Cristina Kirchner: el peligro latente de inventar una proscripción

“Fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo”, dijo ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en una entrevista radial al relatar el mensaje que había dejado a su círculo íntimo la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, luego de ser condenada por la justicia por “fraude a la administración pública”.

No sorprende que la supuesta “proscripción” sea la idea central que la líder del peronismo quiera imponer en la agenda pública luego de que la justicia la condenara: la victimización forma parte de su esencia política. Cristina miente, como mintió reiteradas veces, o hace una lectura parcial y sesgada de distintas situaciones de acuerdo con su conveniencia. Hay algo que debe quedar en claro: en esta democracia moderna la justicia no “proscribe”, la justicia “condena” si encuentra responsabilidad delictiva en los hechos investigados. Cristina tuvo la posibilidad de defenderse, quizás, hasta de mejor manera que cualquier otro ciudadano de a pie acusado de cometer un delito, siempre habló desde su despacho de vicepresidenta, con la bandera argentina detrás suyo, injuriando y señalando a los funcionarios judiciales que la enjuiciaban, nunca habló de su inocencia, jamás explicó las relaciones comerciales del empresario Lázaro Báez con su familia, siempre habló de “lawfare”, de persecución, del partido judicial y de los grupos de poder.

Cuando el tribunal leyó la sentencia, Cristina era la presidenta en ejercicio, ya que el presidente Fernández se encontraba en Uruguay. Es que ella es el poder en la Argentina, lleva casi dos décadas siéndolo, desde ese lugar manejó ese poder institucional con arbitrariedad, nunca aceptó que podía siquiera ser acusada y juzgada, porque ella entiende que ganar elecciones le otorga un mandato divino que la pone fuera del alcance de todos los terrenales. El señalado “partido judicial” no lo fue tanto cuando el juez Norberto Oyarbide actuó en una causa que acusaba al matrimonio Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, debido a que su patrimonio se había incrementado un 572% desde su arribo a la Casa Rosada. A fines de diciembre de 2009, Oyarbide los sobreseyó en un fallo express. Años después, en su declaración en la causa “Cuadernos de la corrupción”, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, confesó que Oyarbide le dijo como tenía que redactar el peritaje para que el magistrado pudiera sobreseerlos. No solo eso, el juez, ya retirado, llegó a decir que lo “habían agarrado del cogote” para que tomara esa decisión. Tampoco el juez Julián Ercolini, apuntado en estas horas por la vicepresidenta, era tan amigo del Grupo Clarín cuando en 2005 sobreseyó al entonces presidente Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, de hecho, meses atrás también la sobreseyó en un tramo de la causa “Cuadernos”.

Para Cristina la justicia la persigue cuando encuentra elementos para investigarla y, a partir de ayer, se anima a condenarla. Nunca señaló arbitrariedad en los fallos que la favorecieron, a pesar del crecimiento de su fortuna y que el accionar de varios de sus funcionarios y hasta de sus secretarios privados que siempre estuvieron sospechados por manejo desmedido de fondos, como Daniel Muñoz, que compró 16 propiedades en EE.UU. por un valor total de 70 millones de dólares, inexplicable para alguien que vivía de su sueldo de funcionario público. Con la condena a Cristina Kirchner ya son 14 los kirchneristas condenados por hechos de corrupción sucedidos estas dos décadas: su vicepresidente, Amado Boudou, su ministro, Julio de Vido, el afamado hombre de los bolsos en el convento, José López, a los que se suman Felisa Miceli, Milagro Sala, Ricardo Echegaray, José López, Sergio Urribarri, Ricardo Jaime, Romina Picolotti, Juan Pablo Schiavi, Juan Carlos Villafañe, Nelson Periotti, hasta el mismo Lázaro Báez. Muchos otros y algunos de los nombrados siguen procesados en otras causas. Es que la corrupción fue una marca, una costumbre que nos impusieron como parte de la política durante estos años.

Cristina quiere igualar su situación a la proscripción del peronismo sucedida en 1955, luego del golpe de estado de la llamada Revolución Libertadora. En aquellos tiempos, precisamente el 5 de marzo de 1956, el general Pedro Eugenio Aramburu, secuestrado y asesinado por Montoneros en 1970, sancionó el Decreto 4161/56, proscribiendo al peronismo, abarcando tanto la ilegalización del partido, como la prohibición de sus ideas y símbolos, e incluso la mención de los nombres de Perón y Evita. Allí comenzaron 18 años de proscripción y una tragedia argentina que se extendió hasta fines de 1983. La cancelación del peronismo laceró la vida política argentina hasta hacerla inestable en todo sentido, el mismo asesinato de Aramburu es una síntesis de esa violencia política que tuvo raíz en esa prohibición. Claro que el no peronismo también tenía mucho para decir. Perón en 1948 proscribió al Partido Laborista y encarceló a su líder, Cipriano Reyes, pieza fundamental para su arribo al poder años antes siendo organizador del 17 de octubre de 1945. Reyes estuvo preso hasta 1955, antes de ser encarcelado fue víctima de atentados que casi le cuestan la vida. Muchos dirigentes gremiales de izquierda sufrieron persecución y proscripción en esos años donde el peronismo encolumnaba a la fuerza al movimiento obrero. También vivieron esa proscripción diputados opositores: de los 44 diputados radicales asumidos en 1946, bajarían progresivamente a 30 en 1950, 14 en 1952 y solo 12 en 1955, por desafueros, exilios o encarcelamiento como el sufrido por Ricardo Balbín en 1950.

Era otra época, otros estándares democráticos, los golpes militares eran posibles ya que no existía un convencimiento absoluto de nuestra democracia y nuestro sistema republicano como tenemos hoy. Las proscripciones eran permitidas de algún modo y los gobiernos de turno, dictaduras y constitucionales, abusaron de ellas.

La realidad de hoy es incomparable, Cristina ha sido condenada por un delito y parte de esa pena incluye su inhabilitación para ejercer cargos públicos, nada que no esté contemplado en la ley. Pero fue ella quien anunció públicamente que se bajaba de cualquier candidatura algo que aún tiene permitido. Tiene por delante varias instancias de apelación y mientras dure todo ese proceso podrá ser candidata o funcionaria porque la asiste el derecho. No fue y no será proscripta por el poder político de turno que, dicho sea de paso, hoy ostenta junto a Alberto Fernández y a todo el peronismo encolumnado detrás de un proyecto político personal. A esta altura, es demasiado irresponsable si la idea es activar la militancia y movilizar a sus seguidores contra una proscripción que solo existe en su imaginación. Una fantasía demasiado peligrosa. La historia nos enseñó que la violencia política siempre encuentra intérpretes que esperan el armado de un escenario necesario para comenzar a actuar.