La imperiosa necesidad de derogar la ley de las PASO

Emilio Ibarlucía
Emilio Ibarlucía PARA LA NACION
Las primarias obligatorias han distorsionado el sistema de la elección presidencial transformándolo en uno de triple vuelta
Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat
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14 de agosto de 2019  

Finalmente se llevaron a cabo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que desde hace tiempo dirigentes de todos los partidos políticos critican duramente y consideran totalmente absurdas e innecesarias, aunque no se atreven a tomar el toro por las astas y propiciar su derogación o modificación.

Y estas primarias han sido especialmente absurdas. No solamente porque han implicado un costo astronómico al erario (más de $4500 millones de pesos), sino también porque no se ha dirimido ninguna interna y, por ende, no se eligió formalmente nada (los candidatos ya estaban elegidos). Se trató solo de una "gran encuesta nacional", pero con la nefasta consecuencia de que anticipó el resultado de las verdaderas elecciones y falta mucho tiempo para que se produzca el cambio de gobierno.

Es hora de que reflexionemos en serio y que ya comience a pensarse que el año que viene (año no electoral) debe modificarse la ley 26.571, que las instauró en 2009.

El problema de fondo es que se trata de una ley de muy dudosa constitucionalidad y por eso genera los problemas que hemos vivido y que soportaremos en estos meses.

En efecto, la Constitución de 1853/60 no contempló los partidos políticos porque se suponía que la política estaba reservada para las personalidades notables. Nacieron, en el sentido moderno, a fines del siglo XIX, y la reforma de 1994 consideró necesario darles jerarquía constitucional. "Son instituciones fundamentales del sistema democrático", dice el artículo 38, y agrega: "Su creación y funcionamiento son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democrático...".

Es obvio que cuando prescribe que son "libres" lo que quiere la Constitución es garantizar que puedan formarse y organizarse de acuerdo con sus principios ideológicos y plataformas políticas con la menor injerencia posible del Estado. Este solo debe garantizar que funcionen democráticamente, que las minorías estén representadas, que haya competencia para la postulación a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. De ningún modo ello autoriza al Estado a imponerles autoritariamente la forma de seleccionar sus candidatos a los cargos electivos.

Si un partido político o alianza de partidos desea que solamente participen en tal decisión los afiliados -que han demostrado comulgar con su plataforma ideológica-, debe estar en su derecho de hacerlo de esa manera. Y si desea que participe en tal decisión cualquier otra persona, también debe poder hacerlo, pero lo que no es posible es que el Estado se lo imponga.

Por la misma razón, ser "libres" implica que tengan plena autonomía para decidir cuándo harán la elección interna no solo para autoridades partidarias, sino también para postulantes a cargos electivos. En definitiva, el partido político debe tener plena libertad para decidir cuándo, cómo y con qué método seleccionará a los candidatos que mejor lo representarán y explicarán sus propuestas a la ciudadanía.

La imposición por ley de las elecciones internas para elegir candidatos en forma obligatoria y simultánea a todos los partidos o alianzas lejos de fortalecer a los partidos políticos ha contribuido a su destrucción. No existen bajo la inteligencia con que la Constitución los concibe. Solo existen hoy "referentes" y "espacios" (que no se sabe qué quiere decir). Hasta tal punto la ley distorsiona la voluntad de la Constitución que todos los partidos y dirigentes se rebelan contra ella y hacen todo lo posible para que no haya internas en la forma que se pretende.

En segundo lugar, las PASO han desnaturalizado totalmente el sistema de elección presidencial instaurado con la reforma de 1994. Como es sabido, se superó el sistema de elección indirecta (colegio electoral mediante) de la Constitución histórica para adoptar la elección directa (con el país como distrito único) con doble vuelta inspirado en el sistema francés del ballottage, aunque con peculiaridades argentinas. La finalidad de este sistema es que en la primera vuelta los electores elijan al candidato afín a sus preferencias ideológicas o políticas aunque no tenga posibilidad alguna de ganar y que en la segunda vuelta elijan al que consideren más cercano a ellas entre los dos contrincantes que queden, de forma tal que el presidente electo asuma con una mayor legitimidad de origen.

Las PASO distorsionan tal finalidad. Transforman la elección presidencial en un sistema de triple vuelta. Es que se convierten, en la práctica, en una primera vuelta. El día de su realización se habla de quién ganó (o sea, quién sacó más votos en la comparación entre precandidatos de distintas fuerzas y no entre contrincantes de una interna), lo que condiciona la elección "en serio" que vendrá después e influye en ella. En esta (teóricamente primera vuelta) muchos ya no votarán según sus afinidades políticas, sino al que tenga más posibilidades de ganarle a aquel que más rechazo les provoca.

La obligatoriedad del voto y la simultaneidad de las primarias son una originalidad del sistema argentino con una nota adicional: postulados los precandidatos no puede haber modificaciones, de forma tal que los participantes de la interna no pueden hacer acuerdos para compartir la fórmula presidencial, ni siquiera con precandidatos de otros partidos. No es así en Estados Unidos (donde no son simultáneas) ni en Uruguay, países en los que, además, el voto en las primarias no es obligatorio. En nuestro país, el sistema es rígido y disfuncional, dado que obliga a decidir con cuatro meses de anticipación fórmulas rígidas, inmutables.

Es una exigencia constitucional que las leyes deben cumplir con el principio de razonabilidad. Todas las leyes persiguen fines, y para ello implementan medios o mecanismos que deben ser idóneos para alcanzarlos. Supuestamente, la ley 26.571 procura la democratización de la representación política (así se llama), y es evidente que lejos está de lograrlo. Los candidatos se siguen eligiendo a dedo o mediante conciliábulos nada transparentes y los partidos políticos son meros sellos, más débiles que nunca.

A ello se suman los grandes inconvenientes que provocan: adelantan la disputa electoral, dejando solo un año intermedio para que se pueda gobernar con cierta tranquilidad y pueden anticipar -como ahora ha ocurrido- el resultado de las verdaderas elecciones en forma irreversible. Ya no se trata de que no habrá ballottage; la "primera vuelta sin necesidad de ballottage" ya se hizo; ¿cómo podrá gobernar el presidente en funciones estos cuatro meses que faltan? Ni siquiera podría anticipar -como lo hizo Alfonsín en 1989- la entrega del poder porque, en rigor, no hubo elecciones.

Profesor de Derecho Constitucional UBA

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