Todos contra Batakis
Los que boicotean el programa de ajuste de la ministra de Economía son los aliados del Presidente: gobernadores, sindicalistas y movimientos sociales
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LA NACIONCarlos Pagni
Un gráfico que se titula “Gobernar es gastar” y que muestra la historia del gasto público desde el año 2004 en adelante nos va a permitir entender cuál es el problema central en el que está Silvina Batakis, y alrededor de ella todo el Gobierno, pero en especial el problema en el que se encuentra el país.
En este trabajo se ve claramente la curva de ascenso del gasto, desde el Gobierno de Néstor Kirchner hasta hoy. En 2007, 2008, 2009 hay un gran crecimiento del gasto público. Y una disparada entre 2008 y 2009, que se llama Sergio Massa, durante el gobierno de Cristina Kirchner, por la gran incorporación de beneficiarios a ciegas de la Anses, que dirigía Massa. Ahí empieza el corazón del problema fiscal de muy difícil resolución porque es muy complejo, políticamente, tocar las jubilaciones. A pesar de eso, en su última revisión, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que dio a conocer su informe hace dos semanas, pide una reforma previsional.
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En el mismo gráfico se ve cómo Macri reduce drásticamente el gasto público. Esta es la historia fiscal de Macri, probablemente también su historia política. Si esto lo mira Cristina o cualquier persona del kirchnerismo va a decir: “Bueno, es obvio que tenemos que seguir haciendo lo que hacíamos porque a Macri le debe haber ido mal por esto”. Durante el gobierno de Alberto Fernández se ve una suba en 2020, que luego se mantiene en niveles altísimos, con un aumento del gasto de 4,5% del producto.
Este es el problema que debe resolver Batakis. Si uno mira lo que está pasando hoy, sin dejarse llevar por declaraciones y por el ruido de superficie, todo el oficialismo está yendo al ataque de la ministra de Economía para que gaste más y no menos. Hay un discurso, inclusive producido e instalado desde la casa de Gobierno, que consiste en decir que Batakis tiene un problema: el silencio de Cristina Kirchner. Es verdad, no sabemos cuándo se va a pronunciar la vicepresidenta sobre el ajuste que tiene que hacer Batakis. Pero, aun así, el de la Casa Rosada es un discurso sumamente engañoso porque lo que vamos a ver es que los primeros que salen al ataque de Batakis con demandas, son los aliados del Presidente, no necesariamente los aliados de Cristina Kirchner.
El tema que está en la agenda del día es que, como siempre, le pasó también a Macri, la reducción del gasto público supone tocar una palanca que es la de los subsidios energéticos. También es un tema sumamente delicado y por eso, durante todo el período kirchnerista, sobre todo durante la larga secuencia de Cristina Kirchner, ensayaban alguna reducción del gasto por vía de subsidios energéticos que no lograban finalmente hacer por miedo a una gran rebelión social. Tiene lógica. Si uno mira cómo empezó la caída de Dilma Rousseff en Brasil a partir de 2013, que termina en un impeachment, tiene que ver con el precio de los servicios públicos. Le estalló a Iván Duque en Colombia por querer subir el precio de la energía, segmentando. Igual que acá. Si uno mira la historia de la gran rebelión social que hubo en Chile, que está en las pesadillas de Cristina y de Máximo Kirchner, que casi se lleva puesto al gobierno de Sebastián Piñera, también hubo un aumento en el costo de los servicios públicos. Si vemos cualquier país del mundo, cuando suben los servicios públicos se produce una crisis política. Quiere decir que los Kirchner miran bien. Hay un problema.
