Reformas para el futuro de la Argentina, usurpación de tierras y fuera del mapa

La Morgan Stanley Capital International (MSCI) ha calificado a la Argentina con la nota más baja que existe en materia económica, colocándonos en el grupo de los once países más pobres del mundo. Ya no importa señalar responsables de esta situación. Fuimos todos. Por acción u omisión. Tengo 75 años, 60 de trabajo ininterrumpido (contador público y docente). Son logros modestos, pero suficientes como para indicar qué cambios se deben realizar para que nuestros hijos y nietos dejen de pensar en emigrar. El primero: la reforma integral del conjunto de leyes laborales, que están pensadas para fábricas que ya no existen, y que tan bien mostró Charles Chaplin en Tiempos modernos, filmada en 1936. Estamos en la era digital; la Revolución Industrial es la prehistoria. La segunda reforma es la impositiva. Estamos sometidos a un sistema opresor que solo logra exitosamente desarrollar la economía informal. Construido sobre la base de autoritarismo, arbitrariedades y prejuicios. Un solo ejemplo. En el monotributo se pasa de la legalidad a la ilegalidad por un peso, un metro o un kilovatio. La tercera, tal vez la más importante, es la reforma educativa. Seguimos aún con las estructuras y lineamientos que tan bellamente describiera Miguel Cané en Juvenilia, publicado en 1894.

Es hora de que diputados y senadores se pongan a pensar cómo hacer para revertir tamaña decadencia y dejen de aplaudir goles conquistados hace 35 años, revolear ponchos y cobijar con fueros a delincuentes que deberían estar presos.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

En distintos puntos del país se registra la ocupación de terrenos públicos y privados, incrementándose esa actividad de manera descontrolada. La ocupación comprende en algunos casos –Villa La Angostura, por ejemplo– la destrucción del bosque nativo y la invasión de espacios designados como parques nacionales. Quienes llevan a cabo esta actividad desconocen las normativas, llegando a la agresión de funcionarios municipales, personal policial, vecinos de las zonas afectadas y destruyendo las construcciones ubicadas en los predios invadidos. Se trata, en definitiva, de actos de usurpación, un delito tipificado en nuestro Código Penal, que establece prisión de seis meses a tres años para quien lo cometiere. Estamos ante una situación preocupante porque vulnera derechos y crea situaciones de indefensión en los ciudadanos. Pero lo realmente alarmante es la ausencia de un mensaje claro de parte de las autoridades nacionales o provinciales, quienes deberían condenar esas apropiaciones y disponer los procedimientos legales correspondientes, para lograr la expulsión de los usurpadores. Nada de ello sucede, los gobernantes guardan un silencio cómplice y, a juzgar por sus mensajes confusos, parecen alentar las usurpaciones. Es más, ante algunos episodios han impulsado deliberaciones entre vecinos y autoridades lugareñas, con la participación de los ocupantes ilegales en un pie de igualdad. Ridículo y peligroso. De más está decir que las deliberaciones no condujeron a nada, los predios siguieron ocupados y las rutas, cortadas. Las autoridades nacionales, por su inacción, tienen absoluta responsabilidad en la proliferación de los hechos señalados. Mantener las condiciones del Estado de Derecho, la defensa de las libertades individuales y resguardar los derechos de los ciudadanos es su obligación, pero parecería que miran para otro lado.

Evaristo Spallanzani

DNI 8.296.830

La Argentina ha caído de país emergente a país de frontera en pocos meses y ahora, a país standalone, lo que quiere decir que no estamos en el mapa inversor del mundo. Como argentino siento una terrible vergüenza. ¿Qué pensarán Sarmiento, Mitre, Roca y los anteriores próceres?

