aceptara. Había cumplido 40 años cuando le enseñé a pintarse los ojos, único modo que encontré para poder hacerlo también yo. Nobleza obliga, jamás dejó de llevarnos a las innumerables citas con los médicos y psicólogos que el absurdo (es un decir) comportamiento de sus tres hijos requería.

Tan frontal y batalladora como exigente y ascética, podía ser arbitraria y antipática, pero también pródiga con el bolsillo. Supongo que fue un hueso duro de roer para cualquier abogado que se interpusiera en su camino (sin mencionar el alboroto que producía en el mundo de mi padre).

Siendo jueza jamás se prestó a una entrevista o a un diálogo con cualquiera de las partes en litigio. Una vez una pobre señora en vías de separación (por entonces no existía el divorcio ni el 67 bis) se animó a tocar el timbre de casa. Yo le abrí la puerta: la mujer lloraba desconsoladamente y pedía hablar con mamá. Mis desgarrantes súplicas fueron en vano y la dama emprendió el camino de regreso después de escuchar algo así como que la justicia no se impartía desde el domicilio particular del juez.

Dos episodios graves marcaron su debut como jueza a cargo del Juzgado Nº 10 de primera instancia en lo Civil. El primero fue lo que hoy conocemos como un "apriete". Los mismos –uno de ellos un viejo y entrañable amigo– que habían sugerido su designación (por causa de sus méritos) pretendieron imponerle los contenidos de un fallo. La doctora resultó ser inmanejable, y del amigo nunca más oímos hablar. El segundo, más pintoresco si se quiere, fue el entredicho que la enfrentó en uno de sus primeros fallos al escritor y ex juez nacionalista Ignacio Anzoátegui. Este la recusó alegando que "la justicia no podía emanar de una mujer". Mi madre no vaciló y, previo contestar que la Justicia carecía de sexo, lo mandó preso a la Alcaidía de Tribunales. El tiempo limó estas diferencias y entre ambos se estableció una excelente relación.

Otros dos episodios ocurridos años más tarde terminaron por demostrarme que mi madre era una mujer dura, pero inteligente y flexible. Uno fue la incorporación al Código Procesal Civil del artículo 67 bis, que permitía la separación de los cónyuges por mutuo consentimiento (en cuya redacción, siendo divorcista, colaboró por pedido de –al menos para mí– un ministro de recuerdo ingrato: Guillermo Borda). Hasta ese momento, las únicas causales de separación admitida eran el adulterio y otras faltas graves. Allí aprendió que en la vida no todo es blanco o negro, que se puede desear no vivir más con alguien sin necesidad de ser adúltero/a. El otro, y aquí le rindo un homenaje postrero, ocurrió en 1973, en pleno gobierno peronista. Mamá era camarista en lo civil y no recibió el acuerdo para seguir en el cargo. El argumento fue mi militancia en la "tendencia revolucionaria" del peronismo. Tenía 53 años y estaba obligada a empezar de nuevo.

Desde aquí le agradezco no haber pronunciado jamás una palabra en contra de mí.

* La autora es periodista y escritora

Las tres son jóvenes. Dos de ellas están en el umbral –Julieta Di Corletto y Paola Bergallo–, y la tercera, Mary Beloff, ya ha recorrido un trecho largo en el camino de la academia. Las tres coinciden en su procedencia: hicieron la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Se recibieron con diploma de honor en la Facultad de Derecho. Realizaron posgrados en el exterior –Di Coletto y Beloff, en Harvard; Bergallo, en Columbia, y ahora otro en Stanford–. Tienen posiciones tomadas respecto de su género, pero saben que la verdadera revolución se hace desde adentro. Para ellas, feminismo significa, antes que nada, derechos humanos. "En todas las áreas del Derecho hay un subdesarrollo de los instrumentos jurídicos. La mujer no es vista como víctima de muchas formas de discriminación", sentencia Paola Bergallo. "Estudiando en EE.UU. me di cuenta de que las cosas que me incomodaban en el trabajo eran claramente discriminatorias. Antes no me había dado cuenta de que lo que me pasaba a mí y a otras mujeres tenía un nombre. Por ejemplo, en algunas entrevistas de trabajo me decían que tenía el perfil requerido, pero querían saber si era casada y si tenía planes de tener hijos. Es una pregunta intimidatoria que nunca se le formularía a un hombre", dice Di Corletto. "Cuando yo entré en Tribunales, en los antiguos penales de sentencia se jactaban de no permitir que entraran mujeres (y fue hace no mucho). Era común que te dijeran: a tal juzgado no te presentes porque no eligen mujeres, ni siquiera como meritoria –agrega Beloff.­ Hoy, en la facultad, mayoritariamente son mujeres las que llegan a abanderado o escolta. Hay una gran cantidad de profesoras. Todavía en la titularidad de cátedras esta incidencia no refleja lo que es la proporción real de las mujeres en la profesión legal."

Ellas esperan su turno para realizar sus contribuciones. A Di Corletto le interesaría participar en la reforma de los programas de derecho penal: "Introducir bibliografía nueva, estudios sociológicos, miradas distintas desde la perspectiva de los excluidos". A Bergallo le gustaría aportar para la transformación de la enseñanza del derecho: "Redefinir al docente, que en otras partes del mundo tiene mucha más dedicación que aquí". Y Beloff no duda: "Me encantaría ser jueza de la Corte Suprema de Justicia. Siento un enorme sentido de la responsabilidad y del deber, por eso soy abogada".

Por Por Rodolfo Arze

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