En otro gráfico, muy sencillo, podemos ver el problema energético, en comparación con lo que cuesta la energía en la región. El gráfico hace una diferencia entre el sector industrial y el residencial y calcula el precio en dólares por megawatt/h. En Uruguay, 127 contra 273. En Paraguay, 42 contra 60. En Chile, 110 contra 164 dólares. En Brasil, 112 por 188. La Argentina tiene dos características anómalas respecto a todos los demás. Primero, el residencial está regalado, 73 dólares. Pero lo más importante es que, a diferencia de lo que pasa en cualquier lugar del mundo, se le cobra menos al residencial y más a la industria. En una actitud totalmente demagógica, porque obviamente que nosotros pagamos igual este costo en el precio de los bienes. Esta energía que paga de más la industria se le traslada al consumidor que la paga barata. Esa diferencia que surge al comparar los 273 dólares residenciales uruguayos con los 73 de la Argentina genera un gran costo fiscal. Esto se paga con impuestos, que son los que alimentan los subsidios. Además, implica un ataque sobre las reservas monetarias. Los dólares que faltan, el problema de salida de dólares no es solamente porque la gente huye del peso; hay una necesidad de dólares para importar energía porque nadie invierte en producir energía con estos precios. Asimismo, hay una tercera dimensión. Ese producto, al estar tan barato, induce a un derroche. ¿Quién controla si la luz está prendida en una casa hoy? La gente de determinada edad que tiene todavía una memoria histórica de cuando la energía era cara. A partir de determinada edad la gente ya no controla si está la luz prendida o apagada porque no sabe cuánto vale. Ahora, heredera de la agenda de Martín Guzmán, Silvina Batakis tiene que hacerse cargo de este problema muy complejo y probablemente sea inconducente la solución que le están buscando.
Guzmán se fue con este tema en la mira. Se produjo el informe del Fondo y el jueves siguiente Guzmán tuvo una conversación a solas con Alberto Fernández. Lo que trasciende en la Casa de Gobierno de esa conversación fue que el exministro le adelantó a Fernández que él se iba salvo que echara a la gente de Cristina Kirchner en el área energética y salvo que le permitiera a él poner a un funcionario propio en la mesa de dinero del Banco Central, donde se hacen las operaciones financieras. No que se vaya Miguel Pesce, sino tener a alguien que conviva con los técnicos de Pesce en la determinación de las operaciones financieras diarias del Banco Central. Aparentemente, según los amigos de Fernández, él le dijo a Guzmán: “Me estás pidiendo dos imposibles”. Es ahí cuando Guzmán se va.
Una nota al pie de página interesante desde el punto de vista informativo. Todo el mundo supone que la visión de la economía que tiene Cristina Kirchner es alimentada por Axel Kicillof. Es verdad. Él es central en la cabeza de la vicepresidenta, en su visión del problema económico, pero habría otra persona que también influye, con la que ella habla, con la que habría tenido dos reuniones en los últimos tiempos. No es Melconian. Es Miguel Pesce, que le trasmite su propia visión -que fue durante todo este tiempo muy divergente de la visión que tiene y que tenía Guzmán. Importante ese túnel entre Pesce y Cristina Kirchner.
Quiere decir que Batakis hereda el mismo problema tarifario por el cual Guzmán quería que se fueran los kirchneristas del área de energía. Ahora ella tiene que llevar adelante el programa de reducción de subsidios para el cual hay enviar un formulario si uno considera que es merecedor de esa subvención subsidio. Hay distintos niveles de ingresos y otros indicadores, propiedades etc., con los cuales a la gente se le va a quitar el subsidio, es decir va a recibir un aumento en el precio de la energía. Parte de ese aumento se va a realizar este año, parte el año que viene.
El primer problema de esta segmentación es político, no económico. Muchísima gente que va a recibir un aumento significativo en la boleta de los servicios públicos, sobre todo de la electricidad, no se considera rico. Estamos hablando de que si alguien tiene ingresos superiores a 349.000 pesos por mes está considerado como parte del primer 10% de población en cuanto a nivel de ingresos. Mucha de esa gente no se considera pudiente. Fernanda Vallejos habló de millonarios. No son necesariamente millonarios. Ahí va a haber un primer malestar en la clase media. Además, por eso es muy difícil segmentar, las bases de datos son muy imperfectas y por eso el Gobierno ahora pide tiempo. El secretario de Energía, Darío Martínez, comienza a procrastinar. También habrá reclamos judiciales y reclamos frente al mismo órgano administrativo. Esos reclamos van a tener que ser confrontados con la base de datos. Eso puede demorar mucho todo y puede judicializar también mucho todo.
