1F. Una marcha que mancha
Como prefacio es menester traer a colación el artículo 1 de nuestra Carta Magna, el cual reza, … “La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal…”. Ahora bien, en lo que respecta al segundo de sus caracteres ( “republicana”) es preciso enfatizar que el mismo básicamente nos quiere decir entre otras cosas, que existe una división de poderes (Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Poder Judicial), la cual resulta ser tópico central esta jornada ya que un cumulo de personas que se jactan de “patriotas”, quieren llevarse puesta la cabeza máxima del Poder judicial, técnicamente denominada Corte Suprema de Justicia de la Nación, por meros intereses políticos contrapuestos, corrompiendo brutalmente con un armonioso estado de derecho.
Allá por el año 1748, un notable individuo llamado Montesquieu fue quien materializo la división de poderes antes aludida, que vale aclarar ya había sido ideada por John Locke según refiere la historia, con el propósito de lograr un equilibrio y una cooperación entre los distintos poderes generando un sistema de “contrapesos”, manteniendo cada uno su más preciado carácter, el ser “independiente”. Tal teoría fue recogida con beneplácito por un abanico de países donde se encuentra la Republica Argentina, la cual procuró en regar e impregnar la misma en su carta magna, y que en en estas horas puede ser tirada por la borda y pisoteada como consecuencia, de los embates de una “banda”, que poco conoce de tal humilde libro y que consiguientemente va por todo.
Si bien la marcha convocada para el 1 de febrero por el oficialismo nacional y allegados no es objeto de crítica, puesto que todo ciudadano está en su derecho de salir a manifestarse, ya que está legitimado Constitucionalmente, lo que si se cuestiona es el objeto perverso que posee la misma, el cual consiste en arremeter contra los jueces que componen el máximo tribunal de justicia, alegando como fundamento su mal desempeño solo por haber fallado conforme a derecho y no a pretensiones políticas impuestas por el poder de turno. Está claro que no les sirve una justicia independiente, sino dependiente, que falle conforme lo que exige el Ejecutivo para lograr el fin que constituye una de sus bases “impunidad”, ya que cuando son inocentes tenemos una justicia ágil y eficaz pero cuando son culpables se trata meramente de “lawafare”, un argumento trillado, puesto que cuando a la Corte le ha tocado pronunciarse, lo ha hecho con resoluciones fundadas en derecho, manteniendo presente la doctrina de raigambre sobre derecho penal de acto, no de autor, es decir juzgan por el hecho no por la persona.
Para culminar, lo descripto me permite refutar, a criterio subjetivo, un refrán popular expresado en la jerga jurídica que infiere “…Cuando la vida entró por la puerta, el derecho se tiró por la ventana…” Ello está ocurriendo hoy por hoy, solo que no es la vida la que en esta ocasión arribo por la puerta sino la casta K.
Abogado penalista
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