Cristina, la Corte y el capitalismo de amigos

Resulta lógico que el Consejo asesor para la reforma judicial se apresure a iniciar su tarea antes del 18 de agosto, la fecha prevista originalmente. Lo curioso de esa urgencia es que no guarde relación con las modificaciones al fuero federal, el Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. La agenda que los expertos deben debatir. Se trata, en realidad, de adecuarse a la exigencia anunciada por Cristina Fernández de Kirchner.

La vicepresidenta quiere que el Senado la trate en tres semanas. Lo que pone en otra dimensión la premura de ese cuerpo. Para el universo judicial, esa voluntad confirma una especulación. Ya están escritas las modificaciones al funcionamiento de la Justicia que desea introducir el oficialismo. Quizás sea una conclusión arriesgada por el cálculo que toma de base. No bastan 90 días para elaborar los cambios a proponer.

Es lo que lleva a interpretar la aparente falta de sincronización como una velada desautorización política al rol asignado por el Presidente a esos especialistas. La hipótesis tiene sustento en cierta reminiscencia con Vicentín. Un caso en el que Cristina no se habría involucrado por cuestiones ideológicas. Si no para no perder el control del proceso electoral y evitar que esa operación derive en variables ajenas a sus intereses.

La semana pasada Fernández derogó la intervención a Vicentín

La misma razón por la que Anabel Fernández Sagasti presentó su proyecto de expropiación con el anuncio de la intervención de la empresa e intentó después permanecer al margen del tema. La semana pasada Fernández derogó la intervención a Vicentín. Es el motivo por el que Carlos Beraldi aparece en esas elucubraciones.

El abogado defensor de Cristina podría tener un papel similar al de la senadora de Mendoza. Un poderoso inhibidor a los acuerdos con la oposición que persigue Fernández para llevar adelante la reforma. Tal vez el modo de sugerir que no podría haber ninguno sin el consentimiento de Cristina.

Esa conjetura alimentó los rumores del 27 de julio cuyo origen se adjudica al Palacio de Tribunales: la supuesta consulta realizada por representantes del Frente de Todos a dirigentes de la oposición sobre aspectos de la reforma. Esencialmente uno. La modificación del número de miembros de la Corte.

A primera hora del 28, Elisa Carrió insistió con el zoom que Juntos por el Cambio concretó horas más tarde para rechazar la ampliación del máximo tribunal. Una intención que desde el 29 intentan desmentir Fernández y la ministro de Justicia, Marcela Losardo. La crisis en la alianza oficialista ayuda a disimular la de la coalición opositora.

Allegados a Mauricio Macri advierten del supuesto "parricidio" que se precipitaría a cometer Horacio Rodríguez Larreta. Al expresidente lo irrita que el jefe del gobierno porteño niegue el aparente vínculo afectivo que los une. "No soy amigo de Alberto ni de Macri" aseguró el 20 de julio.

Seguramente se trata de un hecho fortuito. Pero lo dijo diez días después de que Macri y Bruno Screnci mantuviesen una conversación apasionada sobre las candidaturas a diputados nacionales por la Ciudad. La reunión habría tenido lugar en la quinta "Los abrojos" de Malvinas Argentinas. El ministro de Gobierno porteño es el principal operador político de Rodríguez Larreta.

Carrió apela a su profunda religiosidad para asimilar la tensión en la mesa chica del PRO. Está persuadida del supuesto "mensaje divino" que Vidal recibió cuando contrajo el Covid 19. Los cuidados que sigue después de la enfermedad mantienen a la ex gobernadora alejada de esos litigios. En el enfoque espiritual de la líder de la Coalición Cívica, esa "bendición" la protege.

Vidal tiene una imagen positiva del 55 por ciento en el sondeo nacional que la consultora Acierto de Maxi Aguiar realizó la última semana de julio con 2500 casos en 13 provincias. Rodríguez Larreta aparece como el dirigente mejor posicionado (67 %), seguido por Fernández (56,7%). Mucho más lejos aparecen Macri (39,4%), Axel Kicillof (39,3%) y Cristina (35,5%). Vidal insiste en preservar la unidad de Juntos por el Cambio por encima de cualquier diferencia.

Una idea que podría reagrupar personalidades tan disímiles como las de Carlos Rosenkratz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Los cuatro miembros de la Corte que declinaron la invitación a participar del lanzamiento de la reforma judicial, diferenciándose de Elena Highton de Nolasco.

¿Representará la jueza a la nueva mayoría de cinco miembros en una Corte ampliada a nueve? Para eso el oficialismo necesita reunir mayoría simple en las dos cámaras del Congreso. Pero precisaría dos tercios para designar nuevos magistrados. Es decir, alcanzar un acuerdo con la oposición. No parece fácil.

Al oficialismo le costó reunir 130 legisladores en Diputados para votar en particular el artículo que permite a las empresas sin continuidad acogerse a la nueva moratoria. La cláusula que facilita a Oil pagar en 10 años la deuda de 8 mil millones de pesos con la AFIP por la retención indebida del Impuesto a los Combustibles (ITC).

Oca podría acceder a ese beneficio. Además del pasivo de 7 mil millones de pesos con la AFIP, su caso tiene otras complejidades. Será subastada entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre. Urban Clear participará de esa compulsa. La firma de recolección de residuos pertenece a Emiliano y Nazareno López. Los hijos de Cristóbal, propietario de Oil.

También ofertará Gonzalo Campici, titular de Escudos Seguros que le debe 200 millones de pesos a la AFIP. Campici utiliza un curioso silogismo para explicar su vínculo con los Moyano. Asegura no tener relación con el clan familiar pero sí con el sindicato de Camioneros.

La de Francisco Javier Fernández de Bobadilla Lázaro es una competencia inesperada. Según el Boletín Oficial Español (BOE), el abogado es dueño de 12 compañías de su país en los rubros más diversos. Una es Ackermann & Schwartz. E bufete con el que se presenta en Linkedin Matías Casal.

Ex empleado de Nación Fideicomisos, fue testigo contra Leonardo Fariña en la causa por evasión que le siguió la AFIP Y por la que se lo condenó a cuatro años de prisión. Aseguró en la Justicia que el vínculo de Fariña con Lázaro Báez se inició con el intento de comprar Telecom. Casal se asiló en España el año pasado.

El mercado postal asocia la propuesta del español a Patricio Farcuh, sospechado de haber sido en Oca el testaferro de los Moyano. Una superchería más. Aunque alegórica al auge recobrado por el capitalismo de amigos. Un ímpetu que comenzaría a repercutir en la Justicia.

Tabacalera Sarandí recusó a Rosenkratz en la causa por competencia desleal que le iniciaron Massalin y British American Tobacco. Sus competidoras pagan el impuesto a los cigarrillos que elude Tabacalera Sarandí mediante amparos. Por eso vende sus productos a mitad de precio que las otras. El perjuicio es para la AFIP. Se pierde de recaudar 40 mil millones de pesos al año.

Aunque la defienden Elías Jassan y Maximiliano Rusconi, la estrategia judicial de Sarandí es atribuida a Miguel Nathan Litch. El secretario letrado de la Corte designado vocal del Tribunal Fiscal. El ámbito donde se apelan las decisiones por evasión tributaria de la AFIP. Litch mantiene una intensa relación tuitera con Aníbal Fernández.

Lo que tal vez alimente infundadas fantasías maliciosas. Como el supuesto vínculo del titular de Yacimientos Carboníferos Fiscales con Jaime Stiusso en la sociedad anónima Grupo Madero Sur, controlante de Tabacalera Sarandí