Hay además un problema estructural que tiene que ver con la información que el Estado argentino tiene sobre la gente. En el año 2019, el gobierno de Macri le pidió al Banco Mundial que haga un estudio sobre la tarifa social que se le cobra a los más pobres. Llegó a la conclusión de que la aplicación de esa tarifa tiene un 60% de divergencia de lo que debería ser. Quiere decir que hay un 30% de gente que cobra la tarifa social y que no merecería cobrarla, porque puede pagar la energía, pero el Estado se la rebaja suponiendo que posee un nivel de ingresos inferior al que verdaderamente tiene. Hay un 30% de gente que tendría derecho a cobrar la tarifa social pero que no está incluida en ese beneficio. Para arriba y para abajo da error.
El otro problema es cultural o de costumbre. Alejandro Catterberg, con Poliarquía, en alianza con la Universidad Torcuato Di Tella, hizo el año pasado una encuesta sobre impuestos y le preguntó a la gente cuál era el impuesto que más le molestaba. La primera respuesta abierta era “la luz”. Es decir, muchísima gente cree que el precio de la energía eléctrica no es una tarifa, es un impuesto. Es decir, no es algo ligado a la contraprestación de un servicio que alguien consume y si consume más tiene que pagar más. Está como aceptado, como supuesto, que eso no hay que pagarlo.
Hay otro problema. Supongamos que sale todo perfecto, es decir que todas estas dificultades técnicas para la aplicación de la quita de subsidios no son dificultades y se resuelven correctamente. Imaginemos eso que es difícil de imaginar. ¿Cuánto son los subsidios? Dos billones de pesos. A uno se le llena la cabeza de ceros. Son dos millones de millones de pesos. Si todo esto sale como quiere Batakis, suponemos que también como quiere Fernández, como se acordó con el Fondo Monetario Internacional, ¿Cuánto ahorra el Estado? ¿Cuánto es esta quita de subsidios? Según lo que dijo el secretario de Energía, Martínez, 15.000 millones de pesos. Dos billones contra 15.000 millones. Quiere decir que estaríamos haciendo un recorte de 0,75% de los subsidios. El año que viene, como va a haber un mayor aumento en el precio de los servicios porque va a haber un mayor recorte de los subsidios, ese recorte va a llevar a que haya un ahorro de 80.000 millones de pesos. Año electoral. Ese, que sería el máximo recorte, es el 4% de toda la masa de subsidios que paga el Estado por los servicios públicos.
Un experto en energía de los más lúcidos que tiene el país, Daniel Gerold, sugirió que hay que hacer un programa con el Fondo para financiar en un plazo mucho más extendido la quita de subsidios y resolver este problema de otra manera. Porque si se quisiera realmente mover la aguja fiscal de los subsidios, habría que hacer un gran aumento que afectaría al 70% de la población. Y eso no hay quien pueda hacerlo. Eso sería un suicidio político para cualquiera que lo haga. Esto es muy importante porque no despeja cierta fantasía -lamento tener que desengañar a algunos que pueden estar adheridos a esa ilusión- de que viene un cambio de Gobierno y se resuelve el problema. No, la política económica argentina está frente a un gran desafío para cualquier esquema político que se tenga que hacer cargo de esta agenda.
Hay otro tema, que hay que explicarlo porque no está demasiado claro. ¿Cómo es el sistema de los subsidios? El Estado, a través de una empresa que se llama Cammesa, subsidia a los generadores de energía eléctrica, en general, pagándoles el combustible y abaratando el precio. Eso que explica la necesidad de importación y afectación de las reservas del Banco Central. En la boleta que paga cualquier persona hay dos rubros: uno es lo que uno paga por esa energía que se genera y otro es lo que uno paga por la distribución. Lo que se paga por distribución les llega a las distribuidoras. En el interior del país, muchas de ellas han podido subir los precios porque los gobernadores las autorizaron dado que el costo por la generación es muy barato. Entonces, ya que se paga muy poco por la generación, porque está subsidiada, se le puede dar soga a las empresas distribuidoras que pueden cobrar tarifas mucho más rentables. Aun así, muchas de ellas terminan sin pagar la electricidad que reciben a Cammesa, que es quien se las entrega.
