¿Autonomía universitaria?

Por José E. Burucúa e Hilda Sabato

En estos días se dio a conocer una declaración firmada por un denominado Bloque Peronista de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas argentinas, quienes encabezan un total de 36 universidades nacionales, tres provinciales y la de la Defensa Nacional. Luego de un párrafo inicial en que expresan al Presidente, la Vicepresidenta y el gabinete nacional su reconocimiento "por el exitoso resultado de las negociaciones de la deuda externa", el texto se extiende en una serie de consideraciones descalificadoras sobre el gobierno precedente y sus integrantes, para terminar con varios párrafos de elogios a la actual administración.

Esta manifestación de indudable carácter partidario constituye un grave atropello a los principios y las normas que rigen la universidad pública en la Argentina. Por caso, el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires -institución a la que hemos estado vinculados durante la mayor parte de nuestras vidas- en sus bases, punto IV, establece que "la Universidad es prescindente en materia ideológica, política y religiosa, asegura dentro de su recinto la más amplia libertad de investigación y de expresión, pero no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente".

Esta cláusula ha sido fundamental para garantizar la libertad de pensamiento, docencia e investigación en las universidades, para favorecer el pluralismo indispensable en toda empresa de conocimiento, y para evitar la persecución, la censura (y la autocensura) política e ideológica de los integrantes de sus distintos claustros. De esta manera, frente a tendencias y actitudes autoritarias destinadas a amordazar a quienes no acuerdan con el poder de turno -arrebatos políticos que no han faltado en la historia argentina-, el Estatuto es explícito y contundente. Por ello, alarma la identificación del Rector de la UBA con un partido y un gobierno, a través de una declaración que reviste carácter institucional. En efecto, no se trata de una expresión legítima de simpatías políticas individuales, sino de la adhesión a un "bloque" de índole netamente partidario -"peronista"- de quienes encabezan instituciones que, por norma, no admiten filiaciones políticas o ideológicas. Si bien los rectores llegan a sus cargos luego de un proceso electoral que puede ser competitivo, una vez que son designados representan al conjunto de la comunidad universitaria y en esa condición, en su actuación institucional están sujetos a la prescindencia que indica el Estatuto.

Alarma la identificación del Rector de la UBA con un partido y un gobierno, a través de una declaración que reviste carácter institucional

Esta crítica es extensible a buena parte de las instituciones de educación superior que han quedado involucradas en la declaración de sus mandatarios. Lejos de observar el principio que protege la libertad y el pluralismo en las universidades, los rectores firmantes se embanderan de modo entusiasta con un partido, difaman a sus opositores y no ahorran elogios al gobierno. Afortunadamente, no todas las existentes en el país aparecen sumadas al "bloque" y los rectores de varias de las casas de estudio más consolidadas y prestigiosas no han firmado esta manifestación de carácter partisano. La circunstancia de que muchos otros lo hayan hecho nos advierte acerca de la escasa independencia de nuestras instituciones, presumiblemente "autónomas", frente al poder político.

No habría que olvidar que, en la reforma de 1994, la autonomía universitaria ha quedado consagrada como principio constitucional, resguardado por la acción del Congreso. Dice el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional: "[Corresponde al Congreso] sancionar leyes de organización y de base de la educación que […] garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales." Dicha autonomía compromete tanto a quienes ejercen el poder político de la República, que no pueden violentarla o anularla, cuanto a las propias instituciones universitarias, cuyas autoridades deberían evitar cualquier encadenamiento de los asuntos de su competencia a los vaivenes de una política partidista, con actitudes o expresiones de adhesión a una parcialidad como las que despuntan desde su comienzo en la declaración del Bloque de cuarenta rectores y rectoras. No se trata de eclipsar sino, por el contrario, de reforzar el deber de las universidades de llevar a cabo un examen racional, abierto y plural de las cuestiones políticas que se encuentran en el corazón de la vida social del país. Corresponde a sus autoridades promover esa indagación en lugar de clausurarla adoptando públicamente posiciones partidarias que comprometen la autonomía de sus respectivas instituciones.

Burucúa y Sabato han sido alumnos, graduados y profesores de la Universidad de Buenos Aires