Cómo abordar las demandas de justicia
"La política existe cuando el orden natural de la dominación es interrumpido por la institución de una parte de los que no tienen parte" afirma el filósofo Jacques Rancière en su libro El desacuerdo. El pensador francés aborda la democracia asumiendo que el ser humano no es una materia en bruto con la que el poder puede hacer lo que se le ocurre. Pone de esta manera énfasis en la esperanzadora mirada de la emancipación de la persona, quien deja de ser ese uno parte de un todo que cualquiera puede manipular. Es ahí donde el desacuerdo -inherente a la política- se configura como el camino hacia la Justicia siempre que la democracia sea la inclusión de todas las partes.
Entre sus objetivos constitucionales, el Estado debe garantizar una Justicia que, creíble y confiable, sea capaz de resolver los conflictos emergentes de la convivencia ciudadana. Ese puente institucional generador de confianza se amalgama en las medidas de proximidad, cercanía y acceso sobre la base de la igualdad de oportunidades para cada habitante.
Sin embargo, resulta indudable que la percepción sobre inseguridad jurídica se construye con las experiencias propias frente a hechos concretos, y mediante el desempeño de las instituciones que existen para prestar servicios de justicia a la ciudadanía. La construcción simbólica de ese desengaño es producto de una acumulación histórica de generaciones que han percibido el funcionamiento del Poder Judicial lento, lejano y falto de respuestas. Es innegable que en el país existe todavía una amplia brecha en el acceso a la Justicia pero al mismo tiempo -y en carriles paralelos- persiste un vasto desconocimiento sobre los mecanismos existentes de resolución de conflictos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también.
Pero hay gente de bien que con capacidad y denuedo trabaja diariamente para que la Fiscalía General acerque los instrumentos jurídicos disponibles a las vecinas y vecinos de la Ciudad. Con ese equipo funcionando integralmente iniciaremos un proceso transformador en el que revitalizaremos el rol institucional de la Fiscalía General para dar respuestas a las demandas de los tiempos actuales.
En este transitar, será esencial la transferencia integral de las competencias y estructuras judiciales a la jurisdicción porteña, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Constitución Nacional y en la disposición transitoria décimo tercera de la Constitución de la Ciudad. En el mismo sentido, tendremos que reforzar la unidad de actuación y la organización jerárquica del Ministerio Público Fiscal. Reafirmando la independencia de criterio de cada fiscal de primera instancia, diseñaremos una política criminal uniforme, que permita coordinar el trabajo de las magistradas y magistrados, y unificar las estrategias procesales. El fortalecimiento organizacional permitirá mejorar el desempeño de las y los fiscales en tres materias que serán determinantes para la política criminal de los próximos años: violencia de género, narcocriminalidad, derecho contravencional y de faltas.
En relación con el flagelo de la violencia de género, el mandato central será garantizar la protección de la víctima desde su primer contacto con el sistema de justicia; con dicho propósito, las y los fiscales deberán requerir la inmediata adopción de las medidas cautelares previstas en el artículo 26 de la ley 26.485, según lo establece el artículo 174 bis del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires.
Para combatir la narcocriminalidad tendremos que incrementar los recursos humanos y materiales disponibles a fin de que el Ministerio Público Fiscal pueda realizar investigaciones complejas, que vayan más allá de las detenciones en flagrancia y que identifiquen puntos de venta de drogas en los distintos barrios de CABA. Asimismo, coordinaremos el trabajo con la Procuración General de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, de forma tal que la investigación de los últimos eslabones de las cadenas de comercialización contribuya luego al desmantelamiento de grandes organizaciones criminales. Paralelamente, buscaremos propiciar el uso de medidas alternativas al proceso que posibiliten el acceso de los consumidores a tratamientos médicos como así también programas de justicia terapéutica, entre otras medidas.
Si el trabajo de los próximos años logra que una ciudadana o ciudadano inicie acciones en la Justicia para dar respuesta a una situación lesiva de un derecho porque volvió a creer en el sistema, habremos aportado al principio constitucional de igualdad en una genuina democracia de inclusión.
El autor es subsecretario del Ministerio de Justicia y futuro Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires
