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Apuestas online: una desacertada decisión
Pretender justificar una temible legalización en la necesidad de aumentar el fondo social bonaerense es subvertir peligrosamente las prioridades
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LA NACION
La necesidad de sumar recursos ante el ajuste fiscal dispuesto por el gobierno nacional llevó a la gobernadora María Eugenia Vidal y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a presentar sendos proyectos de legalización de los juegos online. Ambas legislaturas aprobaron las nuevas reglamentaciones para las modalidades online, electrónica e interactiva, por lo que en este nuevo año tanto los porteños como los bonaerenses podrán, por ejemplo, apostar a los resultados de los partidos de fútbol.
Se trata de una cuestión polémica que ha generado sorpresa y justificados rechazos. La gobernadora Vidal había iniciado 2018 declarando una guerra sin cuartel contra el juego, con promesas de reducirlo a su máxima expresión, actitud que contó con masivos apoyos. Hace casi un año Vidal manifestaba: "Creemos que el juego no es algo nuevo, muchos tienen algún familiar o amigo que padece ludopatía. Nosotros tenemos que estar del lado de los que sufren esta adicción y no de los que la promueven".
La nueva norma pasó casi inadvertida dentro de la aprobación del presupuesto y sin haber habilitado el sano debate parlamentario de una cuestión tan delicada. Terminó así el año concediéndoles a los empresarios del sector una nueva plataforma legal para un negocio millonario.
Además de trabajar para erradicar las páginas de juego ilegal, la lotería provincial llamará a licitación para otorgar siete licencias de explotación del juego online. En el caso de presentarse empresas extranjeras, deberán contar con una participación local de al menos un 15%. La carga impositiva para los licenciatarios será alta: 15% de Ingresos Brutos, 8% de un tributo específico para la actividad y un 2% de canon, lo que suma un total del 25% sobre la recaudación, que se destinará a fines sociales, salud, educación o vivienda.
Para justificar la controvertida decisión de legalizar el juego online se ha dicho que son aproximadamente 15 las empresas que ya operan en territorio bonaerense sin pagar tributo alguno y que hay más de 6000 puntos de carga de tarjetas prepagas para jugar electrónicamente. Sostienen que con este proceso de normalización y bancarización se accede a información sobre cómo juega cada persona, identificada con nombre y apellido, lo cual permitirá tomar medidas en casos de ludopatía, cruzar bases de datos y bloquear de antemano a quienes reciben beneficios sociales, entre otras cuestiones.
Ninguna de las razones esgrimidas por las autoridades bonaerenses logró acallar las fundadas críticas a la medida. Sus detractores argumentan que se trata de una privatización encubierta del juego y que la modalidad online no genera puestos de trabajo. Sin embargo, el cuestionamiento más duro provino de parte de la Iglesia Católica. Los reproches quedaron enfáticamente expuestos en un documento firmado por la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que coordina el padre José María Di Paola y que depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
Con el título "Cada casa puede ser un casino", la CEA cuestionó la promulgación de la ley fiscal e impositiva que legalizó el mercado virtual de apuestas. La principal preocupación de la Iglesia es el impacto de esta medida en los sectores más vulnerables, que puedan encontrar en las apuestas, a través del celular, una falsa y mágica solución a su situación económica y social. Repudió también que el Estado provincial anteponga un objetivo recaudatorio y el negocio de unos pocos sin medir los daños. Cuestiona que se ofrezca aumentar la "timba como posible solución a su vida" en lugar de promover posibilidades de capacitación para conseguir trabajo. Los obispos también rechazaron la justificación del oficialismo de que esta norma frena el negocio del juego clandestino.
La línea telefónica gratuita recibe un promedio de cien llamadas por mes de jugadores o familiares pidiendo ayuda. El programa provincial de prevención y asistencia al juego compulsivo reportó que, por detrás de las máquinas tragamonedas, el segundo juego predominante entre los ludópatas es la ruleta electrónica vía internet, le siguen el bingo y la ruleta común. Por su parte, el programa provincial Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo da cuenta de que el 38% de los bonaerenses que sufren ludopatía tienen entre 18 y 40 años.
En el ámbito internacional las apuestas online son también severamente cuestionadas. En España, por caso, las casas de apuestas están en el ojo del huracán. El auge de la industria del juego, motivado por sus agresivas campañas de marketing y reflejado en el creciente fenómeno de la ludopatía, ha llevado al sector a ganarse severas y fundadas críticas por parte de la opinión pública.
En España, el último informe trimestral revela que las apuestas online han crecido el 46,68% respecto del mismo trimestre de 2017. Alcanzaron así su máximo histórico. Durante el segundo trimestre de 2018 los españoles han gastado nada más y nada menos que 4166 millones de euros en juegos online: el doble que en 2014.
La utópica búsqueda de dinero fácil se torna para muchos una obsesión que enferma. Las nuevas tecnologías globalizan y viralizan, principalmente entre los más jóvenes, las múltiples alternativas de juego online de las que disponen. En un escenario económico complicado, con caída del empleo y pérdida del poder adquisitivo del salario, cuestionamos severamente el cambio de actitud del gobierno provincial, que pareciera haber priorizado solventar las cuentas públicas desentendiéndose de las funestas consecuencias que traerá abrir las compuertas del juego online. Pretender justificarse argumentando que así el fondo social bonaerense aumentará es subvertir peligrosamente las prioridades. El fin nunca justificará los medios.
LA NACION