Ahora se planea un problema para esas empresas y para los gobernadores asociados a ellas. Cuando el gobernador le quiera aumentar a esa empresa el derecho a cobrar más tarifa, se va a encontrar con un problema político porque hay menos margen para aumentar porque la gente va a estar pagando más por la generación. Se trata de un claro inconveniente para las distribuidoras que pretendan aumentar sus tarifas. Es un problema especial en el AMBA donde Edenor y Edesur son las que menos cobran, pero las que tienen el negocio más rentable -tienen millones de clientes concentrados en poco territorio-.
Todo esto es el mapa del problema de los subsidios, que es el problema central que tiene que resolver Batakis. Veremos si los técnicos que quería echar Guzmán colaboran en resolverlo o, inspirados por un concepto de que el aumento no debe suceder -que es el concepto central de Cristina Kirchner -, cambian de opinión: se ponen de brazos cruzados. Gran problema para Batakis.
Hay una relación entre este problema y la inflación. Primero, porque la suba de tarifas determina el aumento de precios. Es verdad que si se ordena el frente fiscal la inflación comenzará a ceder. Obviamente estos subsidios implican un déficit fiscal gigantesco que hay que se financia con emisión, que genera inflación. En el mediano plazo, la reducción de los subsidios debería ir despejando ese factor inflacionario. Pero en el cortísimo plazo, lo que va a haber es un aumento de precios, un aumento en la inflación, porque el aumento de la tarifa se traslada al precio de los productos.
Llegamos así al problema de la inflación. Hay que tener en cuenta algo que empezó a pasar hace muy poco y es muy curioso.
Según un trabajo hecho por la gente de Proficio, de Alejandro Henke y Silvia Triaca, sobre la evolución de UVA (Unidad Valor Adquisitivo), que es una unidad que va siguiendo la inflación, se detecta que a partir de mayo la inflación le está ganando al dólar oficial. El dólar se deprecia a una tasa menor que la inflación. Este es un tema central para los que miran la economía, sobre todo desde el sector agropecuario, que reciben como sueldo el tipo de cambio oficial. La inflación empieza a comerles a ellos lo que ya les está comiendo las retenciones. Ni que hablar si viene el revalúo. Van a tener que pagar más impuestos por las tierras. El sector agropecuario, que es el más dinámico de la Argentina, está sometido a una especie de triple torniquete: fiscal por los impuestos, por la inflación que deteriora cada vez más los ingresos en dólares oficiales y por el atraso cambiario en general. Para que se entienda: un productor hoy vende una tonelada de soja, cobra 581 dólares, pero lo que recibe son 167 dólares, los comidos por la inflación.
Esto es un gran dato, porque hay que apartar la vista de la Argentina y mirar lo que está pasando en el mundo. Hay una figura en el mercado financiero internacional, de primer nivel, que se llama Laurence Fink, también conocido como Larry Fink. Es un gran actor de la economía mundial porque es titular de BlackRock, que es el fondo financiero más importante del mundo, que maneja miles de millones de dólares. Él dijo algo muy importante para la escena global, determinante para la Argentina: “Los precios que están afectando a la economía global, que están distorsionando el juego y que nos llevan a un problema económico y geopolítico, no son los precios de la energía. La energía va a ceder. De hecho, el precio del petróleo cede. El gran problema es el precio de los alimentos. Ahí está verdaderamente afectada la economía internacional por el ataque de Rusia a Ucrania”. Lo que está diciendo Larry Fink es que vamos a una etapa de altos precios en lo que nosotros producimos. Pero este drama de la macroeconomía argentina -que es un drama viejo, agudizado ahora- hace que no podamos jugar en esa escena. Un productor argentino está muy en desventaja respecto de competidores australianos, neozelandeses, brasileños o de los Estados Unidos.
Habló otro actor principal de la escena financiera internacional, Jamie Dimon. Es nada menos que el chairman de JP Morgan, el banco más importante del mundo. Y dijo: “Hay que agarrarse porque con la suba de tasas muy probablemente Estados Unidos -y por consecuencia, el mundo- entre en una recesión”. Es decir, estamos entrando en una tormenta en un estado de gran debilidad por problemas endógenos.
En este contexto se produce un nuevo inconveniente. Si tenemos en consideración el dólar real, el que se ajusta por inflación, y su promedio en cada año en pesos, este dólar oficial de hoy -que promedia un valor anual de 112 pesos- sería un dólar similar casi al del peor momento de la convertibilidad. En el peor momento de la convertibilidad teníamos un dólar de 100 pesos, antes de que salte todo, antes de la gran devaluación de Duhalde. Vivimos ahora un enorme atraso cambiario junto con la presencia de un dólar blue que se dispara. ¿Cuándo se disparó el blue? Cuando apareció el pánico, la incertidumbre, el miedo. ¿Cómo lo frenan? Para que eso ocurriera, la tasa de interés tendría que ser exorbitante. Y tal vez no vencería al pánico.
Este es un problema enorme porque a la brecha entre inflación y dólar que recibe el campo, se le suma la brecha del dólar libre con el dólar del BCRA. Esto hace que los que tienen granos los retengan y los que tienen que importar cosas importan antes. Esto ya lo preveía Guzmán. En el año 2020, propuso realizar un desdoblamiento cambiario y que buena parte de las operaciones financieras vayan por un dólar libre, lo que implicaría demanda de dólares en un mercado libre, y también oferta de dólares, que resultaría en una disminución del precio de ese tipo de cambio. Sin embargo, se lo rechazaron. Si hay algo que teme este Gobierno y teme el kirchnerismo, por estructural mental, por concepción general de la vida, es que algo tan importante como el dólar sea determinado en su precio por la libertad de la gente. Es el miedo a la libertad. Todo lo demás, deriva de ahí.
Mientras tanto, en el orden internacional, pasan otras cosas. En el Fondo Monetario, reemplazaron a la segunda encargada del programa argentino, la segunda de la Oficina del Hemisferio Occidental -encargada de las Américas- Julie Kozak. La clave es ahora saber a quién van a poner. Gran signo de interrogación. Ella era la segunda de Ilan Goldfajn. Probablemente, el Fondo se endurezca con la Argentina ahora.
En este clima, el próximo martes, Alberto Fernández -probablemente para envidia y rechinar de dientes de Cristina Kirchner- entre al Salón Oval de la Casa Blanca y se encuentre con Joe Biden para pedirle ayuda en el Fondo. Y algo más, muy audaz: que los organismos de crédito oficiales en los Estados Unidos financien empresas argentinas y/o americanas para producir más en Vaca Muerta.
En ese punto Fernández se va a encontrar con una agenda geopolítica. Laura Richardson, la generala jefa del Comando Sur -es decir el sistema de defensa de los Estados Unidos enfocado en América Latina- dijo sin filtros que el triángulo del litio está en el norte de la Argentina. Es Chile, Bolivia y Argentina. Richardson, que estuvo reunida con la señora de Kirchner hace poco, advierte que ahí están yendo los chinos. Ahí hay un juego de los chinos, que juegan al ajedrez en la región. Y hay otro juego, más tenue, de los rusos que juegan a las damas y buscan socavar la democracia y a Estados Unidos. Habló sobre elecciones recientes que se hicieron en la región como Gustavo Petro en Colombia, de Lula en Brasil. ¿Cómo se va a definir Alberto Fernández frente a este problema? Es un gran misterio. Él va a pedir plata.
Pide plata en un contexto donde, la semana que viene, va a haber ejercicios militares conjuntos de Irán, Rusia y Venezuela en territorio venezolano. Hoy le mandó un mensaje la AMIA al Gobierno respecto de las relaciones con Venezuela e Irán, por este avión que llegó -aunque haya llegado sin armamentos raros y sin operaciones de inteligencia- sin que nadie supiera que estaba acá.
