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Alcances del derecho de asilo
Por Héctor Masnatta Para La Nación
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Como enseña Jiménez de Asúa, en América Latina el asilo tiene gran importancia como asunto de derecho penal entre Estados; en Europa, el tema está embebido por los problemas que suscita la extradición, fundamentalmente en orden a la delincuencia política.
En cambio, en nuestras latitudes la frecuente práctica de conceder asilo -incluso en embajadas y legaciones, como en el caso del presidente Cámpora y otros políticos en la embajada de México- impone su reglamentación, como se ha hecho en los Tratados de Montevideo y, más recientemente, en la ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal.
La reciente decisión de la Cancillería, en el sentido de devolver a la embajada del Paraguay el pedido formal de extradición de Lino César Oviedo Silva, da actualidad a estas reflexiones.
Como es sabido, el general Oviedo se encuentra asilado desde el 29 de marzo próximo pasado en la Argentina. El gobierno paraguayo acusa a dicho militar de instigación en el homicidio del vicepresidente Luis Argaña, habiendo solicitado la Cancillería de ese país la extradición por nota del 4 de agosto próximo pasado. Ahora, nuestra cancillería, tras hacer mérito de la concesión del asilo político territorial por resolución conjunta de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, invoca los principios del derecho internacional general y del latinoamericano en particular, así como la legislación argentina. Destaca que las instituciones del refugio y del asilo concurren en un mismo objetivo: la protección jurídica del individuo. Este dato impone al Estado otorgante no devolver al beneficiado reclamado por el país con relación al cual se había concedido el asilo. Se meritúan, asimismo, la práctica en nuestro país y las normas legales ocurrentes, enfatizando en la ley 24767 y su solución al respecto.
Críticas de la oposición
Los medios han recogido las críticas formuladas por los expertos de la Alianza, doctores Alconada Sempé, Stubrin y Raimundi, sin dar otro fundamento que su disidencia. En cambio, el decano de la Facultad de Derecho, doctor Andrés D´Alessio, al ser consultado, opina que el pedido de extradición está regido por el Tratado de Montevideo de 1889, siendo impertinente la invocación de la ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal.
Cabe consignar que el citado jurista, según resulta de los fundamentos del proyecto de la citada ley, debido a los diputados radicales Antonio María Hernández y Elsa Kelly, fue uno de los expertos integrantes de la comisión que lo redactó. Se hace mérito de su desempeño como procurador general de la Nación, cargo que le permitió intervenir en "innumerables requerimientos de extradición" y tener a su cargo el manejo de los fiscales en la materia. Hacemos esta referencia por cuanto sostiene la prevalencia de las normas del Tratado de Montevideo, que funda en el artículo 2 de la citada ley, cuyo párrafo segundo establece que las normas de la misma "servirán para interpretar el texto de los tratados", agregando el tercer párrafo que "en todo lo que no disponga en especial el tratado" es de aplicación la ley de cooperación.
Por otra parte, curiosamente olvida que la reciente reforma constitucional, por el artículo 75, inciso 22, incorporó diversos tratados de derechos humanos con la misma jerarquía de la Constitución. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) prescribe, en el artículo 22, 7, que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales". A su turno, el ordinal 8 del mismo artículo reza: "En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas".
Jurisprudencia de la Corte
En un añejo caso ( Fallos 43, 321, "La Pilcomayo"), la Corte Suprema declaró que la inviolabilidad de la persona imputada de un delito político es una regla de justicia, de humanidad y de buena política, y que los principios universalmente consagrados en el derecho internacional establecen como regla la inviolabilidad de las personas comprometidas en delitos políticos o comunes conexos, una vez salidos de los límites jurisdiccionales del país contra el cual se han llevado a cabo, y colocan a sus autores bajo la garantía moral del Estado en cuyo territorio se encuentran.
Como es sabido, no es nítida la definición de los delitos políticos. Algunos autores apuntan al bien jurídico comprometido: la estabilidad del Estado. Otros ponen el acento en la intención del autor o su móvil, y no falta quien combina las dos doctrinas.
A su turno, la Corte Suprema ha atendido algunas veces al móvil político, como el recordado caso del buque chileno La Pilcomayo. Otras veces, se atendió a la finalidad y a la infracción del orden político ( Fallos 43, 328, "Villaruel"). Lo cierto es que en el área campea una consideración extensiva ( favorabilia sunt amplianda ), acordando el beneficio a los delitos cometidos con relación o en el curso de la ejecución de un delito político, de manera tal que pueda relacionárselos. Forman excepción los delitos de lesa humanidad (magnicidios, genocidios, robos en ocasión de atentados terroristas, etcétera). Nuestra Corte (Bohen, citado por Sagüés, Elementos , Nº 875) da curso a la extradición si se trata de hechos contrarios al sentimiento común de los pueblos civilizados, por su específica crueldad o inmoralidad.
La Convención de La Habana de 1998, en su artículo 2, en cuanto a la proclamación del asilo como derecho internacional, señala que será respetado en la medida en que, como un derecho o por humanitaria tolerancia, le admitieren el uso de las convenciones o las leyes del país de refugio. A esto no hace óbice el Tratado de Derecho Penal de Montevideo aprobado por ley 3192. En efecto, el artículo 16 establece que el asilo es inviolable para los perseguidos por delitos políticos, y el 23 especifica que "tampoco dan mérito a la extradición los delitos políticos y todos aquellos que atacan la seguridad interna o externa de un Estado ni los comunes que tengan conexión con ellos. La clasificación de estos delitos se hará por la Nación requerida con arreglo a la ley que sea más favorable al reclamado".
Las manifestaciones de eventuales represalias, la remisión a las relaciones bilaterales y dentro del Mercosur y otras expresiones similares -debiendo considerarse que casi simultáneamente, con la firma del presidente Sanguinetti, la República Oriental del Uruguay rechazó también el pedido de extradición de otro asilado por los sucesos referidos- resultan extrañas a una consideración jurídica, no sólo por las referencias que preceden sino en particular por lo que está expresamente contenido en el artículo 20 de la ley de cooperación: "Si la persona requerida poseyera condición de refugiado y el pedido de extradición proviniera del país que motivó el refugio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto procederá a devolver la requisitoria sin más trámite con explicación de los motivos que obstan a su diligenciamiento".