Reaccionemos, argentinos.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Si bien este caso es particular dentro de un conjunto de injusticias e irregularidades que el Poder Judicial comete con muchos integrantes de las FF.AA. y fuerzas de seguridad, quiero poner en conocimiento el caso de un excabo de la FAA Julio Narciso Flores, que en el momento de los hechos de los que se lo acusa, agosto de 1977, era cabo con una antigüedad de ocho meses, y con 19 años de edad recién cumplidos. Las acusaciones que obran contra él, según los jueces que han tratado el caso, se basan en supuestos, ya que, según dice en el expediente el excabo Flores habría sido, “supuestamente”, “jefe de guardia” de un centro clandestino de detención, extendiéndose estas suposiciones a que era, también supuestamente, “jefe de patrulla” dedicado al secuestro de personas. Para avalar estas acusaciones, en el expediente se considera al cabo Flores “experto en explosivos”, cosa que jamás fue. Esta última presunción se basa en que en el legajo de la FAA del cabo Flores hay un pedido de cobro de un “suplemento por manipulación de materiales peligrosos”. Dicha solicitud tiene que ver con el hecho de que el cabo Flores era mecánico y estaba destinado al hangar Guaraní, donde se realizaba mantenimiento y carga de los tanques de oxígeno para tripulaciones y pasajeros de todos los aviones, como también se efectuaba el mantenimiento de ruedas y tren de aterrizaje que se inflan con nitrógeno. Flores debía manejar esos materiales, peligrosos de por sí, en especial el oxígeno.

Cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de lo que es una cadena de mandos en una institución armada sabe que un cabo nada decide, nada dispone y, por supuesto, a nadie manda. Sus abogados defensores –que lo son de oficio ya que el excabo Flores se encuentra en una difícil situación económica– no han sabido o no han querido manejar diligentemente ni la defensa de Flores ni sus reiterados pedidos de habeas corpus y de prisión domiciliaria por sus problemas de salud. Así mismo, siendo estos abogados adherentes o simpatizantes de Justicia Legítima, nos mueve a asegurar que lo que se está haciendo con el excabo Flores nada tiene que ver con la justicia, sino con la venganza.

Mario Cabanillas

Presidente, Centro de Estudios Salta

centrodeestudiossalta@gmail.com

Los que tenemos fe en una trascendencia, y en la salvación, vivimos en la esperanza de alcanzarla, porque fuimos rescatados del pecado por un Dios hecho hombre, que delegó la tarea de perdonarnos en sus ministros, los sacerdotes. Ellos, mediante los sacramentos, nos abren las puertas de la vida eterna cuando nos alejamos del plan de salvación que Dios ha establecido. La Iglesia, pensando en todo esto y en la emergencia de los fieles que puedan ser llamados inesperadamente durante la noche, cuenta con un Servicio Sacerdotal de Urgencia, para confortar o ayudar a bien morir al pueblo de Dios. Esta pandemia que nos agobia y entristece es agravada por decisiones de las autoridades y de cierto personal que impiden en ocasiones la celebración eucarística y la administración de sacramentos. Porque durante todo este tiempo de reclusión la Iglesia siguió presente y activa, y el Servicio Sacerdotal en forma especial, mediante un sistema digital de comunicación y un grupo de esforzados sacerdotes que, solos y por sus propios medios, noche a noche recorren Buenos Aires y otras ciudades para atender los llamados de los enfermos. Pero últimamente ha surgido una nueva traba, que dificulta aún más la respuesta generosa del servicio: la negativa a la asistencia del enfermo, a pesar de su necesidad y el deseo de sus familiares, por parte de personal de vigilancia o sanitario, contrariando un derecho básico de las personas, su bienestar espiritual. Por supuesto que son exigibles los cuidados y la protección adecuados, pero no se puede impedir que un enfermo sea confortado en su enfermedad con la paz interior, de acuerdo con sus creencias. Los sacerdotes son personal esencial, y así se los debe reconocer. Ojalá que se tome conciencia de la importancia de esta labor, facilitando y no impidiendo la asistencia espiritual.

Enrique Méndez Elizalde

Secretario Servicio Sacerdotal de Urgencia

DNI 4.389.229

Recientemente se publicó un artículo de lo señores Schteingart y Kejsefman titulado “¿Alcanza con redistribuir?”. Comienza así: “En un país con un mínimo ingreso de $10 para no ser pobre, el señor A gana 5 y el señor B gana 5, hay igualdad y los dos son pobres. Ahora supongamos que en ese país luego A gana 12 y B, 24, hay un incremento de la desigualdad, pero ninguno es pobre. ¿Qué pasó? Ese país produce más”.

¡Apostemos al crecimiento!

Jorge Llorens

DNI 10.131.623

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