Dentro de este marco, aparece la presión sobre Batakis. Primero, de los gobernadores. Juan Manzur le organizó una reunión con jefes provinciales donde fueron muy pocos, se la vaciaron. Es un cañonazo contra Alberto Fernández porque Fernández tenía en los gobernadores una alianza contra Cristina Kirchner. Los que lo apoyaron para que haya acuerdo con el Fondo, los que quebraron el bloque de senadores que conduce Cristina Kirchner, fueron los mismos gobernadores que no asistieron a la reunión de Batakis. ¿Dónde está el mensaje irracional? ¿Dónde está esta pretensión del Gobierno de encontrar la cuadratura del círculo? En que convocan a apoyar la gestión de Batakis y al mismo tiempo ofrecen un programa de infraestructura. Batakis, explíquele a Manzur que ayudarla a usted a su gestión es bajar el gasto, no aumentarlo. ¿Cuál sería el apoyo que le da el jefe de Gabinete a la ministra que depende teóricamente de él si lo que proponen es un plan de infraestructura? ¿Con qué plata la van a hacer? ¿Le avisaron al Fondo? Los gobernadores no van justamente porque leyeron bien el informe del FMI, que dice que hay que controlar las partidas discrecionales que se giran a las provincias además de una reforma previsional. Piden un ajuste en serio.
Segundo apoyo de Alberto Fernández, después de los gobernadores: la CGT. Preocupada por el deterioro del salario, están preparando una manera de expresar su enojo. Dicen que es a favor del Presidente, pero es en contra del Gobierno. Lo que están midiendo los sindicalistas, astutos como siempre, es el nivel de agresividad del planteo. ¿Por qué? Porque ya hay un borrador de decreto que salió de la Superintendencia de Salud y está en el Ministerio de Economía por el cual el Gobierno le estaría por conceder a la CGT sacarse de encima las prestaciones de discapacitados. El afiliado a una obra social que sea discapacitado no va a tener derecho de atenderse con esa obra social. Se lo derivan al Estado. Y con eso las obras sociales se ahorrarían 60.000 millones de pesos al año. ¿Va a haber una rebaja entonces del aporte de los afiliados a la obra social porque va a haber menos prestaciones? No, sigue siendo igual de caro. Van a tener que seguir pagándole lo que se le paga a la obra social por las prestaciones que le brinda, pero ya no van a tener el compromiso de atender a los discapacitados, que se convierten en afiliados de segunda. Batakis entonces, a quien todos dicen apoyar, va a tener 60.000 millones más de gasto.
El otro sostén del Presidente son los movimientos sociales, que le piden un salario universal. Más gasto. Este es el apoyo a Batakis. El Gobierno dice: “¿Y Cristina por qué no la apoya?”. Sin embargo, es evidente que el boicot contra la nueva ministra de Economía sale desde la alianza albertista. Hay un conflicto con los movimientos sociales de tinte político que tiene que ver con candidaturas y con un ambiente que se va enrareciendo en el conurbano bonaerense. Y sobre todo en La Matanza, donde Emilio Pérsico lanza la candidatura de su mujer Patricia Cubría en contra del kirchnerismo que lidera aquel partido. La novedad frente a este cuadro es que el jefe de policía de La Matanza acaba de convocar a gente que estaba destinada a otras tareas, para patrullas. Y empieza a reforzarse el control social sobre ese distrito, donde nunca hubo conflictos. Ahora se empiezan a dar. Hay un choque entre los movimientos sociales radicalizados y la política. Vemos al Movimiento Evita por primera vez aliado al Polo Obrero, que es trotskista. El Polo Obrero o el Frente de Izquierda tiene en La Matanza dos concejales e hizo una gran elección. Quiere decir que se va configurando un cuadro complejo que va a implicar repartir más plata y un problema de seguridad. No se olviden de que estamos hablando de la policía del Gobierno bonaerense cuya segunda figura es Verónica Magario, de la Matanza.
En medio de este problema, no sabemos qué está mirando la oposición. Acaban de suscribir todos los presidentes de bloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados un proyecto disparatado de Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y exministro de Seguridad de Vidal. El proyecto crea una nueva fuerza de seguridad, armada, y le dan tareas de inteligencia. Prácticamente voltean el secreto de sumario de la Justicia para poder investigar todo lo que esté más o menos ligado a narcotráfico. El proyecto, firmado por todas las autoridades del bloque opositor, pone esa fuerza en manos del ministro de Seguridad que, según dice la ley, puede designar o remover a cualquiera de sus miembros. Es decir, es una fuerza regulada por la política. Esta ley que, además, en el artículo 16 invoca al ministro del Interior como encargado de la inteligencia criminal, olvidó que esa cartera no tiene más que ver con las fuerzas de seguridad. Es una manifestación extraordinaria de improvisación por parte de la oposición en un tema tan importante como el narcotráfico. Probablemente el proyecto de Ritondo es que si hay un gobierno de Juntos por el Cambio, él va a pretender controlar esta nueva fuerza. Pero lo interesante es que es una muestra de confianza inesperada en Aníbal Fernández. Porque si Aníbal se despierta, el Gobierno podría darle los votos a la oposición, armar esta fuerza controlada por él, que podrá designar o remover a cualquiera, inclusive sin mencionar que es por justa causa. Es un enorme poder concentrado en la mano de un político que no sabemos quién va a ser.
Cristina habló de la Corte. Tres cosas para decir de eso: primero, destruyó a la Corte de cuatro miembros y elogió a la de cinco miembros, afirmando que hay una decadencia entre una y otra. Habría que pedirle a Cristina Kirchner que vuelva a su cuenta de Twitter, la misma a través de la cual se expresó hoy, más o menos para el 20 de junio del año 2013, para ver las cosas que decía de aquella Corte prestigiosa que presidía Lorenzetti cuando le declararon la inconstitucionalidad de la famosa democratización de la justicia. No había mucha diferencia entre aquella Corte y esta de ahora para Cristina. Si uno se remonta en el pasado va a encontrar muchas declaraciones muy peyorativas de la vice, entonces presidenta, respecto de la Corte Suprema, donde el único que zafaba del maltrato era Raúl Zaffaroni.
Segundo dato: se queja de que la Corte rechazó un recurso extraordinario para que el Gobierno pudiera convalidar el decreto 690, que es el decreto por el cual Alberto Fernández convierte en tarifa el precio de todas las telecomunicaciones. Está bien: esta posición de Cristina es coherente con todo lo que ha predicado en este tiempo. La curiosidad está en que el subsecretario del área, que se llama Mateo Gómez Ortega, acaba de decir públicamente que es un disparate ese decreto. Gómez Ortega depende de Manzur, del segundo Jorge Neme, y le dice a ese sector afectado por ese decreto que hay que desjudicializar todo y volver para atrás porque hay costos en dólares y porque ya no funciona el sistema de comunicaciones con tarifas reguladas de esa manera. Y tiene razón.
Lo que habría que avisarle a Cristina Kirchner es que hay un cortocircuito, otra ilusión de conseguir la cuadratura del círculo. Ya tenemos la de los gobernadores que adhieren a Batakis como pueden, pero le sacan plata. La CGT, los movimientos sociales. Ahora la vicepresidenta que convalida un decreto criticado por el encargado de hacerlo cumplir.
La tercera curiosidad es que la señora de Kirchner pide un acuerdo con la oposición para hablar de Justicia en el mismo discurso donde prende fuego a Mauricio Macri, a los ministros de la Corte y a toda la oposición. No se entiende bien si ella quiere realmente un acuerdo o si es un juego retórico donde apenas pronuncia la palabra acuerdo la dinamita con una crítica a la oposición. Más allá de eso, daría la impresión de que lo está pidiendo en serio. Mientras, no hay nadie que esté negociando con la oposición. Nadie trabaja para que ella alcance sus objetivos. Con los pedidos de acuerdo pasa lo siguiente: nadie se anima a negociar uno. Es como si ella estuviera cansada de pedir dulce de leche. Pero, como le tienen miedo, nadie se anima a llevárselo por temor a equivocarse de marca.
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